María Magdalena Castro Amador

Expediente 237/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
237/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • María Magdalena Castro Amador

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a María Magdalena Castro Amador, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este expediente no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cinco de abril de dos mil veintiuno. En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a desahogar la correspondiente al juicio de amparo radicado con el número 237/2021-2. El Juez, declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y se hace constar que ninguna de las partes compareció a este acto, no obstante su notificación. A continuación, se acuerda dar lectura a la demanda, y a las demás constancias de autos; asimismo, hace constar que la Junta Especial número Sesenta de la Federal Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado no obstante, estar notificada de su obligación para ello, según se observa del acuse que obra a foja 9. A lo que el Juez acuerda: téngase por efectuada la relación de constancias, y a la autoridad responsable como omisa en rendir su informe justificado. Enseguida, se declara abierto y cerrado el período probatorio, dado que no hay pruebas que desahogar. Posteriormente, se abre y cierra la fase de alegatos, dado que las partes no los formularon. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez, pasa a dictar la siguiente sentencia: Vistos los autos que integran el juicio de amparo 237/2021-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional, María Magdalena Castro Amador promovió juicio de amparo contra acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del expediente laboral 427/2020. SEGUNDO. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 237/2021-2; se ordenó pedir informe con justificación; dar al representante social de la federación adscrito la intervención que legalmente le compete, y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se desarrolló en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para resolver el presente juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución material. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del expediente laboral 427/2020. TERCERO. La Junta Especial Número Sesena de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar notificada de su obligación para ello, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el mismo. CUARTO. En virtud que no se advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, ni las partes las hicieron valer, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo. Cabe precisar que en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe con justificación, y tomando en cuenta que el acto reclamado por la peticionaria de garantías lo constituye la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del expediente laboral 427/2020 del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el cual debe decirse no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que la constitucionalidad o inconstitucionalidad depende del estado procesal en que se encuentre el asunto, lo cual no se puede determinar con la presunción de certeza de que aún no se ha notificado la determinación final, sino que es necesario tener a la vista las constancias del expediente del que deriva el acto reclamado, para así estar en condiciones de analizar si la omisión que se atribuye a la responsable es inconstitucional, lo cual de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde demostrar a la parte quejosa. Resulta preciso transcribir lo que dispone dicho numeral y párrafo: "Artículo 117. . Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. ." Por tanto, de la transcripción del citado dispositivo legal, se advierte que la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y las garantías que dice el quejoso se violan en su perjuicio, queda a cargo de la parte que solicita el amparo, y al no haber aportado prueba alguna para demostrar tal circunstancia, no se está en posibilidad de analizar si el acto reclamado por la parte quejosa es o no inconstitucional, y que además se violen en su perjuicio las garantías constitucionales que refiere en su demanda de garantías. Se afirma lo anterior, pues no basta el simple hecho de que la parte impetrante de amparo, en su escrito de demanda, manifieste que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en el artículo 17 Constitucional; sin embargo, al haber sido omisa la autoridad responsable en rendir su respectivo informe justificado, y atento a lo establecido en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del hecho, y la violación de las garantías constitucionales de que dice es objeto con el actuar de la responsable, es decir, demostrar que realmente existe un juicio laboral en el que es parte la quejosa, y que se ha omitido dictar laudo, de ahí que lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado, dependa en principio de la existencia del juicio y de la omisión que refiere, y de acreditarse éstos supuestos -que en la especie no aconteció-, del estado procesal del juicio natural, así como de las pruebas o datos que la responsable tenga en consideración para mantener su conducta omisiva, por lo que al no haber acreditado la parte quejosa tales circunstancias, es decir, lo que argumenta en el único concepto de violación de su demanda de amparo, no es posible analizar lo constitucional o inconstitucional de los actos reclamados, menos aún determinar que se viole en su perjuicio las garantías constitucionales a que hace alusión en su libelo de demanda. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 279 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 232, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, Novena Época (registro 917813), que es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).- Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." (Énfasis añadido). También apoya la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, identificada con el número III. 1o. A. 59 K en la página 402, tomo XIV, noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 209904, que textualmente dispone: "ACTO RECLAMADO. LA NATURALEZA DE LA VIOLACION ALEGADA NO ES LO QUE DETERMINA SI ES O NO INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO EL. No es la naturaleza de la violación que se alegue, lo que determina si un acto reclamado en amparo es o no inconstitucional en sí mismo, sino que, para establecer cuándo tiene ese carácter, debe estarse a lo que dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual señala substancialmente, que un acto no es en sí mismo violatorio de garantías, cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto; de lo que resulta, que cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no debe ser tenido, en sí mismo, como violatorio de garantías, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto impugnado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de garantías en sí mismo." De igual manera, cobra aplicación la jurisprudencia VI. 2o. J/241 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 39, tomo 64, Abril de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 216529, cuyo rubro y texto marcan: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE RENDIRLO. No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo." Ante tales razonamientos, y al no haber demostrado la parte quejosa con prueba alguna la inconstitucionalidad de los actos que reclama, debe NEGARSE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Juan Alberto Rangel Delgado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a María Magdalena Castro Amador, en el juicio de amparo 237/2021-2, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por lo motivos expuesto en el considerado quinto de esta determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de Leon Sanchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por María Magdalena Castro Amador; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 237/2021-2, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María Magdalena Castro Amador, contra acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Para la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir el informe de ley vía electrónica al correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de amparo; asimismo, proporciona el correo electrónico arnoldofloresharo@gmail.com. Respecto al usuario ArnoldoFlores, se giran instrucciones al Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte quejosa tenga acceso total al expediente electrónico derivado de este asunto. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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