María Luisa Rosales Reyes

Expediente 506/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
506/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • María Luisa Rosales Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO: PROMOVENTE. PROVEÍDO 20-MAYO-2022 Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se recurrió la resolución del tres de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se desechó de plano la demanda interpuesta por María Luisa Rosales Reyes; con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución, y como lo establece el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    AVISO PARTE TERCERO INTERESADO Y AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022 I. Resolución dictada por el superior. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio 1360/2022 del actuario adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 848/2020 y testimonio de la resolución pronunciada el siete de abril del año en curso, dentro del incidente de inejecución de sentencia 5/2021. Hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO.- Se ordena la reposición en el procedimiento de ejecución de sentencia, para que el Juez de Distrito ordene la apertura de un incidente innominado en el que se resuelva, si existe o no imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. TERCERO.- Devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto 848/2020, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en la parte final del considerando de la presente decisión. CUARTO. Este asunto no tiene relevancia documental" II. Agréguese testimonio y acúsese recibo. En razón de lo anterior, acúsese el recibo correspondiente y súmense a los autos el testimonio de referencia, así como el cuaderno de antecedentes formado con motivo del referido incidente de inejecución de sentencia; sin embargo, exceptúese de lo anterior las copias certificadas que obran en el citado cuaderno, por ser copia de lo actuado en dicho juicio de amparo, debiendo conservarse únicamente aquellas que obran en original; lo anterior, para evitar una duplicidad innecesaria de constancias. III. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. IV. Efectos de la reposición. De conformidad con los lineamientos plasmados en la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, se repone el procedimiento para el efecto siguiente: "[.] de acuerdo al procedimiento de ejecución de sentencia de la sentencia en el juicio de amparo indirecto, efectuado por el a quo, este órgano jurisdiccional advierte que resulta procedente ordenar la reposición de dicho procedimiento, y devolver los autos del juicio al Juez de Distrito, para el efecto de que, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, ordene oficiosamente la tramitación de un incidente innominado, en el que se resuelva, si existe o no imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, dando oportunidad a las partes de ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, así como de alegar sobre tal cuestión [.]" V. Se admite incidente. En mérito de lo expuesto y en cumplimiento a lo resuelto en la citada ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con fundamento en lo dispuestos en los artículos 66 y 193, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del incidente innominado en el que se resolverá si existe o no imposibilidad material o material para el cumplimiento de la sentencia de amparo. VI. Se requiere a las partes. Asimismo, hágase saber a las partes la tramitación del presente incidente y requiéraseles para que dentro del plazo de tres días, ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y aleguen lo que a su interés legal convenga respecto a si existe o no imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; en el entendido de que con manifestación o sin ella se dictará la resolución correspondiente. Además, deberá de darse la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a éste Juzgado de Distrito. V. Se requiere a autoridades responsables. En el mismo supuesto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del mismo lapso de tres días, expresen y demuestren que se encuentran imposibilitadas para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues de lo contrario, se les tendrían que aplicar las sanciones y consecuencias previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estado de Unidos Mexicanos, que daría lugar a desacato o contumacia en el acatamiento del fallo protector. Cabe agregar que se deja expedita jurisdicción a las referidas autoridades responsables para que, si lo estiman pertinente, recaben pruebas o desahoguen diligencias con la finalidad de poder cumplir con la sentencia de amparo y evitar la imposición de alguna sanción. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO: PROMOVENTE. PROVEÍDO 03-MAYO-2022 Vista la demanda presentada por ****, por derecho propio, contra actos del Juez Décimo de Control y de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial y otra autoridad. I. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, del examen del ocurso constitucional, se advierte que el juicio intentado es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" De la interpretación gramatical de esta disposición se desprende que cuando exista causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda de amparo se desechará de plano. Por su parte, el dispositivo 61, fracción XXIII de la mencionada Ley Reglamentaria, señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la propia Ley de Amparo, dice: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Conforme al numeral 107 transcrito, por actos de imposible reparación debe entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, debe considerarse que los actos que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, son aquellos como la vida, libertad, integridad personal, propiedad, entre otros, ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho tutelado de que se trate. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 377/2013 y, en la ejecutoria correspondiente, determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo a lo establecido en el criterio aludido, son actos de ejecución irreparable aquellos que se presentan en el curso del juicio que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS De las licenciada ****en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía de Procedimientos Penales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, encargado de integrar la Carpeta de Investigación número FECC/DGO/DGO/060/2020 le reclamo la solicitud de presentación del escrito de acusación por no apegarse a los términos que establece de (sic) los artículos 323, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del licenciado Jesús *** en su calidad de Juez Décimo de Control y Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, encargado de la Causa Penal 567/2021 le reclamo el acuerdo de fecha 5 de abril de 2022 por medio del cual tiene por recibida la solicitud de presentación del escrito de acusación de la licenciada ***, en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía de Procedimientos Penales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango en el que señala las 11 horas del día 3 de mayo de 2022 para que tenga verificativo la audiencia intermedia". En los antecedentes del acto reclamado, expuso que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se cumplió el término de seis meses como máximo que otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales, para la investigación complementaria dentro de la causa penal 567/2021. El cinco de abril siguiente, el juez responsable tuvo por recibido la solicitud de presentación del escrito de acusación de la licenciada Luz Mayela Santillán Noriega, en su calidad de agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía de Procedimientos Penales Especializada en combate la Corrupción del estado de Durango, y señaló las once horas del tres e mayo de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia intermedia. Indica que esa actuación vulnera derechos, en razón de que fue notificado el veintinueve de abril de esta anualidad, vía whatsapp, por parte de la actuaria notificadora, del auto de cinco de ese mes, donde se señala fecha para la audiencia intermedia en mención, por lo que se le otorgó únicamente un día hábil para preparar el descubrimiento probatorio, lo que es violatorio de derechos. Ahora bien, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula las etapas del procedimiento penal acusatorio y oral, al disponer: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme" En ese tenor, dado que en el caso se reclaman actos efectuados en la segunda etapa del proceso, por ello, debe señalarse que ésta se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, a saber: una escrita, que inició con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; otra oral e inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Luego, como cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que en su caso procedan, debe considerarse concluida; de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. De ahí, que la citación para celebración de la audiencia intermedia reclamada, no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado solo produce una afectación de índole procesal que no viola derechos sustantivos, pues de obtener sentencia favorable, la probable afectación habrá desaparecido de la esfera jurídica del impetrante. Entonces, la circunstancia de que una violación procesal ya no pueda ser examinada en un momento posterior, no la torna de imposible reparación, pues inclusive no todas las violaciones procesales son susceptibles de análisis a través del amparo, debido a que para la procedencia del amparo indirecto es menester que se vulneren derechos sustantivos (artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo) y para el amparo directo, que hayan trascendido al resultado del fallo (artículo 171 del mismo ordenamiento legal). Sirve de apoyo, por el criterio que la integra, las tesis siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETARLO DE OFICIO, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O QUE VIOLE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- Hechos: En la etapa intermedia del proceso penal acusatorio el imputado solicitó al Juez de Control el sobreseimiento de oficio en la causa penal, en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el agente del Ministerio Público formuló su escrito de acusación fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 324 del propio código; sin embargo, dicho juzgador omitió decretarlo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el proceso penal acusatorio, la omisión del Juez de Control de decretar de oficio el sobreseimiento en la causa penal, derivado de la presentación extemporánea del escrito de acusación, no constituye un acto de imposible reparación o que viole derechos sustantivos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que su naturaleza es meramente adjetiva. Justificación: Conforme a los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público cuenta con un plazo de quince días para formular la acusación y, de no cumplir con dicha obligación, el Juez de Control pondrá el hecho en conocimiento del fiscal o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días al respecto. Ahora, si bien es cierto que en el último precepto también se establece que de no pronunciarse el superior jerárquico en el plazo aludido, el órgano jurisdiccional ordenará el sobreseimiento, no menos lo es que ello se actualiza sólo en ese supuesto, por lo cual, si el agente del Ministerio Público es quien presenta su acusación de manera extemporánea, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados por la parte quejosa todavía no son de imposible reparación, dado que no afectan derechos sustantivos de la persona vinculada a proceso, sino sólo adjetivos, cuya afectación, además, no es actual, ya que dependerá de que lleguen o no a trascender al desenlace de la fase intermedia en la cual se ubica el procedimiento, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva, en su caso, hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral, momento en el cual puede hacer valer la acción constitucional de amparo" "AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES.- El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte" De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa. ****, por derecho propio. b. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en ****. c. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a los licenciados ****, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Notificación a las partes. En estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Circular SECO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autorizan las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º. de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo será firmado mediante el certificado digital de firma electrónica, dejando evidencia criptográfica, así como las subsecuentes determinaciones. Notifíquese personalmente.

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