Maria Luisa Roquero de Teresa

Expediente 1221/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1221/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Maria Luisa Roquero de Teresa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toda vez que ya transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer dicho medio de impugnación en contra del proveído que desechó la presente demanda de garantías, tal como se advierte de la cuenta secretarial; en consecuencia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la quejosa, los proveidos de veintidos de diciembre de dos mil dieciseite y cuatro de enero de dos mil dieciocho: ... SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida. Notifíquese, y personalmente a la promovente. - - - Vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa el auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique a dicha promovente por medio de lista el auto citado con antelación y el presente proveído. Notifíquese, y por medio de lista a la quejosa.

  3. Principal

    Vista la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa el auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique a dicha promovente por medio de lista el auto citado con antelación y el presente proveído. Notifíquese, y por medio de lista a la quejosa.

  4. Principal

    CIUDAD DE MÉXICO, VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE Vista la demanda de amparo promovida por María Luisa Roquero de Teresa, por propio derecho; contra actos de la Quinta Sala Familiar y Juez Noveno de lo Familiar, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 3, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1221/2017. Del análisis integral de la demanda se advierte que, según constancia secretarial, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la resolución dictada por la Sala responsable, a través de la cual confirmó el acuerdo dictado en el incidente de ejecución de sentencia, que negó girar oficio al Archivo General de Notarías, para que exhibiera copia certificada de documentos que acreditaran la titularidad de consultorios de Médica Sur, heredados, según el dicho de la quejosa, a su contraparte. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.": Este precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede. [...] Fracción IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los artículos transcritos, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, de tal manera que el juicio de garantías es improcedente cuando se reclama cualquier resolución intermedia que se dé en ese periodo de ejecución. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, y ese requisito persigue, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si su procedencia contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia número P/J.32/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión privada de fecha veintinueve de marzo de dos mil dos, publicada en la página treinta y dos, del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril del año dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Asimismo, se ha considerado que existen casos de excepción a la regla de que un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, como son aquéllas resoluciones que ponen fin a incidentes y procedimientos tramitados con posterioridad a la sentencia definitiva, que gozan de autonomía propia porque no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, febrero 2002, página 953, que a la letra dice: "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige." Sin embargo, debe considerarse que tratándose del incidente de ejecución de sentencia, alimentos provisionales, la resolución dictada en dicho incidente, debe impugnarse a través del amparo promovido contra la última sentencia que resuelva la apelación interpuesta contra la interlocutoria que resuelva dicho incidente de ejecución de sentencia, alimentos provisionales; porque el acto que aquí se reclama no se encuentra en los casos de excepción referidos, dado que el acto reclamado no es la última resolución, de ahí que deba esperarse hasta la última resolución dictada en el citado incidente de ejecución de sentencia, alimentos provisionales, en el que se deba hacerse valer tal cuestión. En ese tenor, tenemos que en el caso concreto el acto reclamado consiste, según constancia secretarial, en la resolución dictada por la Sala responsable, a través de la cual confirmó el acuerdo dictado en el incidente de ejecución de sentencia, que negó girar oficio al Archivo General de Notarías, para que exhibiera copia certificada de documentos que acreditaran la titularidad de consultorios de Médica Sur, heredados, según el dicho de la quejosa, a su contraparte, por lo que se considera que tal violación, que se dice se cometió, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución pronunciada en el incidente de ejecución de sentencia, alimentos provisionales. Lo anterior es así, dado que el uso de una adecuada hermenéutica jurídica del artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, permite considerar que por idénticas razones, es que también en tratándose de actos después de concluido el juicio, debe observarse la misma regla de que el juicio de garantías procede contra la resolución que resuelve esa fase de ejecución, en la que podrá reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese incidente; puesto que de considerar que el juicio de amparo biinstancial procede contra todas y cada una de las resoluciones intermedias dictadas desde el inicio de la ejecución y hasta aquella que la decide en definitiva, así sean aquellas que se tomaron en la substanciación del procedimiento de ejecución respectivo se obstaculizaría la etapa de ejecución de la sentencia. Es aplicable, por analogía, al caso concreto, la tesis jurisprudencial 23/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, tomo XXI, mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se inserta: "INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN ESA ETAPA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra el último acto emitido en esa etapa, el cual es el que declara cumplida la sentencia o la imposibilidad para cumplirla. Asimismo, ha establecido que existen casos de excepción a la regla mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, la sentencia que resuelve un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, interpretando a contrario sensu ese criterio, la referida resolución es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que la finalidad del incidente aludido es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, la resolución dictada en un incidente de falta de personalidad promovido en la etapa de ejecución de sentencia, debe reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa." De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que en el caso concreto, el juicio de amparo resulta improcedente en virtud de que el acto reclamado consiste según constancia secretarial en la resolución dictada por la Sala responsable, a través de la cual confirmó el acuerdo dictado en el incidente de ejecución de sentencia, que negó girar oficio al Archivo General de Notarías, para que exhibiera copia certificada de documentos que acreditaran la titularidad de consultorios de Médica Sur, heredados, según el dicho de la quejosa, a su contraparte, la cual no es la última resolución dictada dentro del procedimiento respectivo, lo que hace evidente la improcedencia del juicio de garantías de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase al promovente que la resolución que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que le asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberá manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Por otro lado, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando únicamente para los mismos efectos a las personas que menciona por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción para que realice la notificación del presente auto, aún en días y horas inhábiles. Notifíquese, y personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante el licenciado Humberto Coria Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe. leao Revisó y cotejó todos y cada uno de los datos en el presente proveído, Licenciado Humberto Coria Martínez. Conste

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