María Magdalena Martínez González

Expediente 752/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
752/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • María Magdalena Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en la Fracción I, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, en autos obran constancias originales del índice de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, las cuales fueron remitidas por dicha autoridad en vía de informe justificado. Por lo anterior, al resultar innecesaria la permanencia de tales documentales en el presente sumario, remítanse las mismas a la Junta citada en el párrafo que antecede. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 752/2023-III, promovido por *******. Resultando. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de agosto de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado ese mismo día, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la emisión del proyecto de laudo y LAUDO DEFINITIVO, que ponga fin al conflicto laboral promovido por la suscrita, en el juicio laboral, presentado con fecha 08 de enero del 2021, ante la oficialía de partes de la autoridad responsable, y que fuera radicada bajo el índice de la Junta Especial Numero 55, con el número de expediente *******, en él se demandó el pago de la devolución de las aportaciones del sistema de ahorro para el retiro, más los intereses que se generen por las aportaciones hechas en la cuenta individual (SAR), en la administradora *******, y diversas prestaciones; procedimiento laboral en el que con fecha 16 de agosto 2021, se declaró el cierre de instrucción, turnándose los autos para la emisión del proyecto de Laudo y Laudo que pusiera fin al juicio sin que hasta la fecha, la autoridad responsable se haya pronunciado al respecto, vulnerando con ello, lo establecido por los artículos 885, 886, 887, 888, 889, y 890, de la Ley Federal del Trabajo, y la garantía individual consagrada en el artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mi perjuicio." Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: I. De la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: El retardo en la impartición de justicia en el juicio de origen, al omitir el dictado del laudo definitivo, que ponga fin al conflicto laboral promovido en ese juicio. Tercero. Existencia de actos omisivos reclamados. Son ciertos los actos omisivos reclamados por la quejosa, toda vez que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, así lo corroboró. Ello es así, pues de las constancias con que acompañó su informe, se desprende, que en fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Junta responsable declaró cerrada la instrucción en aquel juicio y turnó los autos al auxiliar de esa junta a efecto de que emitiera el proyecto de laudo respectivo. Así, se ordenó la notificación de esa resolución por medio de boletín oficial de aquel tribunal laboral. Las constancias remitidas por la autoridad responsable, adjuntas a su informe con justificación, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues consisten en los originales del expediente de origen. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, quien resuelve, por lo que hace a la retardo en la impartición de justicia en el juicio de origen, al omitir la emisión del laudo definitivo en ese juicio, estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último, aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Sobre el tema que se analiza, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, de la ley de la materia, que son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Con esa aclaración, el Alto Tribunal determinó que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Acorde con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, del rubro PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando un particular se duele de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra, sino que se da justamente dentro del mismo mediante la falta de prosecución del trámite. Ello, pues dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así, que la citada Segunda Sala, determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el citado órgano determinó que -de manera general- la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza será notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal resultaría procedente, por excepción. Sentado lo anterior, es pertinente citar la jurisprudencia bajo registro 2025625, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 63/2022 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales. Del criterio de referencia se colige, que para establecer dilaciones presuntamente excesivas por parte de la Junta responsable, al menos deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, numeral que a la letra reza: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente." Asimismo, para que las dilaciones se cataloguen como excesivas, como ya se refirió, deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales, contados -a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos-. Esto es, en el caso, según se advierte de las constancias del expediente laboral de origen, dicho periodo de cuarenta y cinco días naturales inició su cómputo una vez que el expediente fue turnado al auxiliar de la junta a efecto de emitir el proyecto de laudo. De manera que, el periodo de cuarenta y cinco días naturales a que refiere la tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por el Más Alto Tribunal, para estimar la existencia de dilación en el caso sujeto a estudio, no había expirado a la fecha de presentación de la demanda, puesto que, en el sumario de origen, se turnaron los autos al auxiliar de la junta en la fecha del acuerdo en el que se ordenó tal efecto, esto es, el veintidós de junio del año en curso, por lo que resulta indudable que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es el tres de agosto de dos mil veintitrés, no habían transcurrido los plazos mencionados, puesto que, entre la fecha en que se cerró instrucción y se ordenó el turno al auxiliar de la junta para la emisión del proyecto de laudo, y de la interposición de la demanda, no había transcurrido el plazo para la realización del acto procesal reclamado, que en el caso en estudio, consiste en la emisión del laudo definitivo. Por consiguiente, la causa de sobreseimiento analizada impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo respecto al tópico, dado que el sentido del fallo no sólo obliga a ello, sino que veda la posibilidad para realizarlo, habida cuenta que de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Por tanto, a criterio de quien resuelve, el presente juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que, por las particularidades del caso, no existe una afectación material a derechos sustantivos. Es así, porque para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto, contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Sustenta lo antepuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, de mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, materias constitucional y común, página 1086, del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En efecto, el acto reclamado no está en los supuestos de excepción a que se ha hecho referencia, pues de las constancias remitidas por la Junta responsable no se advierte que exista una abierta dilación ni una paralización total del procedimiento, porque no transcurrió el término de los cuarenta y cinco días a que alude el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual no existe una abierta dilación al procedimiento laboral o paralización total del mismo. Bajo ese contexto, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo; además, es inconcuso que el acto reclamado no produce una afectación de imposible reparación, pues únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; sin que por ello, sea contrario al principio de progresividad, dado que la afectación impugnable a través del juicio de amparo indirecto, se reitera, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, pues existe la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos". Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, cuyo rubro y texto, son los siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. En las relacionadas condiciones, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; consecuentemente, con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ******* y su respectivo anexo, enviados por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atento a su contenido; se le tiene dando cumplimiento al requerimiento de dieciséis de los actuales y al efecto remite el expediente original del juicio laboral ******* de su índice, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, de conformidad con el numeral 75 de la Ley de Amparo, gírese oficio a la autoridad responsables antes citada, a efecto de que dentro del plazo de tres días, remita en copia certificada de las constancias que dan sustento al acto que reclama el quejoso *******; consistentes en el expediente bajo número *******, de su índice, apercibida que, para el caso de que incumpla con lo que se le solicita, dentro del plazo que para ello se le concede, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374 (diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 pesos moneda nacional), de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Materia. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegada Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegada a la persona que indica en su informe. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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