Maria Magdalena Martinez Falcon
Expediente 656/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jose Adrian Rodriguez Estrada
- Maria Magdalena Martinez Falcon
- Tesorero de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad oficiante, por medio del cual acusa de recibo del oficio 12147/2015 por medio del cual se le remitieron los documentos descritos en la constancia secretarial, asimismo informa a este órgano jurisdiccional que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. se ordena el archivo del presente expedientillo y se declara que es susceptible de ser destruido.
- Principal
Se notifica por medio de lista al quejoso José Adrian Rodríguez el autoa de siete deagosto de dos mil quince que dice: "ESTE JUZGADO SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, REMÍTASE LA MISMA A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA."
- Principal
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Vista la demanda de garantías presentada por José Adrián Rodríguez Estrada y María Magdalena Martínez Falcón, contra actos del TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SUBDIRECTOR DE CATASTRO Y PADRON TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, JEFE DE GOBIERNO, TODAS AUTORIDADES DEL DISTRITO FEDERAL Y DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO; por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 656/2015. Ahora bien, después de realizar un examen minucioso de la demanda de garantías de que se trata, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional es LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer de la misma, por las razones jurídicas que a continuación se expresan: De la demanda de amparo formulada por el quejoso se advierte que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SUBDIRECTOR DE CATASTRO Y PADRON TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, JEFE DE GOBIERNO, TODAS AUTORIDADES DEL DISTRITO FEDERAL Y DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO, que esencialmente hace consistir en el incremento del impuesto predial a razón de un 300% (trescientos por ciento) sobrevaluando la propiedad de los quejosos. En la especie, se actualiza la hipótesis legal de competencia prevista en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán: [.] IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente." Del precepto trascrito se advierte claramente que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de actos emitidos por una autoridad administrativa. En la especie, el acto que se reclama en la presente demanda de garantías se atribuye al TESORERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SUBDIRECTOR DE CATASTRO Y PADRON TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, JEFE DE GOBIERNO, TODAS AUTORIDADES DEL DISTRITO FEDERAL Y DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL EN GUSTAVO A. MADERO, las cuales son autoridades administrativas, sin que el acto reclamado se encuentre en ninguno de los casos previstos por el artículo 54 de la última ley indicada para darle competencia a un Juez de Distrito en Materia Civil, por lo que resulta racionalmente claro que la competencia le corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa en esta entidad federativa, y no al suscrito. A mayor abundamiento, el artículo 54, fracción I, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [.]" De la disposición legal transcrita se advierte que los Jueces de Distrito de amparo en Materia Civil conocerán de los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil. Al respecto, resulta necesario precisar cuándo se está en presencia de una "resolución del orden civil". Para determinar cuándo se trata de una "resolución del orden civil" se debe atender a su sentido formal y material. En el primer sentido, se refiere a la autoridad que la emite, que necesariamente tendrá que ser una autoridad jurisdiccional en materia civil, quien es la competente para dictar una "resolución del orden civil". En el sentido material, se debe atender a la acción que se ejercita, pues esta última no solo determina la naturaleza de la resolución, sino también cuáles son sus documentos base, el procedimiento que se ejercita y los elementos de la acción determinan las pruebas que deben ofrecerse. Por tanto, una resolución del orden civil es aquella que resuelve una controversia sobre una acción civil, la cual puede ser mercantil, familiar, de arrendamiento inmobiliario o civil en sentido estricto. A tales cuestiones objetivas debe atenderse para determinar si se trata de una "resolución del orden civil", en atención a que una acción puede basarse en una diversidad de documentos fundatorios de distinta naturaleza, y son diversas las pruebas que se pueden ofrecer en el proceso; de ahí que, como el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en el incremento del impuesto predial a razón de un 300% (trescientos por ciento) sobrevaluando la propiedad de los quejosos, ello hace evidente que el citado acto no será ejecutado ante una autoridad jurisdiccional en materia civil, sino que su ejecución se atribuye a diversas autoridades administrativas. Todo lo cual hace concluir que compete a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa para conocer del juicio de amparo que se promueve. En las relatadas circunstancias, si la competencia para conocer de una demanda por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, es indudable que como se ha destacado, el acto que se reclama por esta vía de amparo, resulta evidente que tiene una naturaleza administrativa, toda vez que se promueve el amparo contra autoridades de carácter eminentemente administrativo. En mérito de lo expuesto con antelación, se estima que este Juzgado no es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la demanda de amparo se plantea contra un acto cuya ejecución se atribuye a diversas autoridades administrativas; y no se promueve contra resoluciones del orden civil, por lo tanto no se trata de asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil. En atención a las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado estima carecer de competencia para conocer de la presente demanda de amparo, y ordena remitir de plano la demanda de amparo y sus anexos respectivos, a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, para que por su conducto, sea remitida a su vez la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en turno, a quien se le solicita el acuse de recibo correspondiente y tenga a bien informar si acepta o no el conocimiento de asunto para que en su caso, se proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Con copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y con el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Tomando en consideración que en el Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a la parte promovente que la resolución que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que le asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de este juzgado, para que notifique el presente proveído. Notifíquese y personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Decimotercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, ante la licenciada Georgina Vega de Jesús, Secretaria que autoriza. Doy fe. jvs Revisó y cotejó todos y cada uno de los datos en el presente proveído, Licenciada Georgina Vega de Jesús. Conste
- Principal
ESTE JUZGADO SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, REMÍTASE LA MISMA A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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