María Magdalena Hernández Chulin

Expediente 736/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 61 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
736/2020
Año
2020
Actuaciones
61
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • María Magdalena Hernández Chulin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 61.

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Finalmente, se advierte que la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, remitió un tomo de pruebas, y dado que dicho tomo ya no resulta necesario para este asunto, por lo que se ordena devolver el tomo de pruebas a la citada autoridad responsable.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de amparo, se notifica por lista a la parte tercera interesada, el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de amparo en que se actúa, que dice: "Causa estado resolución interlocutoria de nulidad de notificaciones. Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución de diez de marzo de dos mil veintidós, relativa al incidente de nulidad de notificaciones que planteó la parte quejosa; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, visto el estado de autos se desprende que por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido en la misma fecha por razón de turno a este juzgado de distrito, la sucesión testamentaria de Felipe Hernández Collí, por conducto de su albacea María Magdalena Hernández Chulin, quien a su vez compareció a través de Antonia García Pérez, quien se ostentó su apoderada, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1] Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo y 2] Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Civil, Mercantil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: - - - De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora reclamo lo siguiente: La falta de emplazamiento y consecuentemente todas y cada una de las actuaciones realizadas dentro del juicio ordinario civil número 361/2014 a cargo de la citada responsable, así como las resoluciones dictadas con motivo del juicio civil que se llevó a cabo sin la presencia de mi representada, y el cumplimiento de estas por las que mi representada fue privada del derecho a una legítima defensa, asociado de la garantía de audiencia que al día de hoy le han ocasionado un perjuicio, puesto que la omisión de las formalidades esenciales del juicio. - - - De la Autoridad señalada como Autoridad Ejecutoras reclamo lo siguiente: La falta de notificación y llamamiento a juicio de mi representado, así como también se le reclama haber ejecutado las resoluciones y acuerdos dictados dentro del juicio ordinario civil que se identifica con el número 361/2014 a cargo de la responsable ordenadora, sin haberse cerciorado se diera cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, habiendo trastocado las garantías del quejoso." Luego, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días otorgado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, para que exhibiera ante este juzgado federal, documento apto e idóneo en original o fotocopia certificada con el que Antonia García Pérez justificara la calidad con la que se ostentó como representante de la sucesión a bienes de Felipe Hernández Collí. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en comento y con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: - - - I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.)." "Artículo 6º.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los numerales 5º y 6º transcritos se desprende que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de derechos fundamentales debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad, o por la ley, al interés jurídico o legitimo del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I artículo 107 de la Constitución Federal, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que esta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Por su parte, el artículo 6°, párrafo primero, de la legislación en consulta, previene que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De la interpretación conjunta de estos preceptos, se concluye que la demanda de amparo debe ser formulada por el propio quejoso o bien, por quien acredite ser su representante legal o su apoderado. Por su parte, la legitimación procesal es uno de los requisitos que dota de validez a un juicio, y en tratándose de juicios donde se dilucidan derechos de personas morales, la legitimación procesal la tienen sus representantes o apoderados, de ahí que por regla general es a través de ellos que la persona jurídico colectiva puede acudir al juicio constitucional. En el caso a estudio, de autos se desprende lo siguiente: Por resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se declaró fundado el incidente de falta de personalidad planteado por el tercero interesado, en términos del considerando primero de dicha interlocutoria. Luego, por auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, causó estado la resolución en comento y se requirió a la parte quejosa, para que, dentro del término de cinco días hábiles, exhibiera ante este juzgado federal, documento apto e idóneo en original o fotocopia certificada con el que Antonia García Pérez justifique la calidad con la que se ostenta como representante de la sucesión a bienes de Felipe Hernández Collí; proveído que fue notificado personalmente a la parte amparista, por conducto de su autorizada, el tres de noviembre de ese mismo año. Mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a tramite el incidente de nulidad de notificaciones planteado por Juan Manuel Quiroz Sánchez, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra la notificación de la resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. En resolucion de diez de marzo de dos mil veintidós, se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte quejosa, contra la notificación de la resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. En esta propia data causó estado la resolucion interlocutoria de diez de marzo de dos mil veintidós y se certificó que transcurrió el término de cinco días, con el que contaba la parte quejosa para cumplir con el requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, sin que lo hubiera hecho, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y se procedió al análisis la causa de improcedencia en estudio. De lo expuesto se desprende que la parte promovente no cumplió en tiempo y forma con el requierimiento efectuado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que dentro del término de cinco días hábiles, exhibiera ante este juzgado federal, documento apto e idóneo en original o fotocopia certificada con el que Antonia García Pérez justifique la calidad con la que se ostenta como representante de la sucesión a bienes de Felipe Hernández Collí. En consecuencia, si la demanda de amparo no fue promovida por la persona que represente a la sucesión a bienes de Felipe Hernández Collí, que es a quien afectan los actos aquí reclamados, esto es por su albacea debidamente representado en este juicio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados. Resulta aplicable, al no contrariar a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas condiciones, se dejan sin efectos las nueve horas con cuarenta minutos del uno de abril de dos mil veintidós, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y se ordena hacer las anotaciones correspondientes."

  3. Principal

    Notificación personal a la parte quejosa y tercera interesada, así como vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito del auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Incidente de nulidad. En Cancún, Quintana Roo, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia prevista en el incidente de nulidad de notificaciones del juicio de amparo indirecto 736/2020-IV, estando en audiencia pública Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien actúa con el secretario Osvaldo Hernández Romero que da fe, la declara abierta sin la comparecencia de las partes ni su representante legal. Abierta la audiencia, el secretario hace relación de las constancias de autos, dando lectura a todas las que obran en el expediente, y certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo. A lo que se acuerda: téngase por practicada la relación secretarial que antecede para que surta los efectos legales procedentes. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista consistentes en i) la instrumental de actuaciones y ii) presuncional, legal y humana; así como que las demás partes no ofrecieron algún medio de prueba; a lo que el Juez provee: con apoyo en los artículos 67 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas de relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Por lo tanto, se declara cerrado el periodo probatorio con apoyo en el artículo 67, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Abierto el período de alegatos el secretario hace constar que únicamente la parte tercero interesada los formuló, a lo que el Juez acuerda: téngase por formulados los alegatos hechos valer por la parte tercero interesada y se cierra el período correspondiente. En consecuencia, al encontrarse integrado el expediente en que se actúa para resolver el incidente de nulidad de notificaciones, se dicta la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del incidente de nulidad de notificaciones del juicio de amparo indirecto 736/2020-IV, interpuesto por el autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, de la parte quejosa sucesión testamentaria de Felipe Hernández Collí, por conducto de su albacea María Magdalena Hernández Chulin, quien a su vez compareció a través de su apoderada Antonia García Pérez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido en la misma fecha por razón de turno a este juzgado de distrito, la sucesión testamentaria de Felipe Hernández Collí, por conducto de su albacea María Magdalena Hernández Chulin, quien a su vez compareció a través de su apoderada Antonia García Pérez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1] Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo y 2] Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Civil, Mercantil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: - - - De la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora reclamo lo siguiente: La falta de emplazamiento y consecuentemente todas y cada una de las actuaciones realizadas dentro del juicio ordinario civil número 361/2014 a cargo de la citada responsable, así como las resoluciones dictadas con motivo del juicio civil que se llevó a cabo sin la presencia de mi representada, y el cumplimiento de estas por las que mi representada fue privada del derecho a una legítima defensa, asociado de la garantía de audiencia que al día de hoy le han ocasionado un perjuicio, puesto que la omisión de las formalidades esenciales del juicio. - - - De la Autoridad señalada como Autoridad Ejecutoras reclamo lo siguiente: La falta de notificación y llamamiento a juicio de mi representado, así como también se le reclama haber ejecutado las resoluciones y acuerdos dictados dentro del juicio ordinario civil que se identifica con el número 361/2014 a cargo de la responsable ordenadora, sin haberse cerciorado se diera cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, habiendo trastocado las garantías del quejoso." SEGUNDO. Radicación, prevención y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el veinte de octubre de dos mil veinte, ante este juzgado de distrito, en auto de veintiuno siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 736/2020-IV y se previno a la parte quejosa para que la aclarara; cumplida la prevención en la cual la parte amparista señaló como autoridad responsable al 3] Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Civil, Mercantil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, en auto de veintinueve de octubre de ese mismo año se admitió a trámite; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se reconoce calidad de tercero interesada. En auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte se reconoció el carácter de tercero interesada a Yolanda Vázquez Luna, quien compareció a juicio. CUARTO. Tercero interesado plantea incidente de falta de personalidad. Por escrito recibido en este juzgado de distrito el dos de agosto de dos mil veintiuno, el apoderado de la tercero interesada planteó incidente de falta de personalidad respecto de la que ostenta la parte promovete en este juicio, el cual se admitió a trámite el seis de agosto de ese mismo año y se declaró fundado en interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la fecha señalada para el desahogo de la audiencia incidental. La resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno fue notificada a las partes mediante lista de estrados el veinte de octubre de dos mil veintiuno. QUINTO. Causa estado resolución interlocutoria y se requiere su cumplimiento. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno se declaró que causó estado la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de falta de personalidad planteado en autos por la parte tercero interesada, por lo cual, en ese mismo auto se ordenó requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surtiera efectos su notificación de ese auto, exhibiera ante este juzgado de distrito documento apto e idóneo en original o fotocopia certificada con el que Antonia García Pérez justificara la calidad con que se ostenta como representante de la sucesión a bienes de Felipe Hernández Collí. El auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno se notificó personalmente a la parte quejosa (actora incidentista) el tres de noviembre de ese mismo año, por conducto de su autorizada. SEXTO. Incidente de nulidad de notificaciones. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, Juan Manuel Quiroz Sánchez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, interpuso incidente de nulidad de notificaciones en contra de la practicada por lista de estrados el veinte de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del incidente de falta de personalidad de diecinueve de ese mismo mes y año; en consecuencia, en auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite y se dio vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera. Finalmente, transcurrido dicho término sin que las partes realizaran manifestaciones u ofrecieran pruebas, el uno de marzo de la presente anualidad se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia prevista en el articulo 67 de la Ley de Amparo, la cual, se desahogó en sus primeras dos etapas al dictar esta interlocutoria; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, es legalmente competente para conocer y resolver el incidente de nulidad de notificaciones conformidad con los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo, así como el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por derivar de un juicio de amparo que se tramitó en este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad y oportunidad en la interposición del incidente de nulidad. Al respecto el artículo 68 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Articulo 68. Antes de la sentencia definitiva las parles podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. - - - Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. - - - Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano." De tal precepto legal, para el presente caso, se deduce que el incidente de nulidad de notificaciones, procede en los siguientes momentos: a) Si se promueve antes de que se haya dictado sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto, únicamente podrán impugnarse actuaciones existentes antes de haberse pronunciado ésta, en la siguiente actuación en la que comparezcan; y, b) Si se promueve después de que se haya dictado sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto, únicamente podrán impugnarse actuaciones existentes después de haberse pronunciado ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. En el presente caso, el incidente promovido por Juan Manuel Quiroz Sánchez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se adecúa a la hipótesis prevista en el inciso a), porque se actualizan los requisitos que exige la misma para tal efecto, a saber: i) Porque en el juicio de amparo en que se actúa no se ha dictado sentencia, pues se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia constitucional; ii) Porque existe una notificación tildada de nula, realizada durante el trámite del juicio de amparo, como lo es la practicada por lista de estrados el veinte de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del incidente de falta de personalidad de diecinueve de ese mismo mes y año. iii) Se promovió el incidente de nulidad de notificaciones dentro de los tres días posteriores y en la siguiente actuación en que compareció la parte quejosa, a partir de que se hizo sabedora de la notificación que tilda de irregular. En efecto, la expresión "en la siguiente actuación en que comparezcan", contenida en el invocado artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Amparo, debe entenderse como la primera intervención en alguna diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, la presentación de una promoción y, en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial, en la que se evidencie o desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente mal notificada. Ahora, si bien la Ley de Amparo no señala término para la presentación del incidente de nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan las partes, el legislador estableció en su artículo 2º que, a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales de derecho. De ahí que, al ser de aplicación supletoria el código aludido, debe atenderse a su artículo 297, fracción II, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho hay que estar al de tres días el cual, en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con datos de localización, rubro y contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012797 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 23/2016 (10a.) Página: 30 NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SIGUIENTE ACTUACIÓN EN QUE SE COMPAREZCA A PRESENTAR EL INCIDENTE RESPECTIVO, DEBE LLEVARLA A CABO EL INTERESADO DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO O SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE TILDA DE IRREGULAR. Para efectos del artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la expresión "en la siguiente actuación en que comparezcan", debe entenderse como la primera intervención en alguna diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, la presentación de una promoción y, en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial, en la que se evidencie o desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente mal notificada. Ahora, si bien la Ley de Amparo no señala término para la presentación del incidente de nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan las partes, el legislador estableció en su artículo 2o. que, a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales de derecho. De ahí que, al ser de aplicación supletoria el código aludido, debe atenderse a su artículo 297, fracción II, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho hay que estar al de 3 días el cual, en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal. En ese orden, como se dijo, la notificación que se tilda de irregular lo es la realizada por lista de estrados el veinte de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del incidente de falta de personalidad de diecinueve de ese mismo mes y año. Luego, del punto 7 del apartado de "HECHOS" en el escrito por el que se interpuso el incidente de nulidad que nos ocupa, la parte quejosa expresa que tuvo conocimiento de la publicación por lista de estrados tildada de nula, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, cuando le fue notificado, personalmente, por conducto de su autorizada, el proveído de veintinueve de octubre de ese mismo año, en que se declaró que causó estado la interlocutoria de diecinueve de octubre del año próximo pasado. De ahí que la notificación personal de tres de noviembre de dos mil veintiuno deba ser considerada como la siguiente actuación en que compareció la parte quejosa, posterior a la práctica de la notificación por lista tildada de nula, de conformidad con lo dispuesto en el invocado artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el plazo para interponer el incidente de nulidad de notificaciones contra la realizada por lista de estrados el veinte de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del incidente de falta de personalidad de diecinueve de ese mismo mes y año, transcurrió del cuatro al ocho de noviembre de dos mil veintiuno, con exclusión del seis y siete del mes y año en cita por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si el escrito por el que se interpuso el incidente de nulidad de notificación fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, es evidente que fue presentado de forma oportuna. Por ello, es dable afirmar que el incidente de nulidad de notificación interpuesto por Juan Manuel Quiroz Sánchez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es procedente. TERCERO. Estudio de los agravios. Resulta infundado el agravio que en síntesis hace valer la parte quejosa [actora incidentista]. Es así porque en síntesis, la parte quejosa expresa como agravio, que la notificación de la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de falta de personalidad planteado por la parte tercero interesada, debió realizarse en forma personal a las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, incisos f), k) y l), de la Ley de Amparo y no por lista de estrados. Lo anterior, porque a decir de la parte actora incidentista, la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno contiene cuestiones de fondo, que ameritaban su notificación en forma personal, pues en sus puntos resolutivos se precisa que se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Como se dijo, el agravio esgrimido por la parte quejosa deviene infundado. Para clarificar lo anterior, es necesario tomar en cuenta el contenido del artículo 26, fracción I, fracciones e), f), g), k) y l), así como III, que dispone: Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: - - - I. En forma personal: - - - (.) e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional; - - - f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; - - - g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental; (.) - - - k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y - - - l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos; - - - III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y. Del artículo transcrito se desprende que dentro de los supuestos en que se deba notificar personalmente a las partes una determinación emitida en un juicio de amparo, se encuentran, entre otras, i] El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional, ii] las que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten y iii] las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos. De igual forma, de la interpretación analógica de los incisos e) y g) de la fracción I del numeral invocado, se desprende que procederá ordenar la notificación personal a las partes de las interlocutorias que sean dictadas fuera de la audiencia incidental. Fuera de esos supuestos y los demás contemplados en el propio numeral 26 del ordenamiento legal en cita, las notificaciones deberán realizarse en términos de la fracción III; es decir, por lista de estrados. En el particular la notificación tildada de nula corresponde a la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, relativa al incidente de falta de personalidad planteado por la parte tercero interesada, la cual fue emitida dentro de la audiencia incidental y cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Es procedente y fundado el incidente de falta de personalidad planteado por el tercero interesado, en términos del considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando segundo de esta resolución, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del auto por el cual se determine que esta resolución ha causado estado, realice lo siguiente: a) Exhiba ante este juzgado federal, documento apto e idóneo en original o fotocopia certificada con el que Antonia García Pérez justifique la calidad con la que se ostenta como representante de la sucesión a bienes de Felipe Hernández Collí; en la inteligencia que el documento respectivo debe haber sido expedido con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. b) Presente siete fotocopias sin certificar del escrito con el cual desahogue la presente prevención y del documento con el que acredite su personalidad, que serán distribuidas de la siguiente forma: una para ser agregada a este expediente y seis para correr traslado a las partes (cuatro para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y una más para la tercero interesada). En ese orden, se apercibe a la parte promovente que en caso de no cumplir en el término señalado con el requerimiento aquí formulada a), se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5º, fracción I y 6º, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de no cumplir con lo señalado en el inciso b); esto, es no exhibir las fotocopias sin certificar del escrito por el que desahogue la prevención y del documento con el que acredite su personalidad, no se tendrá por satisfecho el requerimiento formulado. Finalmente, en caso de que la documentación con la que pretenda acreditar su personalidad, sea presentada vía electrónica, deberá de realizar la protesta de que el documento es copia fiel e integra de su original, a fin de que se le pueda conceder el valor probatorio como si el mismo fuera exhibido de forma física. De la transcripción realizada se desprende que contrario a lo que aduce la parte actora incidentista, la interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, no decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, sino que declaró fundado el incidente de falta de personalidad planteado por la tercero interesada y se ordenó que una vez que causara estado esa determinación, debería requerirse a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del auto por el cual se determinara su firmeza, exhibiera ante este juzgado federal, documento apto e idóneo en original o fotocopia certificada con el que Antonia García Pérez justificara la calidad con la que se ostenta como representante de la sucesión a bienes de Felipe Hernández Collí; en la inteligencia que el documento respectivo debía haber sido expedido con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Además, se apercibió a la parte quejosa para que en caso de no cumplir con dicho requerimiento en el plazo otorgado, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5º, fracción I y 6º, de la Ley de Amparo, pero sin que en ese momento se hubiera decretado dicho sobreseimiento, como menciona la actora incidentista. Por tanto, la notificación a la parte quejosa de la determinación de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno en comento, no era susceptible de ser ordenada de forma personal en los términos que pretende, pues como se vio, 1) en ella no se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, 2) tampoco corresponde a una interlocutoria relativa a la reposición de autos 3) ni este juzgado de distrito estima que así lo ameritara, pues dicha resolución fue emitida en la fecha señalada para el desahogo de la audiencia incidental relativa. De ahí que si el supuesto de la notificación a practicar no encuadra en las que menciona la parte quejosa en su escrito de agravios, ni en alguna otra de las señaladas en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo , procedía su realización por medio de lista de estrados al tenor de lo dispuesto en la diversa fracción III del artículo invocado, tal cual fue hecha. De ahí lo infundado del agravio hecho valer por la parte actora incidentista. Así, al haber resultado infundado el agravio de la parte incidentista, lo procedente es declarar procedente pero infundado el incidente de nulidad de notificaciones planteado contra la realizada por lista de estrados el veinte de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del incidente de falta de personalidad de diecinueve de ese mismo mes y año. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, de la parte quejosa sucesión testamentaria de Felipe Hernández Collí, por conducto de su albacea María Magdalena Hernández Chulin, quien a su vez compareció a través de su apoderada Antonia García Pérez, contra la realizada por lista de estrados el veinte de octubre de dos mil veintiuno, relativa a la resolución del incidente de falta de personalidad de diecinueve de ese mismo mes y año. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darlo Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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