María Luz Mendoza Abella
Expediente 1434/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1434/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Luz Mendoza Abella
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el ocurso presentado por la promovente del amparo, mediante el cual, desahogan el requerimiento formulado en auto de cuatro de diciembre del año en curso. En ese sentido, vista la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, presentados por ***************, en su carácter de apoderada de *************** y de ****************, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ******************* -personalidad que le fue reconocida en proveído de cuatro del mes y año en curso-, contra actos de la Cuarta Sala y del Juez Cuarto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; con fundamento en los numerales 1°, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo SE ADMITE A TRÁMITE LA REFERIDA DEMANDA. En términos de lo dispuesto por los artículos 5°, fracción IV y 26, fracción III, de la ley de la materia, mediante notificación por lista, dése la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días y acompañar en su caso, copia certificada de las constancias en que lo apoyen. Hágaseles saber que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 115 y 117 de la legislación en cita, en caso de que omitan rendir su informe se presumirán ciertos los actos que se le reclama, salvo prueba en contrario; además, se harán acreedoras a una multa por el monto de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual equivale a multiplicar por cien el valor diario de la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés- tal como está previsto en el precepto 260, fracción II del mismo ordenamiento. Se fijan las NUEVE HORAS Y TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Como se solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción I, de la Ley de la Materia, fórmese en cuerda separada el incidente de suspensión. Con fundamento en lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a la sucesión a bienes de ********************. Así, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), del mismo ordenamiento, túrnense los autos al actuario de la adscripción, para que se constituya en el domicilio señalado por la parte promovente a fin de que sea emplazada a esta instancia constitucional, a través de quien legalmente la represente. Se hace notar que, de resultar incorrecto el domicilio proporcionado, si el funcionario judicial es informado de que la parte buscada puede ser localizada en otro lugar, está facultado para constituirse de inmediato en el mismo a fin de practicar la diligencia de mérito, servidor público que deberá cumplir con las exigencias de ley. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario a fin de que -de ser necesario- pueda practicar los llamamientos, así como cualquier otra notificación o actuación decretada en el presente juicio en días y horas inhábiles. Por otra parte, prevéngase a las partes para que en observancia de lo previsto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, de lo contrario se harán acreedoras a una medida de apremio contemplada en el artículo 251, en relación con el diverso 238 de la multicitada ley, consistente en una multa equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización por treinta veces. Ahora, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: Obtengan su firma electrónica FIREL. Se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica, asimismo, en la medida de lo posible realicen todas sus promociones por esa vía. De igual manera, para que en su primera comparecencia, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, a efecto de lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. En el caso de las autoridades responsables, al tomar en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no permite una comunicación idónea para tal fin, se les requiere para que proporcionen a este juzgado una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales, en la inteligencia de que si requieren un correo de contacto de este órgano jurisdiccional, se encuentra a su disposición la siguiente dirección "**************". Finalmente, de acuerdo con lo establecido en los preceptos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos, en términos de los artículos 1°, quinto párrafo, 6°, 16, 17, 18, 21 y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la tercera interesada y por lista a las demás partes.
- Incidental
Visto lo de cuenta -vid supra- como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del auto de esta fecha, de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, presentados por ***************, en su carácter de apoderada de ********************y de ***************, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de********************, contra actos de la Cuarta Sala y del Juez Cuarto, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 125, 128, 130 y 138 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, fórmese por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1434/2023.. En ese sentido, con apoyo en el citado artículo 138, fracción III, de la ley de la materia, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para tal efecto remítaseles copia de la demanda y aclaratorio posterior. Hágaseles saber, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 142 de la legislación en comento, que en caso de no rendir su informe se presumirán ciertos los actos que se les reclama, salvo prueba en contrario y se hará acreedoras a una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual es el equivalente a multiplicar por cien el valor diario de la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés-, tal como está previsto en el precepto 260, fracción I del mismo ordenamiento. Se les requiere para que al rendir su informe previo, en observancia al artículo 140 de la legislación en cita, proporcionen los datos que tenga a su alcance y que puedan servir a este órgano jurisdiccional para proveer sobre la suspensión definitiva -de ser procedente la misma-. En otro orden de ideas, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó declarar como días no laborables para el Tribunal Superior de Justicia de esta entidad, entre otros, del dieciocho de diciembre de la presente anualidad al cinco de enero de dos mil veinticuatro, por corresponder con su segundo periodo vacacional de este año; en consecuencia y a fin de que la autoridad responsable cuente con el plazo legal para remitir en tiempo y forma su informe previo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las NUEVE HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Sentado lo precedente, de la demanda de amparo se aprecia que los promoventes le atribuyen el acto reclamado a las autoridades responsables y los hacen consistir en los siguientes: La resolución de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ********************, que confirmó la interlocutoria de cinco de julio del año en curso, emitida en el "incidente de ejecución de sentencia, pago de rentas de los departamentos tres, cinco y seis del inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, alcaldía ********************, Ciudad de México" deducido del juicio ordinario civil, expediente ********************del índice del Juzgado Cuarto Civil de esta ciudad, promovido por ********************, en contra de ********************y de********************, su sucesión -aquí quejosos-. Cabe precisar que la determinación subyacente, el juez natural declaró procedente el incidente de mérito, por lo que condenó a los quejosos al pago de la cantidad de $********************pesos********************/100 moneda nacional), por concepto del veinticinco por ciento de las rentas de los departamentos antes señalados, de diciembre de dos mil doce al uno de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, para determinar si resulta o no procedente conceder la suspensión peticionada, se debe tomar en consideración -además de que la soliciten los quejosos-, los requisitos a que alude el arábigo 128 de la Ley de Amparo, a saber: i) Tener certidumbre sobre la existencia del acto reclamado -en el caso de la suspensión provisional, pueden tomarse en cuenta las manifestaciones hechas por la peticionaria del amparo bajo protesta de decir verdad-. ii) El acto reclamado de acuerdo con su especial naturaleza, debe ser susceptible de suspenderse. iii) Examinar que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y; iv) Tomar en cuenta la posibilidad de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, según las circunstancias del caso. Bien, el análisis de los anteriores elementos se realiza de la siguiente forma. En la especie, en lo relativo a la existencia del acto reclamado citado supra líneas, se presume cierto, pues así lo manifestó la parte quejosa -bajo protesta de decir verdad- en su escrito de demanda. Respecto del punto relacionado debe decirse que el acto reclamado se traduce en un actuar positivo de la autoridad responsable, ya que tiene como consecuencia el pago que realicen los agraviados de una cantidad liquida en favor de la parte actora. Aspecto que puede ser suspendido en relación con determinadas consecuencias que se precisarán más adelante, pues la paralización de tal acto sólo sería temporal, en la inteligencia de que suspender no significa destruir, porque la materia de lo suspendido subsiste y no desaparece. En cuanto al orden público y el perjuicio al interés social, en términos del artículo 129 de la legislación de la materia, en la especie con el otorgamiento de la medida solicitada, no se contravienen ya que únicamente lo que se suspende son los efectos de la resolución cuestionada, lo que además atiende a la preservación de la materia del amparo. En la especie, se torna innecesario realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, derivado de la acreditación de los puntos anteriores. En las relatadas consideraciones, este órgano jurisdiccional considera que es jurídicamente procedente suspender la ejecución del acto reclamado destacado en líneas que anteceden, para que las autoridades responsables tomen las medidas necesarias a efecto de que sin paralizar el procedimiento de ejecución, no se haga el pago a la actora, del monto al que se condenó a los hoy inconformes en la resolución de cinco de julio del año en curso, dictada en el juicio de origen, desde luego, si ello no ha sucedido. La razón que adicionalmente sustenta dicha conclusión, es que de conformidad con el arábigo 139 de la Ley de Amparo, en los casos en que proceda la suspensión del acto reclamado conforme a los artículos 128 y 131 de la legislación en comento, si hubiere peligro inminente de que aquél se ejecute con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes, para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados hasta donde sea posible; además deberá velar porque no quede sin materia el juicio de amparo. Con base en todo lo razonado, la determinación que ahora se dicta prevalecerá hasta que se haga del conocimiento de la responsable la determinación que recaiga sobre la suspensión definitiva. En la inteligencia de que esta suspensión provisional solamente surte efectos, en los términos que fue concedida en relación con la autoridad y por el acto mencionado en la demanda de amparo, la cual surtirá efectos de inmediato, aunque sea recurrida, pero dejará de surtirlos si dentro del plazo de cinco días la parte quejosa omite otorgar garantía por el monto de $********************pesos********************/100 moneda nacional), en póliza de fianza o billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito o en cualquier forma establecida por la ley, a nombre de la parte quejosa y a disposición de este juzgado federal. La necesidad de fijar la garantía obedece a la naturaleza del acto reclamado, ello dado que al concederse la suspensión provisional para que no se lleve a cabo la entrega del numerario al que fueron condenados los quejosos, es inconcuso que con motivo de tal paralización, podrían generarse daños y perjuicios a la parte tercera interesada, quien ya obtuvo dicha prerrogativa. Cabe señalar que el artículo 2108 del Código Civil Federal, define como daño lo siguiente: "Artículo 2108.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." Concomitante, los daños se refieren también a la pérdida del poder adquisitivo en relación con dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. En tanto que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de dicha suma durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del asunto, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), la cual puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, cabe destacar que la garantía otorgada resulta de la adición de los montos de $********************(dos mil cuatrocientos ******************** pesos********************/100 moneda nacional) y $********************pesos********************/100 moneda nacional), las cuales sirven para garantizar, respectivamente, los daños y los perjuicios que se puedan ocasionar a la tercera interesada con motivo de la suspensión provisional concedida contra los actos reclamados. Para calcular tales importes, se tomó en cuenta monto total al que fueron condenados los inconformes, esto es, de $********************pesos********************/100 moneda nacional). Entonces, por lo que hace a los daños que se pueden provocar a la parte tercera interesada con motivo de la concesión de la suspensión provisional, se tiene en cuenta el porcentaje inflacionario por el tiempo que el juzgador estime podría estar vigente la medida aquí otorgada, para lo cual es factible acudir al Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México mensualmente publica en el Diario Oficial de la Federación; en el caso, corresponde a 4.32% (cuatro, punto, tres, dos, por ciento), relativo a la tasa mensual -la cual es anualizada- se obtiene 0.3600% (cero, punto, tres, seis, cero, cero, por ciento), que multiplicado por la cantidad señalada en párrafos precedentes, da como resultado $********************(********************pesos********************/100 moneda nacional), cuyo resultado multiplicado a la vez por tres meses -tiempo estimado para resolver sobre la suspensión definitiva- da el monto de $********************(dos mil cuatrocientos ******************** pesos********************/100 moneda nacional). Por su parte, los perjuicios que se pueden producir al tercero interesado con motivo de la medida cautelar, lo cual equivale al rendimiento que ese plazo produciría respecto del citado monto condenado, conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días -la cual refleja el valor del dinero- aplicable el día de hoy, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación; en el caso, corresponde a********************.5040 % (uno, uno, punto, cinco, cero, cuatro, cero, por ciento), que dividido entre doce, se obtiene 0.9586% (cero, punto, nueve, cinco, ocho, seis, por ciento), multiplicado por el monto señalado, da como resultado $********************pesos********************/100 moneda nacional), cuyo resultado se multiplica a la vez por el período de tres meses -tiempo probable en que habrá de resolverse sobre la suspensión definitiva del presente incidente- se obtiene la cantidad de $********************pesos********************/100 moneda nacional). Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 71/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, enero de 2015, tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 6/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes cuatro de agosto de dos mil diecisiete, a las diez horas con doce minutos, cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe: "PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), (1) de rubro: 'DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.', estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo 'Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional', se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas." Por otra parte, cabe precisar que el instrumento a través del cual se otorgue la garantía, debe contener, cuando menos, la razón de que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, así como la autorización expresa de la parte quejosa al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para solicitar y recibir de la institución financiera la información que permita el control de dichas garantías, en términos de los artículos 28 y******************** del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Hasta aquí el análisis de la suspensión solicitada. Se autoriza la expedición de hasta dos copias simples o certificadas de la presente resolución a costa de cualquiera de las partes que así lo solicite verbalmente; previa constancia que por su recibo quede asentada en autos. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a los terceros interesados y por lista a las demás partes.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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