María Luisa Valencia Avalos

Expediente 1377/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1377/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • María Luisa Valencia Avalos

Actuaciones

  1. Principal

    téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio vía electrónica de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito; del que se advierte que tuvo por recibas las constancias del juicio de amparo 1377/2022-VII, e informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, en relación con la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho, registrándola con el número de amparo directo 2016/2022, de su índice. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación.

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio de cuenta, recibido vía electrónica el cual contiene la evidencia criptográfica relativa a la firma del Actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; por medio del cual, devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden y origen 581/2022, del índice de este juzgado federal, por el que se solicitó notificar a la quejosa *******, el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso. De lo anterior este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar, sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo correspondiente, por no haberlo solicitado la oficiante. En ese orden de ideas, ante la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia de notificación aludida, con fundamento en los artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, practíquese al quejoso la notificación del proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publica en el portal de internet y copia que de esta se deja en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale un diverso para tal efecto.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***** por su propio derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 1377/2022-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso.Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en el asunto, es: 1. El proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 1589/2021, formado con motivo de la demanda seguida por la aquí quejosa María Luisa Valencia Avalos contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Proveído que se adjuntó como anexo a la demanda, del que se observa que en el mismo se dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento, hasta el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda, y ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Precisado lo anterior, este juzgado federal estima carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, respecto del acto reclamado, por las razones siguientes. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 34 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto respecto de los actos que reclama la parte quejosa, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 1 Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sentado lo anterior, este Juzgador considera necesario transcribir el artículo 107, fracción V, de la Constitución General de la República, que establece: 1 COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con lay, en los casos siguientes: (.)." Por su parte, los artículos 34, 47 y 170 la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que se actualiza en el presente caso y de los mismos corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. Atendiendo a lo anterior, el asunto se ubica en la regla señalada, ya que en el caso a estudio se reclama el auto dictado por la autoridad señalada como responsable de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento laboral 1589/2021, se tuvo por no presentada la 16/06/23 21:13:31 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 JESUS FACIO RODRIGUEZ demanda y ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Luego entonces, se estima que tal determinación es de aquellas que pone fin a juicio, la cual es factible de ser combatida a través de amparo directo, pues de lo contrario se tendría como consecuencia una pluralidad de procesos que complica la impartición de justicia pronta y expedita, e incluso podría dejar en estado de indefensión a las partes. En ese orden de ideas, se estima que si la determinación reclamada dio por concluido el procedimiento laboral de origen, ésta debe ser analizada a través del juicio de amparo en la vía directa; de ahí la actualización de los supuestos establecidos por el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo en correlación al artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María Luisa Valencia Avalos, contra actos del Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan, Estado de México y otras responsables. Así, el auto reclamado está comprendido dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo2 , por tratarse de una determinación pone fin a juicio, por lo que este Juzgado Federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del citado numeral en 2 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. 16/06/23 21:13:31 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 JESUS FACIO RODRIGUEZ correlación al artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por estimar que esta se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en Turno. Ilustra a lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 87/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Página 56, que dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Luego entonces, remítanse los autos originales del presente asunto y ocho copias simples de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en Turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dichos preceptos determine si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. De igual manera, se comunica al Tribunal de Alzada que en cumplimiento al artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita; no se remite de forma impresa el presente acuerdo, sin embargo, su contenido puede ser consultado en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ya que la acción de vinculación de expedientes quedará habilitada. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En diverso aspecto, toda vez que el domicilio del quejoso se encuentran fuera de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional; de conformidad con los artículos 298 a 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como con los numerales 79 a 82 y 96 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencian en Toluca, en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al fedatario de su adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en calle de S. Lerdo de Tejada, número 448, esquina 21 de marzo, Barrio de Retoma, Toluca Estado de México, código postal 50040; y una vez cerciorado que efectivamente, corresponde a la quejosa María Luisa Valencia Avalos, le notifique personalmente el presente proveído. Asimismo, deberá requerirla para que en el término de tres días computados legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los municipios ubicados dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, apercibida que de no hacerlo en el plazo señalado, sin necesidad de posterior acuerdo, de conformidad con el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de le Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista electrónica que se pública en el portal de internet y copia que de la misma se deje en los estrados de este juzgado. 16/06/23 21:13:31 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 JESUS FACIO RODRIGUEZ Por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 21, de la Ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendado, aún en días y horas inhábiles. Además, se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad exhortada para realizar todas las diligencias necesarias para cumplir con lo solicitado, lo anterior de conformidad con el artículo 298, del Código Federal en cita. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este órgano jurisdiccional, únicamente a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), las constancias de notificación derivadas de la comunicación oficial, sin que se necesario acusar de recibo, ya que el sistema arroja la constancia respectiva. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que señala para los efectos que precisa, al tratarse de un asunto laboral, en el que comparece la parte trabajadora. Adicionalmente, se le tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico borgw7611ximena@gmail.com y el número telefónico 55-51-80-33-80; para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. TRÁMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. En otro orden de ideas, en términos del numeral 257, fracción I y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la 16/06/23 21:13:31 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.8e.77 JESUS FACIO RODRIGUEZ práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e. Firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se requiere a la parte quejosa proporcione un número de teléfono móvil para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, a saber 5553870500, extensión 1387, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 30 y 42, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y el acceso a la información pública en el Consejo, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, de conformidad con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Así mismo se hace de su conocimiento que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como por lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y reformado mediante el diverso acuerdo publicado el veintiséis de marzo de dos mil veinte, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial. Finalmente, se autoriza a los Secretarios y Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen.

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