Maria Magdalena del Carmen Calzada Miraflores
Expediente 1429/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/09/2023
Partes del expediente
- Maria Magdalena del Carmen Calzada Miraflores
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés, II.- DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1, fracción III, 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de siete de noviembre de dos mil veintidós, regístrese el expediente bajo el número 1429/2023-IV; y en términos de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, relativa el principio de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que proceda contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tenga por efecto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. De lo anterior se advierte que la disposición legal establece lo que se conoce como principio de definitividad cuando se reclaman actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Aunado a lo anterior, cobra especial relevancia las excepciones que el propio numeral establece para no agotar los recursos procedentes que son: a) Cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) El acto reclamado carezca de fundamentación; c) Se hagan valer en su contra únicamente violaciones directas a la Constitución y; d) Proceda en su contra algún medio ordinario previsto en la normativa reglamentaria, sin que las leyes que rijan el acto contemplen su existencia. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En términos de lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el acto reclamado del cual se agravia la parte quejosa consiste en la orden de suspensión de trabajo de obra en su domicilio ubicado en ********************, así como su ejecución; sin embargo, en contra de tal acto, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.8 fracción XII y 18.77 del Código Administrativo del Estado de México; o bien, el juicio contencioso administrativo. Lo anterior es así, en virtud de que existe una jurisprudencia que fue materia de contradicción de tesis número 452/2012, que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. La jurisprudencia por unificación de mérito, está localizable con el número 2a./J. 60/2013 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, de junio de dos mil trece, Tomo 1, página 933, con número de registro 2003858, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.". Así como la diversa tesis PC.II.A. J/3 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro 2010436, consultable en Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 13 de noviembre de 2015, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL.". Por consiguiente, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto de carácter administrativo que atribuye a una autoridad administrativa local, previamente a acudir al juicio de amparo, debió interponer optativamente el recurso de inconformidad, previsto en los citados artículos 1.8 fracción XII y 18.77 del Código Administrativo del Estado de México; o en su caso, debió agotar el juicio contencioso administrativo. Máxime que, en la especie no se advierte que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, a través del juicio de amparo indirecto, como pueden ser: a) cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación del acto reclamado; c) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o; d) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable establezca su existencia. Lo anterior es así, pues en cuanto al primer supuesto, toda vez que el Código Administrativo del Estado de México, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado que los previstos en la Ley de Amparo. De la misma forma, no se combate la falta total de fundamentación del acto reclamado, no se alegan violaciones directas a la Constitución, ni tampoco los recursos ordinarios procedentes se encuentran previstos en un reglamento, si no que están contemplados en el Código Administrativo del Estado de México. Máxime que como se indicó, en el particular existe jurisprudencia que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio contencioso administrativo, si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************. III.- SE EXHORTA A LAS PARTES UTILIZACIÓN SERVICIOS EN LÍNEA. Se hace de su conocimiento, que cualquier consulta de los acuerdos que se susciten sobre este asunto, podrán realizarlo en la página oficial https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Se pone a su disposición el número telefónico 722-236-05-00 extensión: 2244 o 2245 en términos del artículo 258 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de siete de noviembre de dos mil veintidós, para cualquier consulta relacionada con el tema. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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