María Magdalena Matunaga López

Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
453/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • María Magdalena Matunaga López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2° de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyo´ en el presente juicio, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] ÚNICO: La suspensión del tratamiento correspondiente para garantizar la vida e integridad de la suscrita ***, por parte de las autoridades señaladas en el apartado anterior, para atender al suscrito por médicos especializados, recetar y surtir medicamento, realizar los análisis y chequeos médicos correspondientes a efecto en violación de los derechos de protección a la salud a que se refiere el Artículo 4 Constitucional, del cual se advierte el derecho fundamental a la protección de la salud y su pleno ejercicio: derechos que me fueron negados tal y como se narran en los hechos y lo señalo en el capítulo de agravios del presente juicio de garantías. [.]" Que del escrito inicial de demanda se desprende que en los antecedentes del acto reclamado señala lo siguiente: "[.] 4.- En el año de 1994, fui diagnosticada con ARTRITIS REUMATOIDE, es el caso que a la suscrita a pesar de haber sido recetada con el medicamento ABACETEP de nombre comercial ORENCIA mismo que fue autorizado el día dos de abril del año en curso la farmacia del Hospital Tijuana (ISSSTECALI) ubicado en el Fraccionamiento el Mirador de esta ciudad, me informan que no se tiene en existencia para surtirme la receta elaborada por mi Médico Especialista Reumatóloga adscrita al citado nosocomio Dra. Kitzia Anay Alvarado Sánchez. 5.- Que al haberme negado los servicios médicos por parte del Hospital Mirador Clínica Tijuana del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) a la suscrita, me encuentro con una enfermedad que necesita la atención médica, estudios de laboratorio y medicamento constante, y viola en su perjuicio el derecho consagrado en el Artículo 4 Constitucional, de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. [.]" Posteriormente, mediante oficio de siete de diciembre de dos mil veintiuno, la referida autoridad hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que "[.] De igual manera se hace de su conocimiento que, este instituto está realizando las gestiones necesarias para cumplir la suspensión de plano en el ámbito de sus competencias. Por otra parte, se hace del conocimiento de este H. Juzgado que, la disponibilidad de medicamentos no depende únicamente de esta autoridad responsable, ni de este instituto, sino depende también de disposición en el mercado del medicamento, farmacéuticas y laboratorios; siendo estas últimas ajenas a las posibilidades de este instituto solucionarlas. Por tal razón la autoridad señalada como responsable ha hecho del conocimiento de la parte quejosa, que si bien la disposición del medicamento en el mercado, no es un hecho imputable a este instituto, estamos en la mejor disposición de brindar más opciones y soluciones en caso de no contar con los medicamentos, la parte quejosa pueden intentar adquirir los medicamentos y los costos serán rembolsados por este instituto [.]". Asimismo, remitió copias relativas a recetas médicas donde se advierte "surtido 23/06/2021", "surtido 29/07/2021", "surtido 25/08/2021", "surtido 21/09/2021" y "surtido 19/10/2021", relativo al medicamento Abatacept. Constancias con las cuales en diez de diciembre de dos mil veintiuno se corrió traslado a la parte quejosa. Posteriormente, en proveído de catorce de enero del año en curso, se tuvo a la responsable informando el procedimiento a seguir en caso de que la aquí quejosa tenga que adquirir el medicamento fuera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con motivo del desabastecimiento del mismo en el citado instituto, a efecto de que los costos del referido medicamento le sean reembolsados, informando que en el caso médico de la quejosa no cuenta con diversas opciones y soluciones que puedan ser aplicadas, que sustituyan el medicamento abatacept; constancias con las que se dio vista a la quejosa el veintiuno de enero de dos mil veintidós. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, esencialmente consistente en: -La omisión de brindar la atención y tratamiento médico requerido por la quejosa con motivo de padecimiento que aduce. Acto que ha cesado sus efectos, toda vez que en ocho de julio de la presente anualidad, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo promovida por la impetrante en veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable brindó la atención médica a la quejosa, como se desprende de la nota de atención médica relativa a la paciente ***. De igual forma mediante oficio recibido en siete de diciembre de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia de surtido de receta médica de fechas veintitrés de junio, veintinueve de julio, veinticinco de agosto, veintiuno de septiembre diecinueve de octubre todos del dos mil veintiuno, donde se advierte se surtió el medicamente abatacept a la aquí quejosa, e informo que si bien la falta de medicamento no depende del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Municipios del Estado de Baja California, sino de la disposición del mismo en el mercado, farmacéuticas y laboratorios, dicha institución se encuentran en la disposición de brindar opciones en caso de que en ocasiones posteriores no cuente con dicho medicamento. Igualmente, la responsable informando el procedimiento a seguir en caso de que la aquí quejosa tenga que adquirir el medicamento fuera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con motivo del desabastecimiento del mismo en el citado instituto, a efecto de que los costos del referido medicamento le sean reembolsados, informando que en el caso médico de la quejosa no cuenta con diversas opciones y soluciones que puedan ser aplicadas, que sustituyan el medicamento abatacept; constancias con las que se dio vista a la quejosa el veintiuno de enero de dos mil veintidós. Por lo tanto resulta inconcuso que, el acto reclamado por la quejosa consistente la omisión de brindar la atención y tratamiento médico requerido con motivo de padecimiento que aduce, ha cesado sus efectos, toda vez que: -En ocho de julio de dos mil veintiuno se brindó la atención médica requerida a la parte quejosa, fijando fecha para continuidad del tratamiento indicando la continuación de la toma del medicamento abatacept así como cita en laboratorio en dos meses. - En veintitrés de junio, veintinueve de julio, veinticinco de agosto, veintiuno de septiembre diecinueve de octubre todos del dos mil veintiuno, cuatro de enero de dos mil veintidós, se surtió el medicamente abatacept a la aquí quejosa, y se hizo de su conocimiento de que la responsable se encuentra en la disposición de brindar opciones en caso de que en posteriores ocasiones no cuente con dicho medicamento; y -Este órgano jurisdiccional en diez de diciembre de dos mil veintiuno y veintiuno de enero de dos mil veintidós, se corrió traslado a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable. En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la quejosa, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio y anexos de cuenta que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual, da cumplimiento a lo solicitado en proveído de cuatro de enero pasado y al efecto remite en alcance a su informe justificado copia certificada de las constancias correspondientes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con su contenido; asimismo, córrase traslado con las referidas documentales, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Asimismo, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de la materia, se tienen por anunciadas, las pruebas documentales que se anexan, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y corrase traslado con oficio y anexos registrados con folio 474.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se desprende que de las constancias remitidas por la delegada de la autoridad responsable Director del Hospital Tijuana "El Mirador" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en esta ciudad, recibidas en este órgano jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veintiuno, se desprende que la autoridad manifiesta: "[.] De igual manera se hace de su conocimiento que, este instituto está realizando las gestiones necesarias para cumplir la suspensión de plano en el ámbito de sus competencias. Por otra parte, se hace del conocimiento de este H. Juzgado que, la disponibilidad de medicamentos no depende únicamente de esta autoridad responsable, ni de este instituto, sino depende también de disposición en el mercado del medicamento, farmacéuticas y laboratorios; siendo estas últimas ajenas a las posibilidades de este instituto solucionarlas. Por tal razón la autoridad señalada como responsable ha hecho del conocimiento de la parte quejosa, que si bien la disposición del medicamento en el mercado, no es un hecho imputable a este instituto, estamos en la mejor disposición de brindar más opciones y soluciones en caso de no contar con los medicamentos, la parte quejosa pueden intentar adquirir los medicamentos y los costos serán rembolsados por este instituto [.]". (sic) Sin embargo, fue omisa en precisar el procedimiento a seguir por la aquí quejosa en caso de que deba adquirir el medicamento abatacept fuera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con motivo del desabastecimiento del mismo en el citado instituto, a efecto de que los costos del referido medicamento le sean reembolsados y no quede desprotegida respecto a su abastecimiento en tiempo en lo subsecuente. En ese tenor, y a fin de salvaguardar los intereses de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para que en un plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el procedimiento a seguir en caso de que la aquí quejosa tenga que adquirir el medicamento fuera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con motivo del desabastecimiento del mismo en el citado instituto, a efecto de que los costos del referido medicamento le sean reembolsados, o bien informe si cuenta con diversas opciones y soluciones en caso de no contar con el medicamento abatacept, para que la quejosa no quede desprotegida respecto a su abastecimiento en tiempo en lo subsecuente; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós para la celebración. Notifíquese.

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