María Lydia Sánchez Jaimez

Expediente 1262/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1262/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • María Lydia Sánchez Jaimez
  • José Luis Maya Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1262/2023-II, promovido por ********************, contra el acto que reclama del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otra autoridad, por considerarlo violatorio de los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 2 a 8), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el veintidós siguiente, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "1. MAGISTRADO TITULAR DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS, con domicilio ubicado en Calle Gutenberg No. 3 3er. Piso Centro las Plazas Cuerpo-B Col. Centro, Cuernavaca, Morelos. (.) DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio ubicado en Casa Morelos, Plaza de Armas S/N, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000." ACTOS RECLAMADOS "Se reclama la IMPOSICIÓN DE UNA MULTA EXCESIVA prevista en el Artículo 11, fracción II, de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, medio de apremio notificado mediante oficios número 3131/2023, recibido en la Presidencia Municipal y 3133/2023, recibido en la Tesorería Municipal; ambas del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos en fecha veinticinco (25) de agosto de la presente anualidad. (.) De esta autoridad se reclama LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTA ordenado por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente TJA/3AS/79/2016." SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo, radicándola con el número 1262/2023, desechándola parcialmente y admitiéndola únicamente por ********************, asimismo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a una autoridad en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Materia, Común. Página: 705, Décima Época, Registro, 2010982 de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa el acto reclamado. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama: De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: El acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, mediante el cual se le impone a los quejosos una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Del Director General de Recaudación, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, lo siguiente: La ejecución del acuerdo indicado. TERCERO. Acto existente. El Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (fojas 23 a 25), y la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, en representación del Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (fojas 71 a 79) al rendir sus informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman. Apoya la decisión adoptada, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, Materia Común, Tesis 749, Página 830, Registro 1002815, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se robustece con las copias certificadas del expediente ********************, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. Sirve de sustento la tesis aislada Tesis: 1a. CCXCI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2007064, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I. Materia Constitucional, Página 536, de rubro y texto: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador. Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, Novena Época, Registro 165538, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI. Enero de 2010. Materia Común. Página: 324, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Como acertadamente lo refiere el Magistrado responsable al momento de rendir su informe justificado, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, en el que se impone una multa a los quejosos, equivalente a cien unidades de medida y actualización, se actualiza la improcedencia a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en razón de que en el caso, la parte quejosa no dio cumplimiento al principio de definitividad; numeral que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De la citada fracción se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer previamente los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, ya que entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional, se encuentra el de definitividad, que debe entenderse como un principio de procedibilidad de la pretensión; según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado; con la excepción en los casos de terceros extraños a juicio, o cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, auto de vinculación a proceso, órdenes de aprehensión y reaprehensión, entre otros actos emitidos dentro del procedimiento penal. Ahora, en el presente asunto, en contra del referido acto reclamado procede el recurso de reconsideración previsto en el artículo 104 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, vigente a partir del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, el cual tiene por objeto revocar o modificar las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio administrativo; numeral que establece: "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala." Por tal motivo, al tener por objeto dicho medio ordinario de defensa anular o modificar la actuación reclamada, es necesaria su interposición previo a promover el juicio de amparo indirecto. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto reclamado es un proveído proveniente de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 2. El citado recurso de reconsideración, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 3. Ese medio de defensa, opera dentro del procedimiento del juicio en donde se dictó el acto reclamado; y, 4. Por virtud del referido recurso de reconsideración, el acuerdo dictado por la responsable, puede ser modificado, revocado o nulificado. En consecuencia, la omisión de hacer valer ese medio de impugnación, de acuerdo con las reglas de su procedencia, implica el consecuente incumplimiento al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, exigido para la procedencia del juicio de amparo. Además, no se puede considerar que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, ya que sólo opera en los siguientes casos: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Hipótesis anteriores dentro de las que no encuadra el acto reclamado - acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, en el que se impone una multa a los quejosos, equivalente a cien unidades de medida y actualización - porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que los quejosos son parte demandada en el juicio de origen, precisamente, por ostentar los cargos de -Presidente Municipal y Tesorera, ambos del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, -de ahí que no se traten de personas extrañas al procedimiento. Por lo que previo a promover juicio de amparo, tenían la obligación de cumplir con el principio de definitividad a través del recurso de reconsideración previsto por el artículo 104 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. No obsta a lo aquí considerado que en la demanda de amparo se argumentaran violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la "falta de fundamentación y motivación" o que el monto equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigentes a la fecha de la imposición de la multa reclamada es excesivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 Constitucional, en primer lugar porque contrario a lo señalado por la parte quejosa el apercibimiento que se hizo efectivo en el acuerdo reclamado dictado el quince de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, así como el auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la que se previno con la multa reclamada se precisaron los artículos 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como el precepto 28, fracción III y quinto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, además se precisó que la imposición de la multa se decretó en función de la contumacia de la autoridad y del incumplimiento a la sentencia, determinación que dijo adoptó atento al principio de justicia pronta y expedita para efecto de que acatara la resolución adoptada en el procedimiento judicial, agregando que por encima del interés individual del afectado se encontraba el de la sociedad de que las sentencias dictadas se cumplan a la brevedad posible, lo que hace evidente que no existe una falta de fundamentación y motivación, por lo que el argumento formulado en ese sentido no constituye una violación directa a la constitución. En segundo lugar porque además de los dos argumentos de violaciones directas a la constitución, la parte quejosa también hizo valer violaciones a las leyes del procedimiento, dentro del expediente ********************, por lo que en el caso no sólo se reclaman violaciones directas a la Constitución sino también se hacen valer cuestiones de mera legalidad las que al haberse formulado hacen incompatible la procedencia, por excepción, del juicio de amparo indirecto; de ahí que se concluya que en el caso no se está en presencia de un amparo en el que opere la excepción al principio de definitividad. Lo anterior es así, debido a que los conceptos de legalidad son alegatos de violaciones indirectas a la Constitución que se suscitan a través de las garantías formales y procesales que establecen sus artículos 14 y 16, de manera que, en estos casos, sólo se pretende un pronunciamiento sobre un acto en sentido estricto, mediante la interpretación de la ley. Sustenta la consideración aquí sostenida la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos de localización: Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, registro 237480, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." En efecto, la excepción al principio de definitividad se admite solamente cuando en la demanda de amparo se alegan "únicamente" violaciones directas a la Constitución Federal, es decir cuando éstas se acusan de manera exclusiva y sin mezclarlas con argumentos relativos a la transgresión a preceptos secundarios. Ello es así, puesto que si al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de ordenamientos secundarios, se hace valer la transgresión directa de preceptos constitucionales, el afectado no queda relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los medios de defensa previstos en la ley ordinaria aplicable, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Por tanto, al tener plena certeza de que contra del acto reclamado consistente en el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, procede un medio de defensa dentro del procedimiento del que deriva -recurso de reconsideración- que no fue agotado antes de promover el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos, de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Décima Época, Registro 2017117, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual forma, apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1654, Novena Época, Registro 175974, que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades aquí precisados. Además el sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución, dentro de los que se encuentran los mandamientos de ejecución ********************, emitidos por el Director General de Recaudación, dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, mediante el cual, se requiere a los quejosos el pago de la multa impuesta por la citada Tercera Sala en proveído de quince de agosto del año en curso, toda vez que tales oficios, no fueron atacados por vicios propios si no como consecuencia directa del acuerdo que hace efectivo el apercibimiento e impone a los quejosos la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, respecto del cual, el juicio de amparo es improcedente, por no agotar el recurso de reconsideración previamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación.Volumen 24, Tercera Parte, página 50, Séptima Época, Registro 239008, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso como lo es el sobreseimiento por actualizarse una causal de improcedencia; por tanto, al existir un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, materia común, página 49, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Protección de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, así como por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, en representación del Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe de referencia para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga.****************************************Por otra parte, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designa.****************************************Asimismo, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas las pruebas que refiere, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional.****************************************Además, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se por señalada la cuenta de correo electrónico y número telefónico que precisa como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, el cual podrá ser utilizado por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello.****************************************Asimismo, de conformidad con el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la citada autoridad responsable, con base en los usuarios "********************", "********************", "********************", "********************", y "********************", toda vez que de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dichos usuarios sí se encuentran registrados y autorizados para realizar la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo.****************************************Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con los usuarios relativos a los nombres de la autoridad oficiante, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial A de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo.****************************************Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad exactora el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2008986, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1830, de rubro y texto siguientes:********************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran".****************************************Así como la diversa tesis aislada I.1o.A.22 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2008987, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página: 1831, de rubro y texto siguientes:********************"REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente"****************************************Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO. SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE TIENE POR NOTIFICADA(O) DEL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTAD(O) A POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 1262/2023 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las diez horas con cuarenta y dos minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo fueron declarados inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y, se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.****************************************Notifíquese personalmente.*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que se declararon inhábiles del dieciocho al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, agréguese el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual da cumplimento al requerimiento formulado en proveído de cinco de octubre del año actual, remitiendo copia certificada de lo ahí solicitado; por tanto, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga, asimismo, se tiene por satisfecho y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a su favor las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.

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