María Maciel Pérez Pérez
Expediente 127/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Maciel Pérez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que no obra en autos constancia (acuse de recibo) relativa a la notificación del sobreseimiento decretado en el presente juicio, respecto de la autoridad foránea señalada como responsable, con el cual computar el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, puesto que el sobreseimiento del juicio fue dictado en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó fuera de audiencia constitucional. Toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente glósese en autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Directora del Hospital General de Zona No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta localidad, toda vez que el diecinueve de mayo pasado se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Directora del Hospital General de Zona No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta localidad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en providencia de doce de mayo pasado, remite copia certificada de diversas constancias atinentes a la valoración de la aquí quejosa en el área de especialidad de nefrología, las que se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. En ese sentido, del análisis efectuado a las constancias que remite la autoridad responsable como sustento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIONDESUSEFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2446). ACTO RECLAMADO, CESACIONDESUSEFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731)." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) La gestionante del amparo acudió al presente juicio reclamando: La negativa u omisión de proporcionarle el servicio médico adecuado y acorde a su enfermedad, así como el tratamiento especializado para ello. B) De acuerdo con las constancias que remitió la Directora del Hospital General de Zona No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta localidad, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en providencia de doce de mayo pasado, se desprende que: El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la aquí quejosa fue valorada por la especialidad de nefrología, indicándole como plan de manejo para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que padece, tratamiento de sustitución renal bajo la modalidad de hemodiálisis, tres sesiones por semana hasta disfunción de FAVI BC derecha. En tales condiciones, es incuestionable que la negativa u omisión de proporcionarle el servicio médico adecuado, así como el tratamiento especializado para ello,que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido ala solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la parte quejosa ya fue valorada por la especialidad de nefrología (atención médica adecuada), indicándole tratamiento de sustitución renal bajo la modalidad de hemodiálisis tres sesiones por semana, hasta disfunción de FA VI BC derecha (tratamiento especializado), lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional, consistente en la negativa u omisión de proporcionarle el servicio médico adecuado y acorde a su enfermedad, cesó en sus efectos, ya que con las constancias que remire la autoridad responsable, dan noticia de que ya recibió la atención médica y el tratamiento adecuado a su padecimiento, por lo que ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el estado de autos se desprende, que en providencia de tres de mayo pasado, se tuvo a la Subdirectora Médica del Hospital General de Zona número 4 en Celaya, Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, informando que una vez que se otorgara la valoración médica a la parte quejosa, remitiría copia certificada de las documentales que así lo acrediten; en tal virtud, requiérase a dicha autoridad, para que en el término de tres días legalmente computado, informe sobre dicha situación, y en su caso, remita las constancias conducentes; o en su caso, manifieste el impedimento legal que tuviere para ello; lo anterior, para estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente juicio, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le podrá imponer una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, prevista en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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