María Magdalena Aguiñaga García

Expediente 105/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
105/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
05/04/2017

Partes del expediente

  • María Magdalena Aguiñaga García
  • Comandante de la Corporación Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción. Ciudad.
  • Arturo Javier Puente Aguiñaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de nueve de marzo de dos mil diecisiete, por el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, respecto al quejoso ***(fojas 122 a 126). Así también, transcurrió el plazo de cinco días, de conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de la materia, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto a los diversos ***(foja 38). Sin que sea necesario computar el término para la interposición del medio de impugnación al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado, así también, de conformidad con el numeral 97, fracción I, inciso a) y 98 de la citada ley, el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda respecto a los diversos quejosos, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y se tuvo por no presentada la demanda de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la Actuaria de la adscripción en cumplimiento a lo ordenado en proveído de nueve de marzo de este año, hace constar que los quejosos ***, manifestaron que no era su deseo ratificar la demanda de amparo en la que se les tuvo con el carácter de quejosos, solicitando se archive el presente expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de referencia. Finalmente, una vez que cause estado el sobreseimiento fuera de audiencia de nueve de marzo de este año, respecto del diverso quejoso ***, se ordenará el archivo de este juicio.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte lo siguiente: El once de febrero de dos mil diecisiete (fojas 1 a 8), ***, por sí y en representación de ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: 1. Comandante de la Corporación Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción. Ciudad. 2. Encargado del Agrupamiento de la Policía de Proximidad Social Fuerza Coahuila, Región Norte I. Ciudad. 3. Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la Región Norte I, con residencia en esta ciudad. 4. Agente del Ministerio Público de las Unidades de Investigación Mesa Uno de Detenidos, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad. 5. Agente del Ministerio Público de las Unidades de Investigación Mesa Dos de Detenidos, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad. 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Tres, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad. 7. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Especializada en Adolecentes, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad. 8. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Villa de Fuente, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I, con residencia en esta ciudad. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Tradicional, de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad. 10. Agente del Ministerio Público de la Federación, Encargada de la Agencia Segunda Investigadora Tradicional, de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad. 11. Comisario de Seguridad Pública Municipal. Ciudad. 12. Magistrado del Tribunal Unitario del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Ciudad. "IV.- ACTO RECLAMADO.- La DESAPARICIÓN FORZADA de ***, aunado a su ilegal detención, retención, incomunicación y puesta en peligro de su vida, actos que en tracto sucesivo han realizado las diversas autoridades señaladas en la presente como responsables bajo las consideraciones y antecedentes de hecho que se narran en el apartado correspondiente". Al respecto, cabe precisar que del contenido integral del escrito de demanda, se advirtió que también solicitó el amparo y protección respecto a ****, todos de apellidos ***, por lo que en acuerdo de once de febrero de este año, se les tuvo también como quejosos, y se les requirió para que ratificarán la demanda promovida en su nombre, de lo contrario, se tendría por no presentada la misma. En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda del quejoso ***, y la ratificación del escrito de demanda, ordenándose suspender de plano los actos reclamados a las responsables. Posteriormente, de la razón actuarial de doce de febrero de dos mil diecisiete (foja 20), efectuada por el funcionario adscrito, se desprendió que el quejoso directo ***, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre (foja 21). Sin embargo, se hizo constar que la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar a los diversos quejosos ***; por lo que se requirió a la licenciada ***, para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo conducente, y en su caso, señale, de tener conocimiento, la ubicación de los diversos promovente. De ese modo, el doce de febrero del presente año (fojas 23 a 27), se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por ***; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, mediante proveído de diecisiete del mes y año en curso (fojas 99 a 100), se requirió al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, para que dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada de las constancias relativas a aquí quejoso directo ***. Consecuentemente, mediante el oficio de cuenta número 852/2017-CJPN, se advierte que la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, dio cumplimiento al requerimiento señalando en el párrafo que antecede, y remitió diversas constancias en copia certificada relativas a la audiencia inicial de catorce de febrero de dos mil diecisiete, iniciada con motivo de la puesta a disposición del aquí quejoso ***, entre las cuales se advierte que ordenó su inmediata libertad. Al respecto, conviene transcribir lo conducente a lo señalado: "[.] Juez resuelve sobre el Control de Detención. Siendo las (16:55) dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, Juez procede a resolver sobre Control de Detención, encontrando que los medios de prueba resultan idóneos y pertinentes y convincentes, conducen a establecer la falta de credibilidad del Informe Policíal Homologado, por consiguiente decreta de ilegal la detención del imputado, por lo que se ordena su libertad, debiendo comunicar dicha determinación al Centro Penitenciario de esta ciudad, además ordena dar vista a la fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos en relación a los hechos denunciados en esta audiencia e informar en un término máximo de (15) quince días sobre el seguimiento de la investigación [.]" Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende actualiza el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: *** En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la desaparición forzada, aunado a su ilegal detención, retención, incomunicación y puesta en peligro de su vida. Sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que la autoridad denominada Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, otorgó la libertad al quejoso ***, en la audiencia inicial de catorce de febrero diez de dos mil diecisiete (foja 119), lo que implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia únicamente respecto a ***, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del diez de marzo del año en curso (fojas 23 a 27). Finalmente, en relación a los quejosos ***, de apellidos ***, se comisiona nuevamente al Actuario de la adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en ***, y los requiera para que dentro del término de tres días, siguientes al de la presente notificación, ratifiquen la demanda de amparo promovida en su nombre, de lo contrario, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos, el oficio 852/2017, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexos, en atención a su contenido, se provee: Téngase dando cumplimiento al requerimiento que este juzgado le hizo mediante auto de diecisiete de febrero del año en curso (fojas 99 y 100), y al efecto remite las constancias solicitadas; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.

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