María Luisa Rodríguez Montalvo

Expediente 54/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
54/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • María Luisa Rodríguez Montalvo
  • Juez Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días, que concede la Ley de Amparo para interponer del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos lo hayan hecho valer las partes, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales conducentes; hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables. Devuélvanse al Juez Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitarle el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recibido asentado por la citada autoridad hace las veces de acuse de recibo. Orden de archivo. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales. Además, se hace constar, que este expediente no es de relevancia documental. Destino de los cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. De igual modo, se hace constar, que el original del cuaderno del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en virtud de que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y no existen documentos originales; además, no es de relevancia documental. Igualmente, con fundamento en el arábigo 20, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, se hace constar que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por este juzgado una vez que transcurran más de seis meses contados desde que se pronunció la sentencia interlocutoria. Agréguese copia autorizada de este acuerdo al original del cuaderno de suspensión. Consecuentemente, archívese como asunto concluido previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le notificó la sentencia firmada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista en el portal del internet del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    *AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EUTIQUIO SEVILLA PÉREZ, EL CONTENIDO DEL AUTO DE 28/05/2021.

  4. Principal

    ." ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad e inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. ."Los conceptos de violación son infundados. La quejosa refiere que no se observó lo dispuesto por el artículo 1° Constitucional, ya que el juez negó su petición de suspender el procedimiento de origen en su etapa de ejecución, no obstante que presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se registró con el número P-1504-20 y se encuentra en estudio, negativa que se sustentó en una tesis que considera no es aplicable. Lo anterior, ya que de acuerdo con el artículo 137 Bis, fracción X, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, la suspensión del procedimiento tiene lugar, entre otros supuestos, en los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades. Por tanto, refiere que si nuestro país ratificó la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, no se observó lo dispuesto por el artículo 1° Constitucional, ya que el existir un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el juez debió suspender el procedimiento al tener derecho a una tutela judicial efectiva. Por otro lado, la peticionaria del amparo refiere que, de acuerdo con el principio pro persona, se debe maximizar la interpretación conforme, en aquellos escenarios en que ello permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, frente al vacío legislativo que pueda provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma, lo cual no hizo el juez responsable. Como ya se adelantó, los conceptos de violación son infundados. El artículo 1° de la Constitución dispone que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por su parte, en el artículo 17 Constitucional, se contiene el derecho fundamental de impartición de justicia, conforme al cual, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. En ese orden, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por otro lado, es conveniente tener presente que el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 25 contempla medidas cautelares, conforme al cual, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano. Por otro lado, los artículos 29 y 30 del citado Reglamento, disponen que las peticiones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, serán estudiada en su orden de entrada y que la Comisión, a través de su Secretaría Ejecutiva, dará trámite a las peticiones que reúnan los requisitos previstos en el artículo 28 del propio Reglamento. Por su parte, el artículo 137 Bis, fracción X, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dispone que operará de pleno derecho la caducidad de la primera instancia cualquiera que sea el estado del juicio desde el primer auto que se dicte en el mismo hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento veinte días hábiles contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera de las partes. Asimismo, la norma en comento establece, que los efectos y formas de su declaración se sujetará, entre otras normas, a la relativa a que la suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad; suspensión que tiene lugar, entre otros supuestos, en los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades. Por último, debe destacarse que las sentencias definitivas que causan ejecutoria constituyen la verdad legal, de modo que el derecho declarado en ellas es incontrovertible, salvo disposición expresa de la ley, por lo que no puede plantearse una nueva discusión sobre lo que en ellas se haya decidido. Las afirmaciones anteriores tienen sustento en los principios de seguridad jurídica que dan firmeza y certidumbre a las controversias judiciales en que ésta opera, así como en el principio de preclusión que rige en los procedimientos judiciales, cuya eficacia se extiende a las actuaciones que hayan dado sustento a la decisión judicial, las cuales también son incontrovertibles. Así las cosas, las decisiones judiciales firmes deben cumplirse cabalmente, porque en ellas se contiene la declaración del derecho decidido conforme a los elementos que se aportaron durante el procedimiento y son los que se tomaron en consideración y dan sustento a la decisión judicial. Las resoluciones judiciales firmes que deciden una controversia, cierran cualquier posibilidad de cuestionar nuevamente lo que ya fue objeto de estudio y decisión, porque, lo contrario, conllevaría incertidumbre en tanto que una controversia judicial podría ser motivo de interminables pronunciamientos y, por ende, contrario a la certeza de las decisiones judiciales. Ciertamente, la cosa juzgada tiene como objeto primordial el proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de volver a plantear cuestiones ya resueltas a través de una sentencia firme, provocando nuevos y constantes pronunciamientos sobre cuestiones previamente expuestas y ya decididas, y, por lo tanto, la incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como de todos los demás que con ellos entablan relaciones de derecho. ."Finalmente, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, según el cual, el acto es irrecurrible. La cosa juzgada material, hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado. Así las cosas, como ya se adelantó son infundados los conceptos de violación. Se estima de ese modo, porque como se advierte del apartado de antecedentes de esta sentencia, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, dictó sentencia en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo 475/2018 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la cual absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas y, en la reconvención, se declaró que el demandado Eutiquio Sevilla Pérez tiene pleno dominio sobre el inmueble materia de la litis, por lo cual condenó a la actora a su desocupación y entrega. De igual modo se aprecia, que por acuerdo de veintitrés de agosto del año en cita, el juez del conocimiento tuvo por recibida la ejecutoria dictada en el amparo directo 330/2019 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante la cual se negó el amparo solicitado por la actora, aquí quejosa. Por otro lado, como también se aprecia del mencionado apartado, la quejosa fundó su petición de que se suspendiera el procedimiento de ejecución, en la circunstancia de que inició una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora bien, del anexo que se acompañó a la demanda de amparo se aprecia, que es verdad que la peticionaria de garantías inició la denuncia que menciona y también se advierte dicha petición se encuentra en estudio, esto es, no se ha admitido ni se aprecia la emisión de alguna medida cautelar con base en el Reglamento de la mencionada Comisión. En esas condiciones, no asiste razón a la peticionaria del amparo, ya que la decisión del juez responsable sí se ajusta a lo dispuesto por el artículo 1° Constitucional, puesto que la ejecución de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, se ubica dentro del ámbito de protección del derecho humano de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional consagrado en el artículo 17 de la carta magna. Por lo tanto, se considera que, en el caso era necesaria la existencia de una determinación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se justificara la suspensión del procedimiento de ejecución de sentencia, ya que la presentación de la denuncia respectiva, por sí sola, no actualiza de plano la suspensión solicitada. Sobre esa base, no era aplicable la norma invocada por la peticionaria del amparo, ya que la sentencia emitida en el juicio de origen constituye cosa juzgada, cuya ejecución como ya se indicó, es un derecho humano previsto en la Constitución, por lo cual no podía considerarse que era necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades, pues como ha quedado expuesto, la cosa juzgada implica que la sentencia emitida constituye la verdad legal e irrecurrible. Sobre esa base, se considera que en el caso sí cobra aplicación la tesis invocada por el juez del conocimiento de rubro siguiente: "RECURSO DE QUEJA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SU INTERPOSICIÓN NO IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS CIVILES AL HABER ADQUIRIDO LA CALIDAD DE COSA JUZGADA Y NO EXISTIR DISPOSICIÓN LEGAL O CONVENCIONAL QUE ORDENE QUE SE SUSPENDA". Por otro lado, es infundado lo expuesto por la peticionaria del amparo, en el sentido de que, de acuerdo con el principio pro persona, se debe maximizar la interpretación conforme, en aquellos escenarios en que ello permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, frente al vacío legislativo que pueda provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma, lo cual no hizo el juez responsable. Lo anterior es así, porque no se expone cuál es la norma que otorga al juez ordinario la facultad de llevar a cabo una interpretación conforme de la ley una norma, para con ello evitar una declaratoria de inconstitucionalidad; puesto que dicha facultad es exclusiva de los tribunales constitucionales. En las anotadas condiciones, son infundados los conceptos de violación. IX. DECISIÓN Ante el escenario expuesto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a los actuarios adscritos al Juzgado Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, al hacerse depender su ilegalidad de la atribuida al acto reclamado de la autoridad señalada como ordenadora, acto respecto del cual se niega la protección constitucional solicitada. Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76 y 124, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Por las consideraciones vertidas en el octavo apartado de la presente sentencia, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a María Luisa Rodríguez Montalvo, por propio derecho. Notifíquese personalmente a las partes,

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