María Magdalena Michel Suberville

Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
277/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • María Magdalena Michel Suberville

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por cuerda separada el incidente de suspensión, destrúyase en el plazo de tres años toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción III, de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Finalmente, no se hace ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por José Antonio Ocampo Ocampo, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de documentos; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que aún no queda firme la sentencia dictada; no obstante, dígasele que al momento de que quede firme, este juzgado de oficio ordenará la devolución de documentos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General del Registro Civil en la ciudad de México, con el cual remite el Acta de Defunción a nombre de MARÍA MAGDALENA MICHEL Y SUBERVILLE. Sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento, en razón de que el doce de julio de dos mil veintitrés se sobreseyó el presente juicio de garantías. Se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo solicitado en autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 277/2023, promovido por María Magdalena Michel Suberville por conducto de quien dijo ser su apoderado legal, contra actos del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, María Magdalena Michel Suberville, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSRegistro Agrario Nacional con residencia en esta ciudad.LA OMISION DE EXPEDIR EL TITULO DE PROPIEDAD A FAVOR DE MI REPRESENTADA MARÍA MAGDALENA MICHEL Y SUBERVILLE DENTRO DEL TÉRMINO DE SESENTA DÍAS 52 PARTE IN FINE DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, EN ATENCIÓN AL DOMINIO PLENO ADOPTADO Y REALIZADO MEDIANTE SOLICITUD NÚMERO 17190009868, DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, RESPECTO DE LA PARCELA 396, DEL EJIDO SANTA ROSA 30, MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN, MORELOS. SEGUNDO. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 277/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, conforme al precepto legal invocado, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de expedir el título de propiedad a favor de María Magdalena Michel y Suberville, realizada mediante solicitud número 17190009868, de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, respecto de la parcela 396, del ejido de Santa Rosa 30, Municipio de Tlaltizapán, Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, confesión que es suficiente para tener por acreditada la existencia del mismo, según la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Certeza que se corrobora con la copia certificada que adjuntó a su informe relativo al trámite 17190009868, remitidas en el que obra la resolución reclamada y demás constancias que tomó en consideración para la emisión de los actos atribuidos, la cuales por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, se procede a examinar de manera oficiosa si en la especie opera alguna causal de improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto, al constituir una cuestión de orden público, y por tanto, de análisis previo y preferente lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así, este juzgador analizará si en el caso, se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley de amparo, ya sea de las hechas valer por alguna de las partes o de manera oficiosa. En virtud de lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, constitucional, 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentra demostrada la representación legal del promovente José Antonio Ocampo Ocampo. En efecto, los preceptos legales invocados en último término establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [...]. De lo anterior se obtiene que una persona puede promover amparo por medio de su representante legal o apoderado; caso contrario, por regla general, cuando el juicio de amparo no sea promovido por el representante legal o apoderado de la persona quejosa, el juicio es improcedente. Sobre dicha representación, el artículo 10 de la ley de la materia establece que tal personería se acreditará en los términos de la propia ley; en los casos no previstos en ésta, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y cuando ésta no la prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. De igual forma, el artículo 11 de la propia Ley de Amparo, dispone que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Así, la personalidad constituye un presupuesto procesal que por regla general debe cumplirse en el juicio de amparo desde la presentación de la demanda, en términos del artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, el cual no fue satisfecho por quien promovió el juicio de garantías en favor de la quejosa. Para sustentar este aserto, debe precisarse que el juicio de amparo fue promovido por José Antonio Ocampo Ocampo, quien se ostentó como apoderado legal de María Magdalena Michel Suberville, quien acreditó dicha personalidad con copia certificada del instrumento notarial 26,446 pasado ante la fe del aspirante a Notario Público, actuando en sustitución del Notario Público Número Uno y del Patrimonio del Inmueble Federal de la Cuarta Demarcación Notarial en el Estado de Morelos. Posteriormente, la autoridad responsable al remitir su informe justificado señaló que la quejosa María Magdalena Michel Suberville, había fallecido y que incluso existía un testamento registrado en dicha dependencia, y para corroborar tal hecho, envió a este juzgado copia simple del acta de defunción 19400, registrada por el Juez Decimoctavo del Registro Civil en la Ciudad de México, de la que se advertía que la justiciable murió el seis de noviembre de dos mil veinte. No obstante, a juicio de quien resuelve dicha documental no era suficiente para demostrar tal situación, por lo que, para tener certeza de la muerte de la quejosa, se requirió copia certificada a la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, que si bien, no se ha recibido en este juicio, como se señaló en la audiencia constitucional en el juicio 278/2023 del índice de este juzgado federal, ya obra en dicho amparo, que como hecho notorio se obtuvo del expediente electrónico, para tomarse en cuenta en este juicio constitucional, y, por ser de carácter público, obtuvo en sede constitucional valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, del cúmulo probatorio queda demostrado que la quejosa falleció el seis de noviembre de dos mil veinte, y por tanto José Antonio Ocampo Ocampo, a la fecha de la presentación de la demanda, éste ya no contaba con la representación legal de la quejosa otorgada bajo el poder notarial que exhibió, para instar el juicio de garantías, pues tal mandato se extinguió con la muerte de la otorgante aquí quejosa, lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior es acorde, con lo establecido en el artículo 2040, fracción III, del Código Civil para el Estado de Morelos, que establece como una de las formas de terminación del mandato, es, la relativa a la muerte del mandante o el mandatario, lo que acontece en esta instancia. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, lo estipulado en el numeral 2048, de dicho ordenamiento, que señala las características del mandado posterior a la muerte del mandante, pues el acto reclamado consistente en una omisión administrativa y no de un procedimiento judicial, máxime que la autoridad responsable informó la existencia de un testamento, es decir, la de cujus dejó sucesor o sucesores que de acuerdo al orden de prelación será quien ahora reclame la expedición del título parcelario ante la responsable. Por lo anterior, el que resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, constitucional, 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se encontró demostrada la representación legal del promovente José Antonio Ocampo Ocampo, pues se incumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo y, en ese sentido, con fundamento en los artículos 107, fracción I, constitucional; 6, 61, fracción XXIII y 63, fracción V, todos de la ley de la materia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto y fundado; se; RESUELVE ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.

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