María Lydia Sánchez Jaimez
Expediente 1691/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1691/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pleno del Congreso del estado de Morelos
- María Lydia Sánchez Jaimez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso b) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser conservable, toda vez que, la suspensión definitiva se determinó concederla. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1691/2022, ********************, por propio derecho y en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, contra actos del Pleno del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, por propio derecho y en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: Autoridad Responsable Acto reclamado 1. Pleno del Congreso del estado de Morelos. ".la discusión, aprobación y, expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II.". 2. Gobernador del estado de Morelos. ".la promulgación y orden de publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II." 3. Secretario de Gobierno del estado de Morelos. ".el refrendo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, artículo 11, primer párrafo, fracción II.". 4. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos. ".la publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, artículo 11, primer párrafo, fracción II.". 5. Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Acuerdos de fecha 28 de noviembre emitidos en los expedientes TJA/3ªS/17/2019 y TJA/3ªS/96/2019 mediante los que se impuso multas por (100) Cien y (80) Ochenta unidades de medida y actualización, respectivamente, notificados mediante oficios 5345/2022 y 5337/2022 en las instalaciones del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós. 6. Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos. El procedimiento de ejecución del cobro de la multa ordenado por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en los expedientes TJA/3ªS/17/2019 y TJA/3ªS/96/2019. SEGUNDO. Trámite. El veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1691/2022, se radicó la demanda, y en atención a que los actos reclamados en esta instancia no se encontraban vinculados entre sí, ya que derivan de expedientes diversos, se decretó la separación de juicios y se estableció que en el presente sumario se estudiarían los actos reclamados en relación al expediente TJA/3ªS/17/2019 y no así los concernidos al diverso sumario TJA/3ªS/96/2019. En ese mismo auto, se admitió la demanda únicamente por cuanto a los actos reclamados derivados del expediente JA/3ªS/17/2019, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad. La demanda de amparo fue promovida respetando el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa fue notificada del acto que reclama el dos de diciembre de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias remitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y el escrito inicial se presentó el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior es así, ya que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la notificación surtió sus efectos al día siguiente que le fue realizada, por lo que el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al veintiséis del mes de diciembre de dos mil veintidós, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, ya que fueron inhábiles, acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: El proceso legislativo respecto del artículo 11, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. El acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro del expediente TJA/3ªS/17/2019, por el que se impone a la quejosa una multa de cien unidades de medida da actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 80/100 Moneda Nacional); así como la ejecución de dicho proveído. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos. Lo cual se encuentra confirmado de acuerdo con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión a las estatales, implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 191452, de rubro y texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañó relativo al procedimiento de ejecución de sentencia dentro del expediente TJA/3ªS/17/2019. Documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte, la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, en representación del Titular de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, debe tenerse por cierto, dado el carácter de ejecutora que le asiste, habida cuenta que en la determinación controvertida se ordenó girar oficio a dicha responsable a efecto de hacer efectiva la multa impuesta a la quejosa. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que, constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal de examen oficioso, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Consideraciones previas. A fin de estudiar las causas de improcedencia que se estima se actualizan en el presente asunto, se considera necesario apuntar los siguientes antecedentes: Dentro del procedimiento de donde emanan los actos reclamados, esto es, el expediente TJA/3ªS/17/2019, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se condenó a diversas autoridades del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, al pago del importe de diversas prestaciones en favor de José Pablo Salado Stefanoni. En acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la Sala responsable requirió el cumplimiento de la citada determinación las autoridades correspondientes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se aplicaría la medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la fracción II, del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa; determinación que se notificó a la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos -cargo que la quejosa ocupa- el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en virtud de que las autoridades requeridas no dieron cumplimiento al requerimiento formulado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y, en términos del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se impuso la multa indicada a la aquí quejosa; asimismo se le requirió nuevamente el cumplimiento del fallo condenatorio, apercibiéndola en caso no hacerlo, se le impondría diversa multa; dicha determinación le fue notificada el dos de diciembre de dos mil veintidós. Esta determinación es la que se reclama en esta instancia constitucional, y que a decir de la quejosa, se tilda de inconstitucional. Establecido lo anterior, se procede a estudiar las causas de improcedencia que se estiman actualizadas en el presente asunto. Causa de improcedencia respecto a la legitimación de la quejosa ********************, promoviendo con el carácter de Sindica Municipal de Zacatepec, Morelos. Este juzgador de Distrito advierte de oficio que por cuanto a que la quejosa promueve como Sindica Municipal de Zacatepec, Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, 6 y 7, de la Ley de Amparo, puesto que carece de interés jurídico para reclamar la multa impuesta en el juicio de origen, ya que los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]." "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De los artículos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Dicho precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el amparo debe ser promovido por la persona que ve afectado su interés legítimo o esfera jurídica con motivo de la emisión y/o ejecución de un acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), con registro digital 2019456; cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente" Por lo que el juicio de amparo solo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta el acto reclamado y las autoridades pueden acudir a dicha vía constitucional únicamente cuando: La norma general, el acto u omisión afecten su patrimonio. Respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Dicho lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley de Amparo, una persona jurídica colectiva oficial solo podrá ocurrir al amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte directamente los intereses patrimoniales de aquélla, pero tratándose de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7° de la Ley de Amparo, conforme a la cual, las personas jurídicas colectivas oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales; pero, se insiste, cuando haya actuado en un plano de igualdad con los particulares, no así, cuando hayan sido demandados en una contienda, precisamente, en su carácter de autoridad. En este orden de ideas, la quejosa carece de legitimación para acudir al juicio constitucional, en razón de que el acto reclamado se dictó en un juicio contencioso administrativo en el que figura como parte demandada a defender la legalidad de un acto emitido en su carácter de autoridad, es decir, el acto reclamado no derivó de un procedimiento en el que se encontró en un plano de igualdad con el particular, por lo que al imponerse la multa -que ahora se reclama-, se entiende que se aplica y dirige a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no a la dirección, dependencia u organismo oficial. Precisado lo anterior, ********************, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos carece de interés jurídico en este juicio debido a que la multa contenida en el acuerdo que se reclama, se encuentra dirigido a la persona física que ostenta el carácter de funcionario municipal, y no a las dependencias como órganos de gobierno. Ahora bien, la medida prevista en el mencionado artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, se aplica a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no al órgano de gobierno como tal. En consecuencia, la medida de apremio que contiene el artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, por lo que dicha persona, por derecho propio, es la única legitimada para promover el juicio de amparo, no así en su carácter de autoridad como funcionaria pública, pues no es al organismo público que representa al que se impuso la multa sino a su persona en su actuar como funcionario. Así, serán las personas físicas quienes deban cubrir la multa con recursos de su patrimonio y no con los de la dependencia que representan o a la que pertenecen. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.65/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2009360, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Con base en lo anterior es que se estima que ********************, como Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, carece de interés jurídico para reclamar la medida de apremio impuesta, dado que con dicho acto no se ve afectado el patrimonio de la dependencia cuya titularidad ostenta, ya que dicha medida de apremio se impuso al servidor público que lo representa, en su calidad de sujeto de derecho privado que ocupa el cargo. Por lo anterior, al carecer la referida quejosa del interés legítimo para solicitar la protección constitucional con ese carácter, es incuestionable que respecto de la multa impuesta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, 6 y 7 de la citada ley. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" Por lo antes expuesto, se sobresee en el presente juicio respecto de ********************, en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Causa de improcedencia respecto a que no se agotó el principio de definitividad. Ahora bien, en cuanto al reclamo de ********************, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 104, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues el acto reclamado no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, debido a que la quejosa no agotó el medio ordinario de defensa en contra de la multa impuesta en el juicio de origen. El referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria contempla algún medio de defensa, que permite que sean modificadas, revocadas o nulificadas; esto es, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le agravie, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Asimismo, dicho precepto establece una serie de excepciones respecto de las cuales se permite a la parte quejosa que acuda al juicio de amparo, sin necesidad de agotar el recurso ordinario que prevean las leyes respectivas, sin embargo dichas excepciones deben encuadrar en las hipótesis establecidas, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa. En el presente asunto, se considera que la quejosa no agotó el principio de definitividad, debido a que omitió interponer el recurso de reconsideración, previsto en los artículos 104, 105 y 106, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, los cuales establecen: "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala". "Artículo 105. El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente" "Artículo 106. Del escrito de reconsideración se dará vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término, se turnara el recurso para resolver, la Sala dictará la resolución que corresponda en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de su publicación en la Lista" De dichos preceptos se advierte que la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos prevé la existencia del recurso de reconsideración, que procede en contra de las providencias o acuerdos que dicten las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. Medio de impugnación que es procedente en contra de la multa impuesta en el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJA/3aS/17/2019. Sin que obste a lo anterior, que en el caso, el acto reclamado pudiera considerarse como de imposible reparación, ya que dicha circunstancia no exime a la quejosa de agotar los recursos ordinarios de defensa y así cumplir con el principio de definitividad. Esto es así, ya que la irreparabilidad de los efectos que en su caso pudiera producir el acto reclamado y la obligación que tiene la quejosa de agotar los medios ordinarios de defensa -principio de definitividad-, son conceptos autónomos que no se excluyen entre sí. Así que el hecho de que se reclamen actos que produzcan sobre las personas efectos de imposible reparación, no dispensa a la quejosa de cumplir con el deber de agotar los medios ordinarios de defensa antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es acorde a lo razonado en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2017117 que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". No se pierde de vista que la quejosa reclamó también la inconstitucionalidad del artículo 11, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos; sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para justificar la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tratándose del amparo contra leyes, promovido con motivo del primer acto de aplicación, los juzgados de distrito y tribunales de circuito deben analizar, en principio, si el amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado. Esto es acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 71/20007, con registro digital 191311, que dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Por lo hasta aquí señalado se estima que en el caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de amparo, y por ende la hipótesis de sobreseimiento contemplada en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, precepto que literalmente establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En virtud de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman a la autoridad ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Finalmente, se hace patente que la presente determinación es acorde al criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el amparo en revisión 536/2022, mediante la cual confirmó la sentencia dictada en el amparo indirecto 797/2022, del índice de este propio Juzgado de Distrito. Por lo antes expuesto, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, por propio derecho y en su carácter de Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, respecto de los actos y contra las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por Ecliserio Linares Angulo, mediante el cual pretende señalar nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo citado al rubro. En tales condiciones, dígasele al ocursante que no ha lugar acordar de conformidad su petición en virtud de que, no cuenta con personalidad en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por Ecliserio Linares Angulo, mediante el cual pretende señalar nuevo domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con el juicio de amparo citado al rubro. En tales condiciones, dígasele al ocursante que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud de que no cuenta con personalidad en el presente juico de amparo. Ahora bien, en virtud de que el tres de marzo de dos mil veintitrés, fue celebrada la audiencia constitucional y los autos del juicio de amparo se encuentran en estado de resolución. Cuadernillo provisional: Atento a lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con el presente acuerdo, a fin de que pueda ser agregado una vez que sea emitida la sentencia correspondiente. Se cita por la razón que informa, la tesis IV.2º.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN." Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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