Maria Maclovia Chavelas Villamil
Expediente 1299/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Maclovia Chavelas Villamil
- Presidente Y Tercer Arbitro del H. Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se advierte que la autoridad responsable del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado solicitado a través del oficio ********************, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, no remitió la totalidad de las constancias que integran el acto reclamado. Por tanto con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral ********************, a partir del dictado del laudo de veinte de febrero de dos mil dieciocho a la presente fecha, lo anterior para estar en aptitud de resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización, en relación con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan de nueva cuenta las doce horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. ... Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias derivadas del juicio laboral *****. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de amparo se requiere a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días: Remita copia certificada del exhorto, ordenado librar a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México, así como los anexos que deriven del mismo, en el auto dictado el veintiséis de septiembre del presente año. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, esto es, se hará efectiva la multa referida en dicho auto. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. ...vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del [1] Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; [2] Ayuntamiento; [3] Presidente municipal; [4] Síndico municipal y [5] Tesorero municipal, estos últimos de Tepoztlán, Morelos, se provee como sigue. Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento parcial. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con la fracción II del artículo 5, todos de la Ley de Amparo, ya que no revisten el carácter de autoridades responsables -para efectos del juicio de amparo- el [2] Ayuntamiento; [3] Presidente municipal; [4] Síndico municipal y [5] Tesorero municipal, todos de Tepoztlán,Morelos. Al efecto, se destaca que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De acuerdo con el contenido del numeral transcrito, son partes en el juicio de amparo el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el ministerio público federal. Tal disposición, denota que en los casos en que el acto cuya constitucionalidad se cuestiona derive de un juicio o controversia judicial, ya sea administrativo, agrario o del trabajo, le asistirá el carácter de autoridad responsable a la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin embargo, debe entenderse que sólo resulta serlo cuando la autoridad tenga tal calidad y no cuando se ostente en un plano de coordinación con el quejoso. Asimismo, resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales, en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Siendo aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, en términos de su sexto transitorio, tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/20113, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Precisado lo anterior, en el caso concreto, como ya se dijo, el argumento toral de la parte inconforme, gira en torno a que entre el ayuntamiento y la parte quejosa existe una relación de coordinación, de tal forma que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad, sino derivado de la relación laboral. Ahora bien, el Presidente municipal, Síndico municipal y Tesorero, en el procedimiento de ejecución de un laudo, pueden tener intervención como representantes del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, el cual es la parte demandada en el juicio burocrático de origen, pero en su carácter de patrón, lo que ineludiblemente pone de relieve que actúan en un plano de coordinación con el particular; razón por la cual no se les puede considerar como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque de acuerdo con los artículos 5 bis, fracción I, 15, 17, párrafo primero, y 18, fracción IV, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, disponen que el Ayuntamiento es el órgano colegiado y deliberante en el que se deposita el gobierno y la representación jurídica y política del Municipio, integrada por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores; que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; que el gobierno municipal está a cargo de un Ayuntamiento, el cual se integra por un Presidente Municipal y un Síndico, electos por el sistema de mayoría relativa; además, con los Regidores electos por el principio de representación proporcional, en el número que corresponda de acuerdo con lo que se dispone en la presente Ley; por cada uno de los miembros del Ayuntamiento se elegirá un suplente y que al Municipio de Tepoztlán, Morelos, le corresponden el número de Regidores ahí precisados. Ahora bien, si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 415, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, prescribe que el presidente municipal, entre otras obligaciones como funcionario ejecutor, debe cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado; ello no significa que la falta de cumplimiento al laudo respectivo, constituya un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que dicho funcionario sólo tiene intervención como representante jurídico y administrativo del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, en su carácter de patrón [en un plano de igualdad coordinación] porque en el marco normativo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; por lo tanto, el presidente municipal, regidores y síndicos, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor al ser integrantes del Ayuntamiento demandado en su calidad de patrón por un extrabajador del mismo. De modo que, si las autoridades municipales que, de acuerdo con la normatividad aplicable, tienen intervención en la etapa de ejecución de un laudo, conservan, en todo caso, el carácter de parte, al ser integrantes del Ayuntamiento, en el caso, de Tepoztlán, Morelos, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Además, debe tomarse en cuenta que la ley en consulta prevé disposiciones relativas a las sanciones en caso de que se cometan las infracciones a la ley o la desobediencia de las resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en su Título Undécimo, Capítulo Único, como a continuación se cita: "Artículo 123. Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente." "Artículo 124. Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I. Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II. Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." De los preceptos transcritos, se advierte que existe un medio de ejecución regulado en la legislación del Servicio Civil del Estado de Morelos. Asimismo, es importante precisar que el numeral 116 de la misma legislación local, establece que puede aplicarse de manera supletoria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en su defecto, la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. En vía de consecuencia, la regulación supletoria de la fase de ejecución corresponde a los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en su defecto, al Título Quince de la Ley Federal del Trabajo que regula el procedimiento de ejecución del laudo. Corrobora lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.)7, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate."8 Lo expuesto pone de relieve que en el ámbito local se prevé un procedimiento de ejecución de las determinaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al contemplarse en los artículos 123 y 124 de la legislación burocrática local la obligación de las autoridades de cumplir con sus resoluciones, con apercibimiento de multa de hasta quince salarios mínimos y destitución del infractor, sin responsabilidad para el Estado o municipio; normatividad que además establece como supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus artículos 150 y 151, y en su defecto, la Ley Federal del Trabajo, en su Título Quince Los artículos 150 y 151 de la legislación burocrática federal mencionada son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." ARTÍCULO 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da (sic) que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." Así, en el estado de Morelos están sujetas las autoridades en ejecución del laudo al imperio y las medidas correctivas que establezca el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de conformidad con los artículos mencionados de la Ley del Servicio Civil del Estado y de todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo que otorgan las diversas legislaciones de trabajo aplicables de manera supletoria. En ese tenor, de conformidad con los numerales citados, las autoridades en el ámbito local tienen la obligación por ley de cumplir con las resoluciones emitidas por el tribunal burocrático, con apercibimiento de multa y destitución del infractor, sin responsabilidad para el Estado o municipio, y además de aplicar cualquier medida que razonablemente sea necesaria para el debido cumplimiento del fallo, de tal modo que las autoridades demandadas puedan ser obligadas a pesar de que no sea su voluntad cumplir con los laudos. De ahí que, en ejecución de los laudos en materia burocrática estatal, el municipio demandado y, en general todas las autoridades que lo conforman y que están vinculadas a su cumplimiento, nunca dejan de estar sometidas al imperio del tribunal en una relación de supra a subordinación, por lo que no resulta posible tenerlas como "autoridades" para los efectos del amparo, al no situarse, de acuerdo con la legislación aplicable, en un plano de desigualdad respecto de la parte trabajadora. Cabe precisar que lo anterior no implica que el quejoso quede en estado de indefensión; puesto que, como se explicó, la legislación local y las que de manera supletoria son aplicables, prevén sanciones en caso de desobediencia de las resoluciones emitidas por el tribunal laboral, mediante las cuales puede coaccionarse a la parte condenada, sin que haya excepción alguna para las autoridades municipales. Robustece a lo anterior, las consideraciones de la jurisprudencia 2ª./J. 79/20149, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor."10 Incluso, cabe señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 363/2017 determinó que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral, en el que figuró como parte demandada algún ayuntamiento de una entidad federativa, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en su legislación estatal respectiva exista un procedimiento para hacer cumplir dichos fallos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.)11, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Es importante destacar que este órgano jurisdiccional no inadvierte el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/201112 de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)"; sin embargo, no es aplicable al caso, porque el razonamiento que la sustenta tiene su origen en la imposibilidad para sujetar a ejecución forzosa a las dependencias federales, en términos del artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles; lo cual no ocurre en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que rige el asunto burocrático de origen. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA DE MANERA PARCIAL LA DEMANDA DE AMPARO, por lo que hace a los actos reclamados al [2] Ayuntamiento; [3] Presidente municipal; [4] Síndico municipal y [5] Tesorero municipal, todos de Tepoztlán, Morelos. Cabe precisar que tales consideraciones sustentaron la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 109/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, son sede en esta ciudad, al resolver el medio de impugnación interpuesto en contra de la determinación dictada el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 430/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Admisión parcial de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo únicamente respecto de lo reclamado al [1] Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su INFORME JUSTIFICADO, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la quejosa en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio... Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte de la quejosa en casos como este, no tiene el carácter de tercero interesado, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido y/o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte de la quejosa. Aunado a lo anterior, el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo del juicio laboral, en la que se condenó a la parte demandada, a la cual no se le debe reconocer el carácter de tercero interesado, porque se debe evitar que el juicio de amparo se constituya en un medio que permita al destinatario de la ejecución del laudo tomar conocimiento de que se promovió el procedimiento de ejecución en su contra, dando oportunidad para que, eventualmente, se lleven a cabo maniobras tendentes a frustrar la eficacia de la ejecución solicitada. Lo anterior así se advierte de la parte conducente de la jurisprudencia 1a./J. 38/2014 (10a.)14, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta orientadora y cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO MERCANTIL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y LEGISLACIÓN MERCANTIL PREVIA AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2014)". Incidente de suspensión. No se ordena formar incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Tribunal Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica en el escrito de demanda y por autorizadas en los términos que solicita a las personas que designa, dado el carácter que tiene la parte quejosa en el juicio de origen. Autorización de copias y uso de medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe
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