Maria Magaly del Socorro Alcocer Bolio
Expediente 565/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Maria Magaly del Socorro Alcocer Bolio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
IV.- Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el fedatario judicial dejó citatorio a la parte quejosa a efecto de notificar el auto de fecha de nueve de junio del año en curso; sin embargo, no se advierte que haya comparecido a notificarse; por tanto, se ordena pasar los autos a la actuaria, a fin de que se practique la notificación correspondiente. CÚMPLASE. Auto de fecha de nueve de junio del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes en proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, sin que ninguna de ellas haya realizado manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector realizado por la autoridad responsable; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En principio, es necesario puntualizar que mediante sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a la quejosa María Magaly del Socorro Alcocer Bolio, respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En tal virtud, mediante proveído de noviembre de dos mil diecinueve, causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, por lo que se requirió a las autoridades responsables cumplir con la ejecutoria de mérito en los termos siguientes: No se aplique a la quejosa MARÍA MAGALY DEL SOCORRO ALCOCER BOLIO, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Como consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, deberá dejar insubsistente el oficio 023.302/SP/0985/2019, de seis de junio de dos mil diecinueve y, deberá reintegrar a la quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas de manera indebida y que tenga derecho a recibir su pago, siempre que no hayan prescrito o hayan sido recibidas por otro beneficiario, a partir del día siguiente del fallecimiento del trabajador pensionado, esposo de la promovente del amparo. En tal virtud, mediante auto de veinte de enero de dos mil veinte, se tuvo al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, informando que por oficio No.023.302/SP/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, le fue concedida a la parte quejosa la pensión por viudez identificada con el número 1726673 a través de la concesión de pensión 230001083519801; sin embargo, a efecto de realizar el pago mensual correspondiente de la pensión en cuestión, le solicitó por misiva 023.302/SP/074/2020 a la Jefatura de Servicios de Operación de Pagos y Presupuestos, con residencia en la Ciudad de México, el cambio de vigencia de 5 (trabajadora en activo) a vigencia 0 (vigente). Luego, mediante auto de veinte de febrero de ese año, la citada autoridad informó que derivado del oficio No.023.302SP/075/2019 de dieciséis de enero del año en curso, se realizó satisfactoriamente el cambio de vigencia de 5 (trabajadora en activo) a vigencia 0 (vigente), de la quejosa. Que la aquí quejosa comenzaría a gozar de su pensión por viudez de manera mensual e ininterrumpida a partir de la nómina ordinaria del mes de marzo de dos mil veinte. Que respecto al pago retroactivo de las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas de manera indebida a su pensión de viudez, informó que por medio del oficio No. 023.302/SP/280/2020, se le hace del conocimiento a la promovente de amparo que procederá a reintegrarle dichas cantidades, y precisó que la única retención fue la realizada mediante la liquidación de pago previa incorporación a nómina con folio 23001083519801, por lo que se le hará el pago retroactivo de las cantidades que le fueron retenidas en dicho documento, para lo cual se expedirá un cheque a su nombre por la cantidad de $369,421.60 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos con sesenta centavos 60/100 moneda nacional), el que estará a disposición de la promovente de amparo en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la segunda quincena de marzo dos mil veinte, presentando las copias y originales de las credenciales del pensionista y de elector vigentes, para acreditar su personalidad. Y por acuerdo de veinte de abril del año en curso se tuvo a la citada autoridad remitiendo copia certificada del cheque 0002324 por la cantidad de $369,421.60 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos con sesenta centavos 60/100 moneda nacional), y la constancia de recibo por parte de la quejosa el dieciocho de marzo de dos mil veinte. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del ámbito de sus atribuciones, expidió el oficio número No.023.302/SP/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, le fue concedida a la parte quejosa la pensión por viudez identificada con el número 1726673 a través de la concesión de pensión 230001083519801; asi como el oficio No. 023.302/SP/280/2020, en el que se le hace del conocimiento a la promovente de amparo que procederá a reintegrarle dichas cantidades, y la devolución de mediante cheque expedido a su nombre por la cantidad de $369,421.60 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos con sesenta centavos 60/100 moneda nacional), tal y como se estableció en el fallo protector dictado en autos. Por ende, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el dieciocho de marzo de dos mil veinte. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda al órgano jurisdiccional a recoger el documento que en original adjuntó a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dicho documento en su oportunidad, será destruido junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY."
- Principal
IV.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes en proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, sin que ninguna de ellas haya realizado manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector realizado por la autoridad responsable; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En principio, es necesario puntualizar que mediante sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a la quejosa María Magaly del Socorro Alcocer Bolio, respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En tal virtud, mediante proveído de noviembre de dos mil diecinueve, causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, por lo que se requirió a las autoridades responsables cumplir con la ejecutoria de mérito en los termos siguientes: No se aplique a la quejosa MARÍA MAGALY DEL SOCORRO ALCOCER BOLIO, en lo presente ni en lo futuro, el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Como consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, deberá dejar insubsistente el oficio 023.302/SP/0985/2019, de seis de junio de dos mil diecinueve y, deberá reintegrar a la quejosa las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas de manera indebida y que tenga derecho a recibir su pago, siempre que no hayan prescrito o hayan sido recibidas por otro beneficiario, a partir del día siguiente del fallecimiento del trabajador pensionado, esposo de la promovente del amparo. En tal virtud, mediante auto de veinte de enero de dos mil veinte, se tuvo al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, informando que por oficio No.023.302/SP/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, le fue concedida a la parte quejosa la pensión por viudez identificada con el número 1726673 a través de la concesión de pensión 230001083519801; sin embargo, a efecto de realizar el pago mensual correspondiente de la pensión en cuestión, le solicitó por misiva 023.302/SP/074/2020 a la Jefatura de Servicios de Operación de Pagos y Presupuestos, con residencia en la Ciudad de México, el cambio de vigencia de 5 (trabajadora en activo) a vigencia 0 (vigente). Luego, mediante auto de veinte de febrero de ese año, la citada autoridad informó que derivado del oficio No.023.302SP/075/2019 de dieciséis de enero del año en curso, se realizó satisfactoriamente el cambio de vigencia de 5 (trabajadora en activo) a vigencia 0 (vigente), de la quejosa. Que la aquí quejosa comenzaría a gozar de su pensión por viudez de manera mensual e ininterrumpida a partir de la nómina ordinaria del mes de marzo de dos mil veinte. Que respecto al pago retroactivo de las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas de manera indebida a su pensión de viudez, informó que por medio del oficio No. 023.302/SP/280/2020, se le hace del conocimiento a la promovente de amparo que procederá a reintegrarle dichas cantidades, y precisó que la única retención fue la realizada mediante la liquidación de pago previa incorporación a nómina con folio 23001083519801, por lo que se le hará el pago retroactivo de las cantidades que le fueron retenidas en dicho documento, para lo cual se expedirá un cheque a su nombre por la cantidad de $369,421.60 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos con sesenta centavos 60/100 moneda nacional), el que estará a disposición de la promovente de amparo en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la segunda quincena de marzo dos mil veinte, presentando las copias y originales de las credenciales del pensionista y de elector vigentes, para acreditar su personalidad. Y por acuerdo de veinte de abril del año en curso se tuvo a la citada autoridad remitiendo copia certificada del cheque 0002324 por la cantidad de $369,421.60 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos con sesenta centavos 60/100 moneda nacional), y la constancia de recibo por parte de la quejosa el dieciocho de marzo de dos mil veinte. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del ámbito de sus atribuciones, expidió el oficio número No.023.302/SP/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, le fue concedida a la parte quejosa la pensión por viudez identificada con el número 1726673 a través de la concesión de pensión 230001083519801; asi como el oficio No. 023.302/SP/280/2020, en el que se le hace del conocimiento a la promovente de amparo que procederá a reintegrarle dichas cantidades, y la devolución de mediante cheque expedido a su nombre por la cantidad de $369,421.60 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiún pesos con sesenta centavos 60/100 moneda nacional), tal y como se estableció en el fallo protector dictado en autos. Por ende, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. De igual manera, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el dieciocho de marzo de dos mil veinte. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda al órgano jurisdiccional a recoger el documento que en original adjuntó a su escrito inicial de demanda; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, dicho documento en su oportunidad, será destruido junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
IV.- Notificación personal.
- Principal
II.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de veinte de abril del año en curso, que en lo conducente dice: "Agréguense a estos autos el oficio y anexos de cuenta mediante el cual el Titular de la Unidad Jurídica en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, remite copia certificada de diversas constancias de las que advierte que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con apoyo en lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la misiva y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS computados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes invocado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica substancial, la tesis 2.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY."
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