María Luisa Rodríguez Vélez

Expediente 1251/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1251/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • María Luisa Rodríguez Vélez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte promovente no se inconformó con el desechamiento de demanda dictado el catorce de diciembre de dos mil veinte; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. .....

  2. Principal

    VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1117/2019, promovido por "****, en contra de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades; y ..... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por "Carburaciones Nacionales", sociedad anónima de capital variable, a través de su representante Jorge Ramos Sánchez, respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, consistentes, en el ámbito de su competencia, en la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, en específico, el artículo 142, fracciones I y II, de la Ley de Instituciones de Crédito, que establecen los casos en los que las instituciones de crédito están obligadas a proporcionar información sobre los depósitos, operaciones o servicios realizados por los depositantes, deudores, titulares, beneficiarios, fideicomitentes, fideicomisarios, comitente o mandante o representantes legales cuando sean solicitados por el Procurador General de la República y los Procuradores Generales de Justicia de los Estados; la orden de bloqueo de las cuentas bancarias número 0126183850201 con número de contrato 12618385, correspondiente a "Banco del Bajío", sociedad anónima institución de banca múltiple; así como la diversa cuenta bancaria de cheques Santander PYME 65507315403, clave interbancaria 014650655073154033, correspondiente a la Institución Bancaria denominada "Banco Santander México", sociedad anónima institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander México, ambas a nombre de la parte quejosa, derivada de la emisión del Acuerdo 105/2019, de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, del índice de la citada Unidad, por el que se dio a conocer la lista de personas bloqueadas para el uso de sus recursos financieros y se requirió la inmovilización de las cuentas bancarias en las que Jorge Ramos Sánchez apareciera, entre otros casos, como firmante o autorizado, representante legal o apoderado; así como su ejecución, contenida en el requerimiento 110/F/A/1863/2019 de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, atribuida al Director General de Procesos Legales y de las Directoras de Procesos Legales "A" y "B", de la Dirección General de Procesos Legales, todos de la Unidad de Inteligencia Financiera; así como los oficios 214-4/2825084/2019 y 214-4/2825076/2019 de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, emitidos en cumplimiento a los aludidos acuerdo y requerimiento reprochados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; precisados en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y quinto del mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a "Carburaciones Nacionales", sociedad anónima de capital variable, a través de su representante Jorge Ramos Sánchez, en contra de los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de su competencia, en la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, en específico, la adición de los párrafos noveno, décimo, undécimo y duodécimo del artículo 115 y 142, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito y las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en particular, las identificadas como 70ª, 71ª, 72ª, 73ª y 74ª, que contienen las disposiciones relativas a la lista de personas bloqueadas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los casos en los que las instituciones de crédito están obligadas a proporcionar información sobre los depósitos, operaciones o servicios realizados por los depositantes, deudores, titulares, beneficiarios, fideicomitentes, fideicomisarios, comitente o mandante o representantes legales cuando sean solicitados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisados en el segundo considerando y por los motivos expuestos en el considerando octavo de la presente sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a "Carburaciones Nacionales", sociedad anónima de capital variable, a través de su representante Jorge Ramos Sánchez, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, para los efectos indicados en la parte final del último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veinte. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1251/2020. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta con el carácter de asesora (profesora) de la plaza comunitaria del INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos), en contra de los actos del Presidente Municipal de Tecamachalco, Puebla, y otras autoridades, por violación de los artículos 1°, 3°, 14, 16 y 17 Constitucionales, se provee: Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Ramiro León Flores, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Número de teléfono móvil y correo electrónico. En términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados la dirección de correo electrónico y el número telefónico que indica la peticionaria de amparo, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Análisis de demanda En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado De la demanda de amparo se advierte que el promovente María Luisa Rodríguez Vélez, quien se ostenta con el carácter de asesora (profesora) de la plaza comunitaria del INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos), reclama de las autoridades responsables, la orden de demoler la plaza comunitaria del INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos), que se encuentra dentro del edifico que ocupa la escuela secundaria general, número dos, "Jesús Reyes Heroles", clave C.T.21DES0122N, ubicada en calle nueve poniente, número trescientos uno, colonia centro de Tecamachalco, Puebla. Actualización de causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en amparo no causa perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa. El Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En apoyo a lo anterior se cita la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 559, con registro rápido de localización 2004008, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.. Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Por su parte, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro rápido de localización 2002812, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." Con relación al interés legítimo, el precepto 107 constitucional se reformó mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, de cuyo proceso legislativo se advierte lo siguiente: "CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS INICIATIVA DE SENADORES (GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI) México, D.F., a 19 de marzo de 2009. Gaceta No. 352. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los suscritos Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jesús Murillo Karam, Fernando Castro Trento y Pedro Joaquín Coldwell, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS [.] En la fracción II se establece quién tiene el carácter de parte agraviada en el juicio de amparo, señalándose que es aquella titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el derecho subjetivo. Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, toda vez que se pensaba a la sociedad mexicana como altamente "homogénea cuando la forma de representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las posibilidades de acceso a la justicia. Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o abrir nuevas posibilidades de impugnación, se propone introducir la figura del interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden jurídico -interés jurídico- o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. No obstante lo anterior, se propone limitarlo en tratándose de los actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener [...] Respecto a dicho numeral constitucional, debe citarse el diverso 6º de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Sobre el tópico del interés legítimo, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, con registro rápido de localización 2004501, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica, por lo cual la afectación a un interés simple queda fuera de la tutela constitucional. En el caso, el acto reclamado por la promovente consiste en la orden de demoler la plaza comunitaria del INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos), que se encuentra dentro del edifico que ocupa la escuela secundaria general, número dos, "Jesús Reyes Heroles", clave C.T.21DES0122N, ubicada en calle nueve poniente, número trescientos uno, colonia centro de Tecamachalco, Puebla. Sin embargo, la solicitante del amparo no evidencia ni señala en forma alguna cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exigen los artículos 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de habitante del municipio de Tecamachalco, Puebla, pues aduce un interés igual al de los habitantes del lugar, pero no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. En efecto, la peticionaria de amparo aduce como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple que, según su dicho, le corresponde como habitante del municipio de Tecamachalco, Puebla; empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de garantías le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Esto es, la promovente sólo tiene un interés simple como miembro de la comunidad, para que las autoridades de que se tratan, desplieguen, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para detener la demolición de la plaza comunitaria del INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos), que se encuentra dentro del edifico que ocupa la escuela secundaria general, número dos, "Jesús Reyes Heroles", clave C.T.21DES0122N, ubicada en calle nueve poniente, número trescientos uno, colonia centro de Tecamachalco, Puebla, acto respecto del cual, no puede instar la justicia constitucional, porque ello llevaría al extremo de que cualquier persona interesada en que no se realizaran obras públicas, promoviera amparo sin acreditar una afectación directa o indirecta en su esfera de derechos y un posible beneficio con la protección constitucional. Efectivamente, el derecho que aduce violado la peticionaria de amparo constituye un derecho abstracto (interés en la mera legalidad), sin que con la consecución del mismo pueda obtenerse un provecho concreto en su esfera jurídica particular. En estas condiciones, se concluye que no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto, la que puede denotar y culminar con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto, pues de ser así, se llegaría al absurdo de permitir que por cada ciudadano se admitiera el juicio de amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos; tan sólo en el Estado se tendría que tramitar un juicio de amparo por cada habitante que considerara que un acto o ley no cumple con sus creencias o aspiraciones legales o políticas. Consecuentemente, no puede considerarse que el sentido particular se imponga sobre un acto o ley, puesto que la reforma constitucional no reconoce ni mucho menos abre la posibilidad que con base en un interés simple se acuda al juicio de amparo, aduciendo como única condición legitimamente el simple factor de ser ciudadanos, pues de estimarlo de esta forma todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto, por el solo hecho de estimar que no es acorde con el rumbo de la política económica que, en su concepto, debería llevar el país, lo que atañe al espectro político y decisional de los órganos del Estado legitimados para determinarlo por la vía democrática. Por el contrario, el espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto. Interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de una garantía individual violada -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Aunado a ello, el destinatario del acto reclamado atribuido a las responsables lo es la población de Tecamachalco, Puebla, por lo que si la promovente alega una afectación que es societaria y abstracta, la misma no es reducible al interés legítimo. En razón de lo expuesto, se concluye que si la promovente acude al juicio de amparo ostentándose como habitante del municipio de Tecamachalco, Puebla, ello se traduce en un interés simple y no legítimo, resulta innecesario esperar hasta el dictado de la sentencia para sobreseer en el juicio, en tanto que ningún beneficio le reportaría el que se desahogara la etapa probatoria, en tanto que no podría demostrar como sustento de su interés para accionar el juicio constitucional. Aunado, a que la promovente no adjuntó documento alguno del que se advierte una afectación directa o indirecta a su esfera jurídica, derivada de la orden de demolición de la plaza comunitaria del INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos), que se encuentra dentro del edifico que ocupa la escuela secundaria general, número dos, "Jesús Reyes Heroles", clave C.T.21DES0122N, ubicada en calle nueve poniente, número trescientos uno, colonia centro de Tecamachalco, Puebla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 60, con registro rápido de localización 2007921, cuyo epígrafe y sinopsis son: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Resulta igualmente aplicable, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes veintidós de mayo de dos mil quince a las nueve horas con treinta minutos, con registro rápido de localización 2009201, el tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL." Desechamiento Consecuentemente, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ....

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