María Luisa Ruiz Torres
Expediente 220/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/05/2017
Partes del expediente
- María Luisa Ruiz Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por la Directora de Averiguaciones Previas y Control de Procesos adscrita a la Subprocuraduría de Zona Ensenada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual manifiesta que en atención a la misiva 5611/2017 de este índice, remite copia certificada de la resolución de veintinueve de mayo del año en curso... Con lo anterior, dése vista a las partes quejosa y tercero interesada por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga...
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Ensenada, Baja California, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora de Averiguaciones Previas y Control de Procesos adscrita a la Subprocuraduría de Zona Ensenada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicita una prórroga por el plazo de diez días hábiles, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, por las razones que indica; de lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se concede por única ocasión a la referida autoridad, una prórroga de diez días hábiles conforme a lo solicitado; misma que se computa del dieciséis al veintinueve de mayo del año en curso; ello tomando en consideración que el quince de mayo de dos mil diecisiete la responsable entabló comunicación vía telefónica con la autoridad que exhortó, con sede en Guaymas, Sonora, quien le informó que en un término no mayor a diez días hábiles le remitiría la comunicación oficial enviada. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que le subsiste el apercibimiento decretado en proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete. Resulta aplicable, la jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.) pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Notifíquese.
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Ensenada, Baja California, doce de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se aprecia que en la actual etapa de ejecución de la sentencia de amparo, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número 4212, de la Directora de Averiguaciones Previas y Control de Procesos adscrita a la Subprocuraduría de Zona Ensenada, a través del cual hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que en cumplimiento al fallo protector, envió el oficio DAPyCP/734/2017 al Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, para que a su vez ordene al agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Guaymas, Sonora, que recabe la declaración ministerial del indiciado Francisco Real Esparza, sin que a la fecha, obren en autos las constancias que acrediten dicha gestión, ni se tenga noticia del estado actual de la comunicación oficial enviada por la responsable. En tales condiciones, se impone requerir a la autoridad responsable Directora de Averiguaciones Previas y Control de Procesos adscrita a la Subprocuraduría de Zona Ensenada, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que sea notificado de este auto, dicte las providencias correspondientes en cumplimiento al fallo protector, en los aspectos indicados en el párrafo que antecede, y envíe las constancias que así lo acrediten. Apercibida la autoridad responsable que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, en términos de los artículos 192, párrafo segundo y 193, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado, y de conformidad con los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, conforme lo dispone el primero de los preceptos invocados. Es de apoyo a lo expuesto, el criterio aislado 1a. CCXXVI/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión". Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, siete de abril de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, signado por la Directora de Averiguaciones Previas y Control de Procesos adscrita a la Subprocuraduría de Zona Ensenada; téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de tres de abril de dos mil diecisiete e informando que el treinta y uno de marzo del año en curso, envió el oficio DAPyCP/734/2017, dirigido al Procurador General de Justicia del Estado de Sonora, para la realización de las diligencias ordenadas dentro de la averiguación previa 3042/15/311/AP; y de lo cual anexa copia certificada. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese.
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