Maria Magdalena Haro Castro
Expediente 1476/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Maria Magdalena Haro Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio número *** que remite el Secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión del veintisiete de enero del año en curso, dentro de la queja ***, promovida por ****, quejosa en el presente juicio de amparo. Hágase saber que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: ". ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En razón de lo anterior, acúsese el recibo correspondiente. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. (...) Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que surta sus efectos legales, el escrito de cuenta presentado por la quejosa María Magdalena Haro Castro, mediante el cual interpone recurso de queja contra la determinación de seis de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. II. Interposición de recurso de queja. Con fundamento en lo establecido en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo y demás relativos de la Ley de Amparo, el quejoso interpone recurso de queja, contra la resolución del seis de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. III. Se rinde informe justificado. En aras de dilaciones procesales innecesarias, ríndase el INFORME JUSTIFICADO, reconociendo que en la data indicada en el punto anterior se dictó la resolución recurrida en la cual se desechó la demanda de amparo, que dio origen al presente juicio. A guisa de informe, transcríbase el presente acuerdo para ser comunicado por conducto del secretario de juzgado, a quien se autoriza a suscribir el oficio correspondiente. IV. Remisión de constancias. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en turno, el expediente original de este juicio, en apoyo al referido informe, previo cuaderno de antecedentes que del mismo se deje, a efecto de que tenga a bien determinar lo que en derecho corresponda, respecto del recurso de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós. I. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Vista nuevamente la demanda de amparo presentada por ***, contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Distrito Judicial y otra autoridad, así como el escrito aclaratorio de cuenta. Del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que se remitieron con el informe de ley, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, del examen del ocurso constitucional, se advierte que el juicio intentado es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" De la interpretación gramatical de esta disposición se desprende que cuando exista causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda de amparo se desechará de plano. Por su parte, los dispositivos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 17 de la ley en consulta. Sobre el particular, por analogía la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado" En el presente, de lo expuesto en la demanda de derechos fundamentales y del escrito de cuenta, se advierte que la quejosa reclama, entre otro acto, la orden verbal o escrita para requerirla de pago, embargo y secuestro de sus bienes. Por otro lado, en su escrito inicial manifiesta que el veintiocho de febrero de este año, se presentaron en su domicilio dos personas del sexo masculino, quienes dijeron ser uno actuario ejecutor y el otro abogado, y la requirieron de pago de una suma de dinero; que considera que fue emplazada de manera ilegal. Que en el mes de abril de este año, se comunicaron por parte de un abogado y la apercibieron del pago correspondiente, lo que la orilló a investigar si se encontraba algún juicio en su contra y se dio cuenta que en el Juzgado Tercero de lo Mercantil existe un juicio número 163/2022 en su contra, por lo que solicitó por escrito se realizara un convenio de pago, el que fue rechazado por la parte actora y consentido por el juzgado. Por otro lado, en su escrito aclaratorio, señaló que en escrito de uno de noviembre de este año, presentó escrito en el juicio 163/2022, por el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizó a abogados para el efecto, solicitando se le otorgara el derecho de imponerse de los autos y se llegara a un convenio, sin que le haya sido notificado el acuerdo recaído al mismo. De lo anterior se evidencia que la quejosa conoce los datos del juicio en el que fue demandada, el nombre de su contraparte y la autoridad ante la que se instruye dicho procedimiento, ya que presentó un escrito el uno de noviembre de este año, en el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizó a abogados para el efecto, solicitando se le otorgara el derecho de imponerse de los autos y se llegara a un convenio, lo que constituye una confesión expresa de conformidad con el criterio siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.- El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo" En virtud de lo anterior, debe tenerse como fecha de conocimiento de los actos reclamados cuando menos desde el uno de noviembre de dos mil veintidós, y a partir de ésta, computar el plazo que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para establecer la temporalidad del juicio de amparo, el que transcurrió del tres al veinticuatro de ese mes y año, mientras que la demanda que se analiza, fue presentada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por lo que se presentó fuera del término señalado. Sirven de apoyo, las tesis de jurisprudencia siguientes: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGUN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional" "TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUÁNDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado" Por otro lado, respecto del diverso acto que se reclama, relativo a la falta de admisión de una salida alterna mediante convenio de pago, se actualiza el diverso motivo de improcedencia que prevé el dispositivo 61, fracción XXIII de la mencionada Ley Reglamentaria, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la propia Ley de Amparo, dice: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Conforme al numeral 107 transcrito, por actos de imposible reparación debe entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se puede advertir, lo reclamado no es de imposible reparación que trascienda la afectación a un derecho sustantivo, ya que, en todo caso, transgrede un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata transgreda derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, dado que se trata de una violación procesal, es factible su reclamo en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio en términos, si le es adversa. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resultan notarias e indudables las causas de improcedencia analizadas, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente.
- Principal
I. Refiere cumplimiento de ejecutoria de amparo Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, del que se advierte que la Fundación Comparte Vida Asociación Civil, no ha desahogado el requerimiento formulado en proveído del veinticuatro de noviembre del año en curso, mediante el cual se le requirió a efecto de que llevara cabo las gestiones necesarias ante el Instituto de Salud para el Bienestar, a efecto de coordinar las gestiones necesarias para cumplir en sus términos con la ejecutoria de amparo. Lo anterior toda vez que ya está autorizado el financiamiento para la atención subrogada del trasplante de médula ósea requerido por el promovente de amparo, sin que a la fecha haya informado las gestiones realizadas en relación con dicho requerimiento. En tal virtud, requiérase nuevamente a la referida fundación informa las gestiones realizadas con la finalidad de coordinarse con citado instituto, referente al recurso liberado para llevar a cabo el trasplante requerido por el quejoso ***. II. Apercibimiento autoridad responsable Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Fundación Comparte Vida Asociación Civil, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la siguiente en que reciba el oficio respectivo, informe lo relativo a las gestiones realizadas tendentes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada, con fundamento en el artículo 258 de la ley en comento. III. Requerimiento a la asesora jurídica Hágase el presente proveído del conocimiento de la licenciada ***, asesora jurídica federal del promovente de amparo, así como del diverso del veinticuatro de noviembre del año en curso, a efecto de que en el término de tres días, informe a este órgano jurisdiccional las acciones realizadas por el quejoso a efecto de entablar comunicación con la citada fundación y con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán y con ello, estar en aptitud de coordinar los trámites administrativos y hospitalarios requeridos para llevar a cabo el trasplante de médula ósea con donador internacional. Notifíquese y personalmente.
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