Maria Magdalena Guadalupe Rodriguez Cid
Expediente 129/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 32 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 18/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Maria Magdalena Guadalupe Rodriguez Cid
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de las fracciones II y III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el presente cuadernillo, para que el Centro archivístico que le corresponda su resguardo proceda a la destrucción del mismo atendiendo a la calificación y acervo documental que contiene. En ese orden, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. En la inteligencia de que los cuadernos incidentales no deberán glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que éste es destruible mientras que el incidente es depurable, lo anterior acorde a los lineamientos contenidos en la página 25 del "Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de diciembre de dos mil doce. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA MARÍA MAGDALENA GUADALUPE RODRÍGUEZ CID, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, POR MEDIO DE LISTA CONFORME AL ARTÍCULO 26, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cinco de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el contenido del oficio remitido por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, al que anexó copias certificadas del cheque número 0904059 y de la constancia de recepción del mismo, por la aquí quejosa María Magdalena Guadalupe Rodríguez Cid, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada, este Juzgado procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente procede establecer que por ejecutoria dictada por la Superioridad, se concedió el amparo y protección a la quejosa MARÍA MAGDALENA GUADALUPE RODRÍGUEZ CID, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a los siguientes efectos: Las autoridades responsables, dejen insubsistentes todos los actos que se sustenten en artículo 60 Bis B, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Devolver a favor de la parte quejosa, las aportaciones que le fueron descontadas de su pensión por el concepto de fondo de pensiones con motivo de la aplicación del citado numeral, tildado de inconstitucional a partir del mes en que se presentó la demanda la demanda de amparo. Por lo anterior, por oficios UJ-1394-2016, remitido por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, glosado a los autos el veintidós de junio de esta anualidad, comunicó que desde el mes de agosto de dos mil quince, ya no se realizaba a la quejosa el descuento del 10% (diez por ciento), en el pago mensual que percibe como pensionada por parte del Instituto, es decir, ya no se le aplica el artículo 60 Bis B, de la Ley de ISSSTESON, anexando para ello, dos impresiones de nómina de pensiones y jubilaciones a nombre de María Magdalena Rodríguez Cid, correspondientes a los períodos del uno al treinta y uno de julio de dos mil quince y del uno al treinta y uno de agosto de dos mil quince. De igual forma, en diverso oficio UJ-2054-2016, la citada autoridad, remitió copias certificadas del cheque número 0904059 y de la constancia de recepción del mismo, por la aquí quejosa María Magdalena Guadalupe Rodríguez Cid, en las que se desprende que la autoridad responsable devolvió a la parte quejosa, las aportaciones que le fueron descontadas de su pensión por el concepto de fondo de pensiones con motivo de la aplicación del citado numeral, tildado de inconstitucional. Por tanto, es evidente que con lo realizado por la autoridad responsable, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. Por lo anterior, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa y tercero interesado el presente proveído, haciendo de su conocimiento que cuentan con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA MARÍA MAGDALENA GUADALUPE RODRÍGUEZ CID, EL PROVEÍDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, POR MEDIO DE LISTA CONFORME AL ARTÍCULO 26, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, mediante el cual adjunta el diverso oficio UJ-2054-2016, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Hermosillo, Sonora; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, téngase al Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Hermosillo, Sonora, remitiendo copias certificadas del cheque número 0904059 y de la constancia de recepción del mismo, por la aquí quejosa María Magdalena Guadalupe Rodríguez Cid. En consecuencia, con el contenido de dicho oficio y su anexo, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, dada la naturaleza de la concesión otorgada. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, residente en Hermosillo, no ha desahogado el requerimiento formulado en proveído de uno de julio del año en curso, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. En consecuencia, requiérase de nueva cuenta a la autoridad de referencia, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, informe a este órgano jurisdiccional lo que hizo en acatamiento al fallo protector dictado, a saber, devolver todas las cantidades descontadas a la quejosa, desde el mes de febrero a agosto de dos mil quince, debiendo remitir copias certificadas de las constancias que así lo acrediten; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, 192 de la Ley de Amparo. Apercibida la autoridad de referencia, que de no hacerlo en el plazo señalado, se hará acreedora a una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con el numeral 258 de la Ley de la Materia, además, se procederá en términos de los artículos 193 y 197 del precepto legal en comento.
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