Maria Luisa Velez Clemente
Expediente 1189/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 50 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 50
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Maria Luisa Velez Clemente
- MARIA LUISA VELEZ CLEMENTE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 50.
- Incidental
Toda vez que ya se ordenó el archivo del cuaderno principal del cual deriva el presente incidente de suspensión en que se actúa; en tales condiciones se provee: En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente incidente de suspensión es DESTRUIBLE dado que se negó la suspensión definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha trascurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes promoviera recurso de revisión en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Con fundamento en el citado artículo y el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado el mencionado proveído. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años contados a partir del dictado de este acuerdo- pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia y carecer de relevancia documental para su conservación. Finalmente, devuélvase al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las constancias y el disco compacto (CD-ROM), que contienen la carpeta de investigación ********************solicitándose acuse correspondiente.
- Principal
Vistos los autos, así como del análisis realizado a las constancias electrónicas que integran el presente asunto, se observa que se actualiza una causa de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio. Lo anterior, en razón de que como se observa del escrito inicial de demanda promovida por ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. Ordenadoras Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Alteración o Falsificación de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ejecutora Director General Adjunto de Atención a las Autoridades A de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ACTO RECLAMADO: "A).- Lo constituye por su ilegalidad LA ORDEN JUDICIAL O MINISTERIAL DE ASEGURAMIENTO Y CONGELAMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS RADICADAS BAJO EL NÚMERO 0473993737 y 0468926384, LAS CUALES SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LA IMPETRANTE DE GARANTÍAS, Y RESGUARDADAS POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, DECRETADA POR A AUTORIDAD JUDICIAL O MINISTERIAL, DE LA CUAL DESCONOZCO SU PROCEDER, situación que viola el principio de legalidad y todo orden jurídico, que preconizan los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la responsable ya sea judicial o ministerial, llevo a cabo el requerimiento a la Institución Bancaria descrita con antelación, el Aseguramiento de las referidas cuentas bancarias, sin un previo juicio en mi contra, en el que haya sido oído y escuchado, y quedé como resultado la culpabilidad de la quejosa, por lo que bajo la tesitura de no ser oída ni vencida en un juicio, es inconcuso que dicha orden de aseguramiento es definitivamente ilegal, y por ello dicho acto u omisión de autoridad judicial o ministerial no se encuentra MOTIVADA NI FUNDAMENTADA, por ende, VULNERA TODO ORDEN LEGAL, tales como mis GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, que preconizan los artículos 14 y 16 Constitucional, causándome con ello un grave perjuicio y detrimento patrimonial, desconociendo bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que se decretó el aseguramiento de mis cuentas. Situación que en la especie, dicha ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y CONGELAMIENTO DE MIS RECURSOS FINANCIEROS, resulta por demás, total y definitivamente INDEBIDA E ILEGAL, ASÍ COMO VIOLATORIO A MIS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, lo cual acreditare, demostrare y justificare, en el momento procesal oportuno, toda vez que la autoridad judicial o ministerial responsable, en su carácter de ordenadora, no debió de decretar y por ende, ordenar el ASEGURAMIENTO Y CONGELAMIENTO DE MIS RECURSOS ECONOMICOS, en contra de la impetrante de Garantías, ya que la fuente del cual emerge dicha orden, no se encuentra formalmente integrada, debido a que el Agente del Ministerio Público, en caso de que este haya ordenado el aseguramiento, durante la Carpeta de Investigación, no siguió las formalidades esenciales como lo establece los artículos 242,y 249, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo conducente rezan. 242.- [.] 249.- [.] Por ende, dicha orden de Aseguramiento y congelamiento de mis recursos económicos, respecto a las cuentas bancarias radicadas bajo el número *** y ****, las cuales se encuentran al resguardo de la Institución Bancaria denominada Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, deviene de ilegal y violatorio de mis garantías constitucionales, así como a mis derechos humanos, por ende, dicha orden, NO se encuentra MOTIVADA NI FUNDADA, lo cual, constituye serias violaciones a mis Garantías de Seguridad y Legalidad, y consecuentemente, a mis Derechos Humanos que preconizan los preceptos legales descritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Legislación Local, a los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en la propia Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, causando con ello serios agravios y perjuicios legales, en mi persona, familia y patrimonio, de difícil reparación, siendo por lo tanto lo anterior, CONSTITUTIVOS DEL ACTO O LOS ACTOS RECLAMADOS." Además, del análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se observa que en proveídos de veinticinco de enero, veinte de marzo y dieciocho de junio, todos de dos mil diecinueve, se tuvo al Director General Adjunto Jurídico de Procedimientos "C" de la Comisión Bancaria y de Valores, Director de Área de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dirección General de Procesos Legales "B" de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, rindiendo su informe con justificación, y respecto de la última de las autoridades, remitió copia certificada de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000475/2017, de su estadística, así como un CD-ROM, que dicen contener la totalidad de dichas constancias, las cuales, se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Ahora, del contenido del informe rendido por el Director de Área de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dirección General de Procesos Legales "B" de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el suscrito advierte que se actualiza una causa de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio, puesto que a criterio de quien ahora resuelve advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia que hace inejercitable la acción constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario que con fundamento en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, traer a la vista como hecho notorio que la aquí quejosa María Luisa Vélez Clemente, promovió el diverso juicio de amparo 189/2018-NON-XI, de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el que reclamó lo siguiente: "A).- Lo constituye por su ilegalidad LA ORDEN JUDICIAL O MINISTERIAL DE ASEGURAMIENTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS RADICADAS BAJO EL NÚMERO 0473993737 Y 0468926384, LAS CUALES SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LA IMPETRANTE DE GARANTÍAS, Y RESGUARDADAS POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA DENOMINADA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, DECRETADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL O MINISTERIAL, DE LA CUAL DESCONOZCO SU PROCEDER, situación que viola el principio de legalidad y todo orden jurídico, que preconizan los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la responsable ya sea judicial o ministerial, llevó a cabo el requerimiento a la Institución Bancaria descrita con antelación, el aseguramiento de las referidas cuentas bancarias, sin un previo juicio en mi contra, en el que haya sido oído y escuchado, y que dé como resultado la culpabilidad de la quejosa, por lo que bajo la tesitura de no ser oída ni vencida en un juicio, es inconcuso que dicha orden de aseguramiento es definitivamente ilegal, y por ello dicho acto u omisión de autoridad judicial o ministerial no se encuentra MOTIVADA NI FUNDAMENTADA, por ende, VULNERA TODO ORDEN LEGAL, tales como mis GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, que preconizan los artículos 14 y 16 Constitucional, causándome con ello un grave perjuicio y detrimento patrimonial, desconociendo bajo protesta de decir verdad, la fecha en la que se decretó el aseguramiento de mis cuentas. Situación que en la especie, dicha ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y CONGELAMIENTO DE MIS RECURSOS FINANCIEROS, resulta por demás, total y definitivamente INDEBIDA E ILEGAL, ASÍ COMO VIOLATORIO A MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, lo cual acreditaré, demostraré y justificaré, en el momento procesal oportuno, toda vez que la autoridad judicial o ministerial responsable, en su carácter de ordenadora, no debió de decretar y por ende, ordenar el ASEGURAMIENTO Y CONGELAMIENTO DE MIS RECURSOS ECONÓMICOS, en contra de la impetrante de garantías, ya que la fuente del cual emerge dicha orden, no se encuentra formalmente integrada, debido a que el Agente del Ministerio Público, en caso de que éste haya ordenado el aseguramiento, durante la carpeta de investigación, no siguió las formalidades esenciales como lo establecen los artículos 242 y 249 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo conducente rezan: Artículo 242. (lo transcribe). Artículo 249. (lo transcribe). Por ende, dicha orden de aseguramiento y congelamiento de mis recursos económicos, respecto a las cuentas bancarias radicadas bajo el número 0473993737 y 0468926384, las cuales se encuentran al resguardo de la Institución Bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, deviene de ilegal y violatorio de mis garantías constitucionales, así como a mis derechos humanos, por ende, dicha orden, NO se encuentra MOTIVADA NI FUNDADA, lo cual, constituye serias violaciones a mis garantías de seguridad y legalidad, y consecuentemente, a mis derechos humanos que preconizan los preceptos legales descritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la legislación local, a los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en la propia jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, causando con ello serios agravios y perjuicios legales, en mi persona, familia y patrimonio, de difícil reparación, siendo por lo tanto lo anterior, CONSTITUTIVOS DEL ACTO O LOS ACTOS RECLAMADOS. (.)" Anterior juicio de garantías que el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, resolvió: ".III.1. Se determinó sobreseer en el juicio ante la inexistencia del acto reclamado a los Jueces Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, los actuarios de su adscripción y Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Alteración o Falsificación de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. III.2. Se declaró que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respetó los derechos fundamentales de ***, pues la orden de inmovilización de cuentas bancarias derivadas del acuerdo por el cual se incorpora a diversas personas a las bloqueadas por el sistema financiero mexicano, se encuentra justificada. III.3. Con motivo de lo anterior, se dispuso no amparar a María Luisa Vélez Clemente, contra la citada orden de inmovilización. ( .)" Luego, inconforme con la anterior determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de revisión mismo que se registró como 210/2018, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa ***, contra el acto reclamado atribuido al Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en la orden de bloqueo de las cuentas bancarias *** y *** aperturadas a nombre de la impetrante en el Banco Mercantil del Norte, como consecuencia del acuerdo ***." Precisado lo anterior, debe decirse que en el juicio de amparo 189/2018-NON-XI, de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la parte quejosa reclamó la orden de aseguramiento de las cuentas bancarias *** y ***, mismas que están a nombre de la impetrante de amparo y resguardadas por la Institución Bancaria denominada Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, el cual fue resuelto el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, donde se negó el amparo por la inmovilización de las cuentas bancarias atribuido al Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, fue confirmada el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del toca de revisión ***. Por su parte, en la demanda que ahora se analiza y resuelve se desprende que es el mismo acto reclamado "La orden de aseguramiento de las cuentas bancarias ** y ***, mismas que están a nombre de la aquí quejosa y resguardadas por la Institución Bancaria denominada Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte"; el cual es atribuido al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Por tanto y de acuerdo a lo puntualizado en párrafos precedentes, este resolutor advierte que el presente juicio es improcedente en términos de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." De la transcripción anterior, se colige que la finalidad de la causa de improcedencia citada, es evitar que los tribunales pronuncien sentencias que pueden ser contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por el quejoso con idéntico objetivo. En efecto, se actualiza esta causa de improcedencia, cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir como requisitos los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de garantías estén promovidos: a). Por el mismo quejoso o quejosos. b). Contra las mismas autoridades. c). Por el propio acto reclamado. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Ahora, la institución de cosa juzgada tiene una variante, siendo la cosa juzgada refleja, la cual opera a pesar de no existir los mismos elementos de la cosa juzgada formal, porque existe un efecto proveniente de un litigio anterior, que incide en el segundo y en consecuencia determina su resolución, esto se debe a que los objetos o pretensiones torales de ambos litigios, sean conexos, por estar vinculados estrechamente o tener una relación sustancial de interdependencia de tal grado que produzca la posibilidad de emitir un eventual fallo contradictorio, por tanto, es permitido que se actualice la cosa juzgada refleja, aun cuando no exista identidad estructural en los litigios. La finalidad de la cosa juzgada refleja, es proporcionar mayor fuerza a las resoluciones emitidas y en consecuencia, seguridad jurídica. Lo anterior es así, en virtud de que la expresión materia de una ejecutoria, se refiere a juicios completamente terminados, pues la estabilidad, seguridad y firmeza de las relaciones jurídicas en que se basa el principio de cosa juzgada, impiden que se abra nuevamente la controversia. Indicado lo anterior, debe decirse que, al promover la parte quejosa, la presente demanda, contra las mismas autoridades y el mismo acto reclamado en la demanda de garantías que integra el juicio de amparo ***, de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, resulta evidente que con anterioridad la parte quejosa promovió un diverso juicio de garantías. Ello se afirma por que como se transcribe en ambas demandas, reclama contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. En mérito de lo anterior, es que se actualiza el supuesto de "cosa juzgada refleja", pues en esta figura jurídica al igual que la cosa juzgada, impide que se dicten sentencias contradictorias en diversos juicios cuando éstos derivan de una misma situación jurídica que crea efectos materiales iguales, no obstante que se refleje la afectación en diversas actuaciones pero con el mismo contenido jurídico. En congruencia con lo anterior, la figura de la cosa juzgada refleja, en términos de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, implica la improcedencia del juicio de amparo en los casos donde el acto reclamado, si bien no es aquel que fue materia de resolución definitiva en diverso juicio de garantías, sin embargo, sí guarda vinculación estrecha con éste, por cuanto se trata de actuaciones derivadas de la misma causa con el mismo contenido jurídico y que crea efectos materiales iguales; por tanto, resulta inconcuso que se actualiza la figura de la cosa juzgada refleja, y por ende, la improcedencia del juicio de garantías; toda vez que en el anterior amparo reclamaba la orden de aseguramiento de las cuentas bancarias *** y **, propiedad de la aquí quejosa, el cual versa sobre las mismas cuentas bancarias respecto del presente juicio constitucional. Por tanto, se insiste en lo anterior, debido a que si ya se realizó un pronunciamiento respecto a la orden de aseguramiento de cuentas bancarias, el criterio de este juzgador no podría modificarse en un análisis posterior que se lleve a cabo en este juicio sin afectar el primero. Esto es así, ya que debe considerarse que la inconstitucionalidad de un acto solo puede impugnarse en una sola ocasión, pues no es válido que la quejosa pretenda perfeccionar su acción constitucional con la presentación de una segunda demanda. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis XII.1º.52 C, sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, página 1844, de rubro: "COSA JUZGADA REFLEJA. CASO EN QUE SE ACTUALIZA E IMPLICA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY DE AMPARO. Asimismo, cobra aplicación la tesis emitida por otra Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 44 Séptima Parte, página 62, de rubro: "COSA JUZGADA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR." De igual forma, es aplicable la tesis XIX.2o.P.T.3K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2734, que dispone: "COSA JUZGADA. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EN EL SEGUNDO JUICIO EXISTE COINCIDENCIA DEL QUEJOSO, ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES RESPECTO DE UNO ANTERIOR RESUELTO OPORTUNAMENTE, Y NO SE TRATA DE UNA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRIMER DEMANDA." En tales condiciones, como se dijo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, toda vez que el acto reclamado consistente en el aseguramiento de cuentas bancarias, es materia de estudio en un diverso juicio de amparo. puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cinco minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase del conocimiento a las partes el contenido de este proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que está señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se puede celebrar en virtud de que aún no obra la constancia de notificación a las partes con el auto de diecinueve de marzo de esta anualidad, por el que se les dio vista por el término de tres días, respecto al DVD el cual contiene la totalidad de las constancias generadoras del acto reclamado dentro de la carpeta de investigación ***, de la estadística de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Alteración o Falsificación de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
Quedan 46 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,713 expedientes
- MARIA LORENA LOPEZ GALLARDO y Otros.157/2021
- Maria Lucia Trinidad Maximo1254/2022
- Maria Luisa Araceli Castillo Nieto953/2019
- María Luisa Badillo Ramos711/2020
- MARIA LUISA DENICIA HERNÁNDEZ y Otros.1031/2018
- MARIA LUISA VAZQUEZ CASTAÑEDA y Otros.21/2016
- María Magdalena Arroyo de la Fuente1233/2022
- MARÍA MAGDALENA DOMINGUEZ PÉREZ y Otros.601/2023
- MARIA MAGDALENA MENDIETA BLANCA y Otros.586/2018
- María Magdalena Raya Ochoa527/2022
- MARIA MERCEDES FLORES HERRERA y Otros.516/2022
- Maria Mercedes Madero Nuñez167/2022