María Luisa Ordoñez Silva

Expediente 1863/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1863/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • María Luisa Ordoñez Silva

Actuaciones

  1. Principal

    "...Agréguese a estos autos el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite un legajo de copias certificadas y testimonio de la resolución dictada el nueve de febrero del año en curso en el recurso de queja 19/2018, en el que resolvió: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por...contra el auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo indirecto 1863/2017-IV-A, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez". En consecuencia acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental..."

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, e informa que la registró bajo el número de queja 19/2018.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, acompañándole el original y copia del escrito del recurso, copia certificada del juicio de amparo 1863/2017-VI-A. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda promovida por ...; se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1863/2017-VI-A. ACTO RECLAMADO Al analizarse de manera íntegra la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictado después de concluido el juicio de origen 110/2014 del índice del Juzgado Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, por el que ordena previa desocupación poner a la parte actora en posesión física y jurídica del inmueble ubicado en Mexicaltzingo, número dos, local uno, Colonia Cumbria, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, materia de arrendamiento. DESECHAMIENTO Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, segundo párrafo de la fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, la "última resolución" que se dicte dentro del procedimiento de ejecución del juicio del que provenga el acto reclamado es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues así lo establece la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, pues esto tiene el fin de que se evite el abuso del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", es decir, la determinación que contenga el acuerdo conclusivo de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página un mil seiscientos setenta y dos, tomo XXIX, de febrero de dos mil nueve, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Así, la parte quejosa reclama en el presente sumario de amparo el auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dictado después de concluido el juicio de origen 110/2014 del índice del Juzgado Civil de Cuantía Menor del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, por el que ordena previa desocupación poner a la parte actora en posesión física y jurídica del inmueble ubicado en Mexicaltzingo, número dos, local uno, Colonia Cumbria, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, materia de arrendamiento. Por tanto, el acto reclamado no es la "última resolución" dentro del juicio de origen, en contra de la cual proceda el juicio de amparo; es decir, es un acto emitido en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, tuvo la posibilidad de ser escuchado en defensa de sus intereses, por lo que no puede ser señalado como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino que se trata de actos previos a ello. Circunstancia que se corrobora con los antecedentes descritos por la quejosa, mismos que al ser formulados bajo protesta de decir verdad, se deben de tener como ciertos, así como del anexo exhibido, se advierte, que la impetrante de amparo se encontraba plenamente notificada e impuesta de los autos del juicio de origen, y por ende, tiene conocimiento de la sustanciación del juicio de origen y no se le puede eximir del cumplimiento de la sentencia que causó ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, Tesis Aislada(Común), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2613, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, de la Novena Época, que a la letra indica: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." En efecto, la finalidad de lo anteriormente expuesto es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como facultad del Estado para tutelar la impartición de justicia, pues como ya se señaló, la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el inicio del procedimiento respectivo, si por los actos intermedios o que preparan su materialización, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos materia de amparo después de concluido el juicio. Se sostiene lo anterior, tomando como base por analogía la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y cuatro, tomo XIV, de julio de dos mil uno, la cual refiere: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en los términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la ley de amparo. En virtud de lo determinado en el presente proveído, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción para que notifique de manera personal a la parte quejosa, en el domicilio señalado en su demanda. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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