María Magdalena Aparicio Xalpa
Expediente 80/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- María Magdalena Aparicio Xalpa
- Cristian Michelle Arellano Aparicio
- María Magdalena Aparicio Xalpa y Otros.
- Cristian Michelle Arellano Aparicio y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Xalapa, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el auto por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este asunto; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. Por tales consideraciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, al haberse CONCEDIDO el amparo solicitado; por lo que una vez cumplido el plazo de conservación de tres años que se indica en el primer párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su DEPURACIÓN, esto, con posterioridad al TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. Este asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, debido a que resulta innecesario conservar las documentales allegadas por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, consistentes en copias certificadas del expediente * de su índice, las cuales obran en un tomo de pruebas por separado; devuélvanse a la autoridad citada, sin necesidad que acuse recibo debido a que en la constancia de notificación relativa, se deberá hacer constar su entrega.
- Incidental
Xalapa, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo de este incidente, como asunto concluido. En razón de lo anterior, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse negado la suspensión solicitada, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a la DESTRUCCIÓN del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto, con posterioridad al TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en comento, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos SEIS MESES se procederá a la destrucción del mismo, esto es, con posterioridad al TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Este asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Cúmplase.
- Principal
Xalapa, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio de amparo en el que se actúa y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, sin que desahogaran la vista relativa; por lo que se procede a analizar si, sobre constancias, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. En ese sentido, de las documentales que obran en autos, se observa que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de reclamación interpuesto en los autos del juicio ordinario civil ****mediante la cual disminuyó el monto de la pensión alimenticia provisional decretada en favor de la quejosa y turnó dichos actos para dictar la determinación correspondiente, por lo que resulta evidente el cumplimiento de la sentencia amparadora, respecto del inciso a) referido en párrafos precedentes. Sin embargo, respecto al efecto precisado en el inciso b), resulta necesario hacer mención de los vicios que la autoridad responsable debía subsanar en la nueva determinación que dictara en cumplimiento a la sentencia de amparo. En esa tesitura, se tiene que en la ejecutoria de mérito se precisó que la autoridad responsable debía explicar el por qué procedía reducir el monto de la pensión alimenticia de un cuarenta a un veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones del aquí tercero interesado. Ello en atención a que era necesario que la responsable expusiera de manera puntual, el por qué consideró que el citado veinte por ciento fijado a la quejosa era suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y, por qué, el porcentaje restante, era el adecuado para que el reclamante sufragara sus gastos y los de sus demás acreedores. De igual manera, debía establecer el motivo por el que consideró que el deudor alimentario debía responder por los alimentos de cinco acreedores, incluyéndolo a él y explicar por qué a la madre de este último y a su actual pareja, madre de su menor hija, también les asiste el carácter de acreedores alimentarias o, los motivos por los cuales el reclamante se ve obligado a apoyar en sus requerimientos y dicha circunstancia debía tomarse en cuenta para regraduar el monto de la pensión alimenticia fijada inicialmente. Tomando en consideración dichos lineamientos, por resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable determinó reducir la pensión inicial decretada en favor de la quejosa ***del cuarenta al veinte por ciento del sueldo y prestaciones que percibe el aquí tercero interesado **** Lo anterior, pues en primer término, dicha autoridad estableció que el citado tercero tiene restringida su capacidad económica, pues cuenta con otros acreedores alimentarios, en virtud de haber procreado dos hijas diversas a la aquí quejosa. Pues incluso, una de ellas recibe directamente el veinte por ciento del sueldo y prestaciones que devenga el deudor alimentario, en virtud del embargo decretado en el juicio de divorcio incausado *** del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche. Asimismo, determinó que el veinte por ciento del sueldo y prestaciones del aquí tercero resultaban suficientes para cubrir las necesidades de ropa y alimentos a la aquí quejosa, pues si bien la responsable expuso que ésta última no acreditó con documento idóneo el monto al que ascienden los gastos para cubrir sus necesidades por concepto de educación, alimentos y seguridad social, en sentido amplio. Lo cierto era que se encontraba demostrado que la peticionaria de amparo estaba estudiando su educación media superior en una escuela oficial, por lo que no tenía que erogar una cantidad mensual determinada para ello y que los gastos de medicina y servicio médico, podían quedar superados, en virtud del derecho que tiene su padre para ello por encontrarse afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social De igual manera, no obstante que la responsable desestimó el argumento del deudor alimentario, referente a que tenía la obligación de cubrir los requerimientos de su propia progenitora y de su concubina, en virtud de no justificar la forma en que contribuye en sus necesidades alimentarias, cierto es que dicha autoridad estimó que se encontraba justificado que el porcentaje restante al tercero interesado era suficiente para cubrir sus requerimientos personales, en virtud de indicar que éste se desempeña laboralmente en el Estado de Campeche, por lo que debía pagar una renta por el inmueble en donde reside, aunado al hecho que también debía cubrir las necesidades de su diversa acreedora alimentaria con la que vive en la actualidad. Lo anterior, considerando la responsable además que en autos no existía un documento oficial con el que se acreditara a cuánto ascendían los ingresos del deudor alimentario y, como se expuso, el monto que requiere la 25/01/23 14:15:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.fd.16 MARIA FERNANDA PRIANTI GOMEZ aquí quejosa para cubrir sus necesidades. En mérito de lo anterior, debido a que, se estima que la autoridad responsable cumplió con los parámetros fijados en la sentencia amparadora, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO. Por tanto, dese vista a las partes con esta resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, legalmente computado, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidos que de no hacerlo así, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma electrónicamente José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del juicio de amparo en el que se actúa y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, sin que desahogaran la vista relativa; por lo que se procede a analizar si, sobre constancias, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. En ese sentido, de las documentales que obran en autos, se observa que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de reclamación interpuesto en los autos del juicio ordinario civil ****mediante la cual disminuyó el monto de la pensión alimenticia provisional decretada en favor de la quejosa y turnó dichos actos para dictar la determinación correspondiente, por lo que resulta evidente el cumplimiento de la sentencia amparadora, respecto del inciso a) referido en párrafos precedentes. Sin embargo, respecto al efecto precisado en el inciso b), resulta necesario hacer mención de los vicios que la autoridad responsable debía subsanar en la nueva determinación que dictara en cumplimiento a la sentencia de amparo. En esa tesitura, se tiene que en la ejecutoria de mérito se precisó que la autoridad responsable debía explicar el por qué procedía reducir el monto de la pensión alimenticia de un cuarenta a un veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones del aquí tercero interesado. Ello en atención a que era necesario que la responsable expusiera de manera puntual, el por qué consideró que el citado veinte por ciento fijado a la quejosa era suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y, por qué, el porcentaje restante, era el adecuado para que el reclamante sufragara sus gastos y los de sus demás acreedores. De igual manera, debía establecer el motivo por el que consideró que el deudor alimentario debía responder por los alimentos de cinco acreedores, incluyéndolo a él y explicar por qué a la madre de este último y a su actual pareja, madre de su menor hija, también les asiste el carácter de acreedores alimentarias o, los motivos por los cuales el reclamante se ve obligado a apoyar en sus requerimientos y dicha circunstancia debía tomarse en cuenta para regraduar el monto de la pensión alimenticia fijada inicialmente. Tomando en consideración dichos lineamientos, por resolución de veintiocho de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable determinó reducir la pensión inicial decretada en favor de la quejosa ***del cuarenta al veinte por ciento del sueldo y prestaciones que percibe el aquí tercero interesado **** Lo anterior, pues en primer término, dicha autoridad estableció que el citado tercero tiene restringida su capacidad económica, pues cuenta con otros acreedores alimentarios, en virtud de haber procreado dos hijas diversas a la aquí quejosa. Pues incluso, una de ellas recibe directamente el veinte por ciento del sueldo y prestaciones que devenga el deudor alimentario, en virtud del embargo decretado en el juicio de divorcio incausado *** del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche. Asimismo, determinó que el veinte por ciento del sueldo y prestaciones del aquí tercero resultaban suficientes para cubrir las necesidades de ropa y alimentos a la aquí quejosa, pues si bien la responsable expuso que ésta última no acreditó con documento idóneo el monto al que ascienden los gastos para cubrir sus necesidades por concepto de educación, alimentos y seguridad social, en sentido amplio. Lo cierto era que se encontraba demostrado que la peticionaria de amparo estaba estudiando su educación media superior en una escuela oficial, por lo que no tenía que erogar una cantidad mensual determinada para ello y que los gastos de medicina y servicio médico, podían quedar superados, en virtud del derecho que tiene su padre para ello por encontrarse afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social De igual manera, no obstante que la responsable desestimó el argumento del deudor alimentario, referente a que tenía la obligación de cubrir los requerimientos de su propia progenitora y de su concubina, en virtud de no justificar la forma en que contribuye en sus necesidades alimentarias, cierto es que dicha autoridad estimó que se encontraba justificado que el porcentaje restante al tercero interesado era suficiente para cubrir sus requerimientos personales, en virtud de indicar que éste se desempeña laboralmente en el Estado de Campeche, por lo que debía pagar una renta por el inmueble en donde reside, aunado al hecho que también debía cubrir las necesidades de su diversa acreedora alimentaria con la que vive en la actualidad. Lo anterior, considerando la responsable además que en autos no existía un documento oficial con el que se acreditara a cuánto ascendían los ingresos del deudor alimentario y, como se expuso, el monto que requiere la 25/01/23 14:15:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.fd.16 MARIA FERNANDA PRIANTI GOMEZ aquí quejosa para cubrir sus necesidades. En mérito de lo anterior, debido a que, se estima que la autoridad responsable cumplió con los parámetros fijados en la sentencia amparadora, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO. Por tanto, dese vista a las partes con esta resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, legalmente computado, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidos que de no hacerlo así, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma electrónicamente José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. "
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