María Magdalena Antonia Cruz Aguilar
Expediente 382/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Magdalena Antonia Cruz Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.********************En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por ********************, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita.********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General.********************Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 382/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por María Magdalena Antonia Cruz Aguilar, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa -por estar así ordenado mediante auto de uno de agosto del año en curso-, la sentencia autorizada de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo ******************** y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, ******************** promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Bienestar, de la Administración Pública Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, en su denominación correcta y 2. Servidores de la Nación de la Subdelegación Veracruz (fojas 2 a 19). SEGUNDO. Admisión de Demanda. Mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se acordó admitir la demanda; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar data y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; formar por separado el incidente de suspensión (fojas 24 a 28). TERCERO. Trámite. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad 2. Servidores de la Nación de la Subdelegación Veracruz (fojas 35 a 36). Mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo por cuanto hace al Coordinador Operativo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Veracruz, con residencia en Xalapa, quien emitió el ******************** de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se continuará el presente asunto únicamente como ha planteado en la demanda de inicio (fojas 41 a 42). El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el presente asunto en los términos planteados desde su inicio (fojas 49 a 50). CUATRO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado por línea de la autoridad responsable, quien hizo valer causal de improcedencia, la audiencia constitucional tuvo verificativo el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 49 a 50). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución.C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, por razón de la vía, en virtud de que se trata de un acto omisivo de una autoridad administrativa, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado como lo es su derecho de petición, contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que, al tratarse de un acto omisivo, la parte quejosa eligió promover el presente juicio ante esta autoridad judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La omisión de reactivar con efecto restitutorio la pensión para adulto mayor, por omisión de pago con ********************, así como el pago de la pensión de adulto mayor otorgada, a partir del dos mil veinte a dos mil veintitrés, presentada el veintitrés de abril de dos mil veintitrés. Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por cierto los actos que la parte quejosa atribuye al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Bienestar, de la Administración Pública Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, en su denominación correcta. Lo anterior, pues no obstante que dicha autoridad responsable negó el acto reclamado al rendir su informe justificado, lo cierto es que, expone razones de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa, lo anterior se corrobora con las constancias que exhibió como justificación de este, en la que se advirtió que la autoridad responsable, hizo referencia a la omisión de reactivar con efecto restitutorio la pensión para adulto mayor, por omisión de pago con ********************, así como el pago de la pensión de adulto mayor otorgada, a partir del dos mil veinte a dos mil veintitrés, presentada el veintitrés de abril de dos mil veintitrés, de ahí, que debe tenerse por cierto el acto reclamado, en la medida que, al día de la promoción de la demanda de amparo del aquí quejosa, sí existía la omisión reclamada. Tiene aplicación al caso, por las razones que informa, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que es del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Documentos que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley; pues de ésta se advierte la omisión reclamada en el presente juicio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."" CUARTO. Improcedencia del juicio. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos. La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias -de hecho o de derecho- que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio. Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no ilusoria. De ahí que siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y por identidad de razón, de conformidad con lo que dispone la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, Octava Época, Materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, con registro digital 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, como la tesis aislada 2a. CLVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, con Registro digital 165538 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." A juicio de quien resuelve, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, al haber cesado la omisión combatida. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Del artículo trascrito se advierte, que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado, es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." ANTECEDENTES En virtud de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente juicio, lo que se hace en la relación siguiente. 1. El veintitrés de abril de dos mil veintitrés, la parte quejosa realizó solicitud de reactivación al programa para adultos mayores, con ********************. 2. Ante la falta de respuesta de la autoridad responsable señalada en el párrafo anterior, la aquí quejosa promovió amparo el tres de mayo de dos mil veintitrés. 3. La autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló: ". En ese sentido, el acto reclamado mencionado preliminarmente, también SE NIEGA, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTA AUTORIDAD NO CUENTA CON ATRIBUCIONES Y/O COMPETENCIA PARA AUTORIZAR LA REACTIVACIÓN CON EFECTO RESTITUTORIO DE LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONASADULTAS MAYORES A LA ADULTA MAYOR QUEJOSA, ASÍ COMO TAMPOCO PUEDE OTORGAR EL BENEFICIO DEL PAGO DE LAS PENSIONES ATRASADAS RELATIVO AL CITADO PROGRAMA, lo cual tiene sustento en lo establecido por el Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar en vigor, localizable bajo el link de internet (hecho notorio): https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618249&fecha=13/05/2021, donde no se desprende que esta Autoridad tenga dichas atribuciones o competencia y en lo que interesa se señala en los artículos lo siguiente: . No obstante lo anterior, se debe precisar que esta Autoridad, ya actuó dentro del ámbito de su competencia y/o atribuciones para acatar la Suspensión provisional decretada en el cuaderno incidental, a la que se viene dando cumplimiento por este medio, ya que esta Delegación de Programas para el Desarrollo; por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Veracruz de la Secretaría de Bienestar, mediante Memorándum 150.FI.347/2023, de fecha 16 de mayo del 2022, se solicitó a la Coordinación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a efecto de que, en estricto acato de la suspensión decretada, en el ámbito de su competencia diera cumplimiento a la suspensión decretada en los términos señalados en dicho memorándum, mismo que se viene ofreciendo como prueba, por lo que, a través del Oficio núm. 150/BII/COAGP/0249 de fecha 18 de mayo de 2023, signado por ********************, en su carácter de Coordinador de dicho programa, informó lo siguiente: "(...) En atención al Memorándum No. 150.FI.347/2023 de fecha 16 de mayo del 2023, en atención y cumplimiento al oficio Num. 12472, de fecha 04 de mayo del presente año y recibido por esta Autoridad el día 16 de mayo del 2023; derivado de los autos del Juicio de Amparo 11-********************, promovido por la quejosa C. ********************, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en el que requieren a esta Autoridad rendir los informes de Ley, así como dar cumplimiento a la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo que para estar en aptitud de responder lo que en derecho corresponda, al respecto me permite informar lo siguiente: Respecto al inciso a) de su escrito, que de acuerdo a una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Programación Y Seguimientos (ARGOS) se encontró la C. ********************, ya está incorporada dentro del patrón de beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, contando con ID 24384703, donde actualmente mantiene el estatus de ACTIVO EMITIBLE (NORMAL (ELEGIBLE) tal y como se puede apreciar en al siguiente captura de pantalla: . Sin embargo, al realizarse su registro de forma correcta dentro del programa, el Sistema Integral de Programación y Seguimientos (ARGOS) realizo la emisión de su medio de pago mediante orden de pago (TELECOMM) tal y como se apreciar (sic) en las líneas anterior, por lo que, al no presentar a recibir el apoyo que brinda el programa en los bimestres antes mencionados, dicho registro se suspendió de forma provisional, esto con fundamento en los numerales 3.6.3 y 3.6 3.1 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2019, que a la letra establecen: . Donde en dichos bimestres la quejosa, omitió acudir a la entrega del recurso que brinda el programa, y manifestar dicha situación de su registro en el centro integradores de desarrollo (CID) más cercano a su domicilio, situación prevista en el numeral 3.6.2 inciso a), b), c), d). e) del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2019, que a la letra establece lo siguiente: . Por lo que, en fecha 23 de abril del 2023, se le brindo la atención a su solicitud de la quejosa, para realizar el trámite de reactivación al programa de los adultos mayores, mediante el Formato Único de Bienestar (FUB) 14747079, mismo que procedió a ser capturado en la misma fecha, en el Sistema del Formato Único de Bienestar (SIFUB) derivando la reactivación del registro, tal y como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla: . Cabe mencionar que únicamente se está a la espera que la instancia ejecutora, a través de la unidad de padrones, definan en mecanismo de medio de pago de la quejosa, mismo que se deberá ver reflejado en el próximo bimestre de pago, donde dichas disposiciones se realizan con apego al numeral 4, 4.1, 4.1.2 y 4.2, 4.2.1 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2023, que a la letra establecen: . Anexo al presente escrito copia fotostática del Formato Único de Bienestar (FUB) No 14747079, para el trámite de reactivación de la C. ******************** con ID PADRON 24384703. ." Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de la causal de improcedencia mencionada en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la omisión existente al momento de la presentación de la demanda de amparo que generó el presente juicio (tres de mayo de dos mil veintitrés) ha quedado sin efectos, toda vez que la autoridad responsable Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, dependiente de la Secretaría de Bienestar, de la Administración Pública Federal, con sede en Xalapa, Veracruz, en su denominación correcta, informó que se dio respuesta a la petición planteada por la aquí quejosa el veintitrés de abril de dos mil veintitrés, relativa a la omisión de reactivar con efecto restitutorio la pensión para adulto mayor, por omisión de pago con ********************, así como el pago de la pensión de adulto mayor otorgada, a partir del dos mil veinte a dos mil veintitrés; lo anterior, en virtud de que mediante ******************** de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador Operativo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Veracruz, con residencia en Xalapa, se informó que la quejosa ********************, ya está incorporada dentro del padrón de beneficiarios del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, contando con ID 24384703, donde actualmente mantiene el estatus de activo emitible (normal elegible). Además sostuvo que, al realizarse su registro de forma correcta dentro del programa, el Sistema Integral de Programación y Seguimientos (ARGOS) realizó la emisión de su medio de pago mediante orden de pago (TELECOMM) por lo que, al no presentar a recibir el apoyo que brinda el programa su registro se suspendió de forma provisional. Por lo que, el veintitrés de abril de dos mil veintitrés, se le brindo la atención a su solicitud para realizar el trámite de reactivación al programa de los adultos mayores, mediante el Formato Único de Bienestar (FUB) 14747079, mismo que procedió a ser capturado en la misma fecha, en el Sistema del Formato Único de Bienestar (SIFUB) derivando la reactivación del registro. Que únicamente se está a la espera que la instancia ejecutora, a través de la unidad de padrones, definan el mecanismo de medio de pago de la quejosa, el cual se verá reflejado en el próximo bimestre de pago. Para lo cual anexo copia fotostática del Formato Único de Bienestar (FUB) No 14747079, para el trámite de reactivación de la C. ******************** con ID PADRON 24384703. Por tanto, la omisión reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica de la impetrante de amparo, pues la autoridad responsable, en congruencia con lo peticionado dio curso a su solicitud. De ahí que, basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con el acto reclamado, de acuerdo con lo prescrito por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se resalta, que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, se le hizo del conocimiento a la parte quejosa, el contenido del informe justificado emitido por la autoridad responsable a través del cual dio respuesta su petición, a efecto de que manifestara lo que a su derecho representara, sin que refiriera algo al respecto, lo cual significa que, los efectos de la falta de contestación y conocimiento de ella desaparecieron; de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de que en diverso proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifestara sí era su deseo o no ampliar su demanda de amparo por cuanto hace al Coordinador Operativo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Veracruz, con residencia en Xalapa, quien emitió el ******************** de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, sin que manifestara nada al respecto, por lo que el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia por contradicción, 2ª./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Página 605, con número de registro 168189 del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." CONCLUSIÓN Señalado lo anterior, al resultar indudable que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia de mérito, entonces debe sobreseerse el juicio de amparo respecto a la omisión de reactivar con efecto restitutorio la pensión para adulto mayor, por omisión de pago con ********************, así como el pago de la pensión de adulto mayor otorgada, a partir del dos mil veinte a dos mil veintitrés, presentada el veintitrés de abril de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es óbice a la anterior determinación, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que con la sola presentación no era posible para este Órgano de Control Constitucional advertir su manifiesta e indudable improcedencia. Lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes. De tal suerte que la simple admisión de la demanda de amparo, en su caso, en modo alguno constituía un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advierte del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. Ilustra lo anteriormente señalado, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de datos de localización, publicada en el Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de 1994 página 544, Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA." Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, registro 2002286, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En el entendido de que el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo. Ello de conformidad con el numeral 65 de la ley de la materia. QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 77 y 79 de la Ley de Amparo en vigor, seR E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y autoridad señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del signado electrónicamente por el Jefe del Departamento del Desarrollo Social y en representación del 1. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, de la Secretaría de Bienestar; recibido en línea, y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, toda vez que informa que la quejosa, ya se encuentra incorporada dentro del padrón de beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adulto Mayores, contando con ID 24384703, donde mantiene el estatus de "ACTIVO EMITIBLE (NORMAL ELEGIBLE)". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que exhibe. Finalmente, con apoyo el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga Notifíquese en términos de ley.
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