María Luisa Vera Hernández

Expediente 477/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
477/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
27/06/2017

Partes del expediente

  • María Luisa Vera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 81/2017, de su índice, en la cual dicha superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ******, por conducto de su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo ******, en contra del auto de dos de mayo de dos mil diecisiete; por tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Acúsese recibo. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....v

  2. Principal

    . Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por *****, por conducto de su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Alma Selene García Rosas, quedando registrado con el número de toca 81/2017 de su índice; lo que se asienta para los efectos legales conducentes....V

  3. Principal

    Visto el escrito signado por *****, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado en dos de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo por improcedente; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo citada; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil en Turno del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, señalándole que es cierto el acto motivo de la queja, pero no las violaciones que aduce y remítanse copias certificadas del presente sumario, el original del escrito de mérito y copia del mismo.....V

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Visto el escrito de cuenta, signado por el Consejo de Administración de la persona moral "*****, por medio del cual cumple con el requerimiento de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, en relación con la prevención de tres de abril del mismo año; en esa virtud, se acuerda lo siguiente: Vista la demanda de amparo promovida por: a) ******, a través de su Consejo de Administración, atendiendo a su contenido, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, en vigor: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues, es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. De ahí que, a criterio de este resolutor, en el caso se actualizan dos causas de improcedencia, por un lado el acto que se combate no afecta derechos fundamentales del quejoso; y, por otro lado el acto de que se duele no es real y actual, esto es se trata de un acto futuro e incierto, como se verá a continuación. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación) e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". Asimismo, el Alto Tribunal en la Séptima Época desarrolló con mayor amplitud la noción del perjuicio, entendido como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo tomaba en cuenta para la procedencia del juicio constitucional, reiterándose la exigencia de un perjuicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, como se desprende de la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 97-102, Primera Parte, materia común, página ciento veintitrés, de la voz y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO.-De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." De igual modo, el agravio al interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder y seguramente se le causará. Es aplicable, la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, primera parte, página ciento treinta y cinco, de epígrafe y texto: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.-De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La resolución dictada el tres de marzo de dos mil diecisiete, por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, que resuelve el toca familiar 136/2017, por medio de la cual se confirma el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio 625/2014 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Para dar una mayor claridad al caso conviene citar los principales antecedentes del acto reclamado: Dentro de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, se encuentra radicado el juicio familiar 625/2014, promovido por la sucesión a bienes de Francisco Hernández Nieto. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, a petición de la albacea de la precitada sucesión, fue solicitada a la heredera María Luisa Vera Hernández, hoy quejosa, que en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles denominadas "Servillantas del Parque" y "Fherni", ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, realizara la entrega de la documentación necesaria para estar en posibilidad de rendir las cuentas de albaceazgo concerniente a dichas empresas, esto es, exhibiera los estados financieros dictaminados para los ejercicios fiscales dos mil doce y dos mil trece, de dichas empresas y sus subsidiarias; el estado financiero interno firmado por el representante legal de las mismas, de enero a septiembre del dos mil catorce; y, la información financiera y contable desde la fecha que el actual Consejo de Administración tomó posesión, hasta el mes de octubre de dos mil catorce. Ante la omisión por parte de la hoy quejosa de dar cumplimiento a lo anterior, a través de auto de siete de enero de dos mil diecisiete, se le requirió nuevamente para que cumpliera con lo antes señalado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a nombrar un interventor con cargo a la caja; auto de que fue recurrido tras diversos medios de defensa ordinarios y extraordinarios, sin que se hubiese obtenido revocamiento o modificación a través de ellos. Mediante proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis, dada la omisión de la heredera hoy quejosa, en cumplir con lo solicitado, se nombró un interventor con cargo a la caja de la empresa "Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable. Posteriormente, el once de noviembre de dos mil dieciséis, la parte quejosa, exhibió ante la responsable, cuarenta y ocho cajas que contenían información solicitada por la albacea de la sucesión, sin que se le hubiese tenido dando cumplimiento al auto de siete de enero de dos mil quince, en virtud de que ya se había hecho efectivo el apercibimiento que fue decretado en tal proveído, esto es, ya se había realizado el nombramiento de interventor con cargo a la caja de la empresa citada en el párrafo anterior, aunado a que soló exhibió las cajas de manera general, sin que hiciera una relación sucinta y detallada de su contenido, por lo cual, le fueron puestas a su disposición. De igual modo, en dicho auto se condicionó a que previó a la intervención de la empresa precitada, la albacea de la sucesión debía otorgar un caución suficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen causar a aquélla, la cual es de $2, 000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), y, una vez que se hubiere cumplido con dicho requisito, se proveería conforme a derecho. Finalmente, contra dicho auto la parte quejosa promovió recurso de apelación, del que conoció la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, registrándolo bajo el número de toca familiar 136/2017, y fue resuelto el tres de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de confirmar el auto recurrido. Siendo esta última, la resolución que se combate en el presente juicio. En esa virtud, tal como fue indicado, el acto reclamado por un lado no afecta a la parte quejosa y, por otro lado, tampoco se trata de un acto real y actual en su esfera de derechos. Ahora, es pertinente destacar que los efectos y consecuencias de la resolución combatida son en el sentido de confirmar el auto once de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio natural, que no acuerda de conformidad la solicitud de María Luisa Verá Hernández -hoy quejosa-, de tener por exhibida la información contable y financiera de las empresas quejosas, que le fue solicitada inicialmente, en mérito de que ya se había nombrado interventor con cargo a la caja de la empresa Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable, con el fin de obtener dicha información; es decir, si a la parte quejosa no se le tiene por exhibida dicha información para poder lograr una efectiva rendición de cuentas por parte del albacea de la sucesión, entonces se continua con el nombramiento de interventor con cargo a la caja de la precitada empresa, lo cual en esencia reclama la parte quejosa, al no querer que dicha intervención se ejecute. Bajo ese tenor, cabe destacar que de autos no se advierte que la persona moral "Fherni", Sociedad Anónima de Capital Variable, tenga que ser intervenida a fin de obtener su estado financiero y contable, pues de lo narrado por la parte quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, en ninguna parte se deprende que respecto de dicha empresa se haya nombrado interventor con cargo a la caja, ya que de la única que se advierte que así fue, lo es por parte de la diversa "Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable. Bajo esa premisa, el acto reclamado no afecta a la quejosa María Luisa Vera Hernández por propio derecho y como heredera de la sucesión a bienes de Francisco Hernández Nieto, ya que el acto reclamado no irroga perjuicio alguno en su esfera jurídica. Similar consideración se tiene respecto de la empresa "Fherni", Sociedad Anónima de Capital Variable, pues inclusive es de considerarse que la intervención por parte de ésta es inexistente. Es necesario señalar que la confesión por parte de la quejosa, hace prueba plena en su contra, que es admisible en el juicio de amparo y goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ellas las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.". Resulta aplicable, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 294, Tomo LXXXIX, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO, CONFESION EN EL.- Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". Lo cual se corrobora del contenido de la resolución controvertida de tres de marzo de dos mil diecisiete, ya que en ella no se hace mención de una posible intervención a la empresa "Fherni", Sociedad Anónima de Capital Variable. De igual forma, es pertinente destacar que lejos de que exista un perjuicio a la quejosa María Luisa Vera Hernández por propio derecho y como heredera de la sucesión a bienes de Francisco Hernández Nieto, la obtención de los estados financieros y contables de la empresa "Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable", requeridos por el albacea de la sucesión, son en beneficio de los herederos, pues una vez obtenida la información indispensable, se procederá a la partición y adjudicación de la masa hereditaria lo cual resulta a su favor y, de ese modo, se concluirá más rápido el juicio, por lo que, cada quien tendrá lo que legalmente le corresponde y, de no ser así, en el momento procesal oportuno la parte quejosa estará en aptitud de impugnar la resolución que estime le causa perjuicio a través del medio ordinario o extraordinario de defensa que considere idóneo. Aunado a que la empresa que posiblemente pueda intervenirse, así como la denominada "Fherni", Sociedad Anónima de Capital Variable, forman parte de la masa hereditaria y, por tanto, es indispensable que se obtenga información contable y financiera de ellas a fin de que la sección en la que se encuentra el juicio de origen concluya lo más rápido posible con la respectiva partición y adjudicación de los bienes, pues de no ser así y, obstaculizar dicha sección con la no redición pronta de las relativas cuentas, se causaría un perjuicio aún mayor tanto para el quejoso como para los demás herederos o legatarios, según sea el caso. Sin que pase inadvertido para este juzgador, el hecho de que mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, dictado dentro de los autos del juicios sucesorio natural, se requirió a la quejosa María Luisa Vera Hernández, para que en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración, proporcionara información contable y financiera de las sociedades "Servillantas del Parque" y "Fherni", ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, ya que la intervención ordenada en auto de quince de marzo de dos mil dieciséis, se encuentra dirigida exclusivamente a la primera de las mencionadas; por tanto, no existe una afectación real y actual a esta última, ya que al momento no existe un posible indicio de que su información confidencial se pudiese ver vulnerada. En segundo término, por lo que se refiere a la empresa "Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable, el acto reclamado, de igual modo, a la fecha de la presentación de la demanda no le afecta, en razón de que es futuro probable e incierto. Lo anterior, ya que la ejecución de la intervención con cargo a la caja de la persona moral "Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra supedita a la exhibición de la caución por parte de la albacea de la sucesión que le fue fijada, la cual asciende por el monto de: $ 2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), cantidad que se tomó en consideración por el juez de la causa para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen causar a dicha empresa con motivo de la intervención, pues se indicó que una vez que ello aconteciera, se proveería conforme a derecho, lo cual no se advierte de autos que a la fecha ya haya acontecido, por ende, es patente que la intervención que se pretende ejecutar en contra de la precitada empresa, es futura e incierta, ya que si la albacea de la sucesión no exhibe la garantía que le fue solicitada, la intervención con cargo a la caja que reclama la parte quejosa, no se materializará, es decir, todo depende de la exhibición de la garantía; de ahí que no se esté en presencia de un perjuicio real y actual, necesario para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza, pues no es inminente ni cierta su realización, sino que ésta es probable, por actos que según considera la parte quejosa la autoridad responsable llevará a cabo; por consiguiente, su actualización constituye un acto futuro e incierto, al no irrogarle a la fecha ninguna afectación a sus derechos fundamentales. Resulta aplicable a lo anterior por identidad de razones, la jurisprudencia con número de registro 2010813, sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Décima Época, visible en la página 2321, que a la letra reza: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Así como, la tesis aislada XX.308 K, Octava Época, con número de registro 209001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-1, febrero de 1995, visible en la página 138, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." De igual manera, tiene aplicable la tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 347430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC visible en la página 762, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Además, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión que señala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". Por tanto, bajo ese orden de ideas, resulta evidente que la parte quejosa sólo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra la posible orden intervención con cargo a la caja de la persona moral "Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. De ahí que se insiste, a la fecha de la presentación de la demanda no existe perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa. Incluso, este juzgador estima que en el caso, también se actualiza manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Lo anterior, ya que la resolución de tres de marzo dedos mil diecisiete, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro de los autos del toca familiar 136/2017, que confirma el auto de once de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio sucesorio 625/2014 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, no se considera de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, pues como se dijo, los efectos y consecuencias de la resolución combatida es únicamente en el sentido de confirmar el auto supracitado de once de noviembre de dos mil dieciséis que no acuerda de conformidad la solicitud de María Luisa Verá Hernández -hoy quejosa-, de tener por exhibida la información contable y financiera de las empresas quejosas, que le fue solicitada inicialmente, en mérito de que ya se había nombrado interventor con cargo a la caja de la empresa "Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable, con el fin de obtener dicha información y, por ende, que se continúe con el posible procedimiento de intervención con cargo a la caga de persona jurídica "Servillantas del Parque", Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, antes de materializar esa intervención debe la albacea otorgar caución suficiente; es decir, tal auto no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es así, pues en ninguna forma se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como los que pudieran ser entre otros, la libertad, propiedades, posesiones o derechos, ya que aun cuando se continúe con el posible procedimiento de intervención ordenado, las consecuencias son únicamente para continuar con la sección relativa de partición y adjudicación de herencia y, con ello culminar el juicio sucesorio, inclusive, tal acto de intervención (que no se ordenó en la resolución reclamada ni en el auto que aquella confirma, sino que se emitió en un diverso proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis no reclamado en esta instancia) todavía no puede materializarse hasta en tanto la albacea otorgue garantía, de manera que mientras esto no suceda la intervención con cargo a la caja no se realizará, lo cual lleva a concluir que el acto reclamado, no produce una afectación actual y material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad de modo que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al dictado de fondo de la sección sucesoria correspondiente; además, de que para considerarse un acto de imposible reparación, es necesarios que los resultados de la resolución impugnada deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Orienta a lo dicho, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, con número de registro 2006338, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, visible en la página 1539, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, es de estimarse que el derecho por parte del albacea de solicitar rendición de cuentas constituye un derecho procesal a su favor y a favor de los herederos o legatarios, para con ello poder lograr una adjudicación más expedita de los bienes del cujus, no así un derecho sustantivo con el que cuenten aquellos. Es aplicable por analogía jurídica, la tesis XVII.2o.22 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Séptimo Circuito, Octava Época, con número de registro 214294, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Noviembre de 1993, visible en la página 290, que a la letra dice: "ALBACEA. LA LIBERACION DE SU OBLIGACION DE RENDIR CUENTAS, NO CONSTITUYE UN DERECHO SUSTANTIVO A SU FAVOR, POR LO TANTO SE DEBE DESECHAR EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR ESE MOTIVO. La declaración judicial obtenida por el albacea de una sucesión intestamentaria, en el sentido de que se le libera de la responsabilidad de rendir cuentas, no constituye un derecho sustantivo a su favor, protegido por las garantías individuales, que no sea susceptible de repararse, sino solamente un derecho de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de los actos reclamados son meramente formales y son reparables, en razón de que durante la tramitación de la oposición que los herederos de la sucesión citada hicieran contra la rendición de cuentas del albacea quejoso, éste tendrá oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, además de que la resolución que en su caso se dicte, podría ser favorable a sus intereses, porque en caso de declararse infundada la oposición formulada, es inconcuso que el Juez del conocimiento necesariamente aprobaría las cuentas rendidas por el promovente. Además, al decir que los autos en donde se le otorgue a determinada parte dentro del juicio, algún derecho procesal, constituye un derecho sustantivo a su favor y que su violación no es susceptible de repararse, se llegaría al extremo de hacer procedente el amparo indirecto contra la mayoría de los actos practicados dentro del juicio, lo que contravendría la sistemática legal de la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que el espíritu que siempre ha animado las reformas tanto al artículo 107 constitucional, en su fracción III, como de la Ley de Amparo, ha sido en el sentido de limitar, en la medida de lo posible, la procedencia del juicio de garantías respecto de los actos dentro del procedimiento, evitando así la proliferación inútil de amparos y el abuso de su interposición. En las relatadas condiciones, se debe desechar la demanda de amparo indirecto que se promovió por ese motivo." Aplica a lo argumentado, la tesis XI.T.Aux.C.1 K, emitida por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con Residencia en Morelia, Michoacán, Novena Época, con número de registro 164411, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, visible en la página 1880, que a la letra dice: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo." Con base a lo expuesto, se actualizan manifiesta e indudablemente las causales de inejercitabilidad de amparo inmersas en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6, y 107, fracción V, este último a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem.....V Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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