María Luisa Rodríguez Pérez

Expediente 3/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
3/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2017

Partes del expediente

  • María Luisa Rodríguez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Notifico mediante lista a la parte quejosa, el contenido de la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, cuya síntesis dice: Número de expediente: 3/2017 Acuerdo: Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa María Luisa Rodríguez Pérez, por el que da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cuatro de enero del año en curso, y al efecto, precisa bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, siendo éstos los siguientes: "VI.-ANTECEDENTES: l.-La suscrita soy Directora técnica de nivel preescolar de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) y Secretario de Educación de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, desempeñando diariamente mis labores técnico docentes en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en la población de Atotonilco, del municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala; con fecha 2 de diciembre del 2013 presente mi demanda laboral, señalándose el día 10 de septiembre del 2014 para que tuviera verificativo la audiencia en su etapa de Conciliación, Demanda y Excepciones y una vez que se ha sustanciado en todas sus etapas dicho juicio laboral y en virtud de qué fecha 12 de enero del 2016 se desahogó supuestamente la última prueba ofrecida por la suscrita, ya que estaba yo completamente segura que las otras pruebas que ofrecí consistentes en las inspecciones ya se habían desahogado, con fecha 2 de agosto del 2016 promoví un escrito mediante el cual solicité que se nos concediera a las partes al término de tres días para que ofreciéramos nuestros alegatos correspondientes, dándose el caso, que si la Autoridad Responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala ya había señalado las 9:30 horas del día 14 de enero del 2016 para el desahogo de la INSPECCIÓN en el domicilio de la Coordinación Estatal de Carrera Magisterial de la Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala (U.S.E.T), dicha inspección en cuestión se vaya a desahogar hasta las 9:00 horas del día 13 de febrero del 2017, es decir, que para desahogar una prueba de inspección haya transcurrido más de un año, lo cual indudablemente es doloso, e irresponsable, ya que en el hipotético caso de que dicha autoridad responsable se haya dado cuenta que faltaba por desahogarse dicha prueba de inspección hasta el día 2 de agosto del 2016, fecha en que promoví mi escrito mediante el cual solicité el término para alegatos, es igualmente DOLOSO Y CONTRARIO AL PRINCIPIO DE BUENA FE GUARDADA que dicha promoción haya sido acordada hasta el 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ES DECIR, TRES MESES DESPUÉS y que este acuerdo SE ME HAYA NOTIFICADO HASTA EL DIA 2 DE ENERO DEL 2017, ES DECIR MES Y MEDIO DESPUÉS, y no conforme con ello, que dicha autoridad responsable desde su acuerdo de fecha 25 de noviembre del 2016 señalo las 9:00 horas del día 13 de febrero del 2017 para el desahogo de la multicitada inspección en el domicilio de la Coordinación Estatal de Carrera Magisterial de la Unidad de Servicios Educativos del estado de Tlaxcala (U S E T), es decir, DOS MESES Y MEDIO después del acuerdo en cuestión, consecuentemente, DICHA AUTORIDAD RESPONSABLE HA VENIDO ACORDANDO DE MANERA CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Federal, que establecen que la JUSTICIA DEBE SER PRONTA Y EXPEDITA, es decir, que los Tribunales están obligados a IMPARTIR JUSTICIA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, y en el caso específico que nos ocupa, el ARTÍCULO 883 de la Lev Federal del Trabajo establece claramente QUE EL PERÍODO DE TIEMPO PARA EL DESAHOGO DE TODAS LAS PRUEBAS QUE OFREZCA LAS PARTES DEBE DE SER DE 30 DIAS COMO MAXIMO, luego entonces, considero que se ha violado en mi perjuicio mis Derechos Humanos de SEGURIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO establecidas en los ARTÍCULOS 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Federal, así como lo establecido en el ARTÍCULO 883 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo" Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y en atención al contenido del escrito aclaratorio, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." De igual forma, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Expuesto lo anterior, se procede a analizar la causa de improcedencia respecto del acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis por el que señaló que la prueba de inspección se desahogaría el trece de febrero de dos mil diecisiete. Al respecto, del estudio integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y del análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte, que por cuanto hace a dicho acto, la demanda de amparo resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77 del referido ordenamiento legal. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." En ese sentido, debe decirse que, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, no obstante ello, existen diversos requisitos que condicionan a la procedencia del juicio de amparo, dado que debe trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Al respecto, conviene precisar que los efectos jurídicos de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, en el que se conceda el amparo y protección de la justicia federal solicitado, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; de tal manera que la sentencia que en él se dicte, pueda producir la restitución a la agraviada en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, a fin de que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo, que constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Ahora, la parte quejosa reclama el auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis por el que señaló que la prueba de inspección se desahogaría el trece de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral C.D.T. 454/2014-1. De ahí que, al señalarse las nueve horas del trece de febrero de dos mil diecisiete, esto es, una fecha lejana para que se lleve a cabo la prueba de inspección dentro del citado expediente laboral C.D.T. 454/2014-1, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, si bien en el supuesto sin conceder que dicha fecha podría exceder del plazo previsto en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, no existiría margen para que pudiera cumplimentarse la resolución del juicio de amparo, ya que ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, si para el momento en que se requiriera su cumplimiento, ya se habría ejecutado el acto reclamado de modo irreparable para la impetrante del juicio de amparo; ello, tomando en consideración el tiempo aproximado para la probable tramitación y resolución de este juicio en ambas instancias, el cual es doscientos treinta y cinco días. Ciertamente, si tomamos en cuenta que la parte quejosa promovió el juicio de amparo el tres de enero de dos mil diecisiete tal y como lo revela el sello de la oficina de correspondencia común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y la fecha señalada para la prueba de inspección a las nueve horas del trece de febrero de dos mil diecisiete, esto es, una fecha lejana para que se lleve a cabo la prueba de inspección dentro del citado expediente laboral C.D.T. 454/2014-1 del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, sería dentro de veintiocho días mientras que la sentencia del juicio de amparo se resolvería hasta dentro de siete meses aproximadamente, cuya sentencia difícilmente tendría efectos vinculatorios, ya que para esa fecha ya se habría desarrollado la prueba de inspección. En consecuencia, a pesar de la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efecto alguno en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de la proximidad del día y la hora en que tendría verificativo el desahogo de la prueba de inspección ordenada en auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del citado expediente laboral C.D.T. 454/2014-1, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, pues se fijó para las nueve horas del trece de febrero de dos mil diecisiete, ya que a la fecha en que se emitiera la sentencia en el juicio de amparo, cause ejecutoria y se requiera el cumplimiento, ya no existiría el objeto sobre el cual debería surtir sus consecuencias jurídicas. Lo anterior, ya que si bien, en el supuesto sin conceder que dicha fecha podría exceder del plazo previsto en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo; lo cierto es que, no existiría margen para que pudiera cumplimentarse la resolución del juicio de amparo, ya que ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, si para el momento en que se requiriera su cumplimiento, ya se habría ejecutado el acto reclamado de modo irreparable para el impetrante del juicio de amparo; ello, tomando en consideración el tiempo aproximado para la probable tramitación y resolución de este juicio en ambas instancias, el cual como quedó señalado es doscientos treinta y cinco días. Es aplicable por analogía, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 12/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 291, cuyo contenido dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES. Este precepto establece que tratándose de laudos, la suspensión se concederá cuando a juicio de la responsable no se ponga a la parte obrera en peligro de insubsistencia mientras se resuelva el juicio de amparo. Para calcular el tiempo de la duración del juicio, la mencionada disposición otorga a la responsable una facultad discrecional, en cuanto deja a su apreciación, que conforme al artículo 16 constitucional debe fundar y motivar los distintos aspectos de la cuestión como la dificultad jurídica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el número de las partes interesadas, el monto del salario probado, el lugar donde se decreta la suspensión y, en general, las cargas de trabajo del Tribunal Colegiado del Circuito de que se trate. Consecuentemente, la autoridad laboral facultada para conceder la medida cautelar, no necesariamente debe atenerse a la tesis jurisprudencial que fija en seis meses la duración probable del juicio de garantías, porque este cálculo, como otros que también ha establecido esta Suprema Corte, fue correcto en su momento, pero no es de inexcusable acatamiento en la actualidad." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 1217, del Tomo XXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 2006, que establece: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EL IMPORTE DE LOS SALARIOS PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR NO PUEDE SER MENOR AL DE SEIS MESES. Tratándose de la suspensión en amparo indirecto o biinstancial solicitada con motivo de la ejecución de un laudo por falta de emplazamiento al juicio laboral, no es posible calcular como tiempo probable para la duración del juicio constitucional uno menor al de seis meses; lo anterior es así, puesto que el procedimiento de amparo biinstancial requiere de mayor tiempo que el amparo directo, en tanto que en aquél existe la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, y debe celebrarse una audiencia en términos del artículo 155 de la Ley de Amparo, la cual puede suspenderse o diferirse por diversas circunstancias; aspectos que sin duda pueden prolongar la resolución del aludido juicio constitucional. Además, una vez dictada la sentencia puede interponerse recurso de revisión e incluso se tiene la posibilidad de que en éste se ordene la reposición del procedimiento, con lo cual se prolongaría el dictado de la resolución definitiva; por consiguiente, si la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, por regla general, tiene vida jurídica hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoria; entonces, para calcular su duración a efecto de fijar el importe de los salarios del trabajador para asegurar su subsistencia, que se traduce en negar la suspensión para que pueda ejecutarse el laudo mientras se tramita el juicio constitucional, es dable tomar en consideración tanto la complejidad de su procedimiento como su naturaleza biinstancial y, por ende, no es posible fijar un importe menor al de seis meses de salario; sin que sea óbice a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 12/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 291, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.". Dado que, por una parte, tal criterio es atinente a la suspensión de la ejecución de un laudo en amparo directo; y, por otra, dicha jurisprudencia no señala tajantemente que el término probable para la resolución de un juicio de garantías deba ser menor de seis meses." Conforme a lo anterior, a ningún fin práctico tendría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, al no ser posible restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estima violados, toda vez que el acto reclamado dejaría de surtir sus efectos con anterioridad al momento en que sea posible requerir el cumplimiento del fallo protector, por lo que se actualiza de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo VI, diciembre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que respecto de los actos reclamados se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV, así como el diverso 77 de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la citada Ley, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con anexo remitido por la Presidenta y Representante de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el que da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de cuatro de los actuales; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en ese mismo auto.

  4. Principal

    Notificco por meedio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del cuatro de enero de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Vista la demanda de amparo promovida por María Luisa Rodríguez Pérez, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de quien reclama lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO.-Reclamó el ilegal AUTO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tlaxcala dentro del Expediente Laboral CDT.-454/2014-1 de los del índice de esa Junta Local, y que me fue notificado con fecha 2 de enero del 2017 por considerar que dicho auto violenta mis Derechos Humanos de SEGURIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO establecidas en los ARTÍCULOS 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Federal, así como lo establecido en el ARTÍCULO 883 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo." Fórmese expediente y regístrese bajo el número 3/2017-III. Debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en la fracción V que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Ahora bien, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo y con fundamento en el artículo 108, fracción V y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Esto es, señale en forma cronológica los antecedentes del juicio de origen expediente laboral CDT.-454/2014-I del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, así también se le requiere para que describa el contenido del acuerdo que reclama, pues únicamente señala como acto reclamado el auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, sin que se advierta que se acordó en el mismo. En virtud de lo anterior, se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento antes formulado dentro del término indicado para ello, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica. Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, remita el original o en el caso, remita copia certificada de todo lo actuado en el expediente CDT.-454/2014-I de su índice. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos.

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