María Luisa Navarrete González
Expediente 841/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Luisa Navarrete González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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MESA 1: Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por Eduardo Méndez Castellanos, delegado del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, a través del cual solicita copia de la sentencia así como del auto por el que causo ejecutoria. Atento a lo anterior, gírese atento oficio al Procurador General de justicia de la Ciudad de México, anexando las copias certificadas que solicita, sin necesidad de solicitar acuse de recibido, pues como tal se tendrá el sello que obre en la constancia de notificación respectiva. Notifíquese.
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mesa"1"Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de la parte que lo suscribe, en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene a ERIKA SANTOS SANTOS apersonándose a juicio en su carácter de tercero interesada. En términos de los artículos 12 y 27, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase por autorizados a profesionistas para oír y recibir notificaciones y por señalado domicilio para tales efectos. Respecto a las manifestaciones de que se sobresea el juicio de amparo en que se actúa, dígasele que tal determinación ha sido dictada en proveído de dieciocho de octubre del presente año. Notifíquese.
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mesa "1" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS: ACUERDO: ""...Por tanto, atendiendo a lo dictado en párrafos precedentes, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, en tanto que el acto reclamado señalado por la quejosa orden de aprehensión, ha dejado de existir con motivo del auto de plazo constitucional decretado. Por lo que conforme a lo dispuesto en la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo en vigor, lo conducente es, conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el juicio en que se actúa por configurarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a la peticionaria de amparo, en virtud de que la determinación que en este proveído se dicta, se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, que se actualiza cuando se reclama la privación de la libertad deambulatoria, con motivo de una orden de aprehensión y durante la substanciación del juicio se ordena la formal prisión o preventiva de la quejosa, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. De igual forma, cobra aplicación por identidad jurídica al respecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior, sin menester dar vista a la quejosa con la actualización de dicha causa de improcedencia advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes". El presente fallo comprende los actos de ejecución reclamados al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México y Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, derivados de la orden de aprehensión señalada por la quejosa, pues no se combaten por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto privativo del que derivan. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia VI2°. J/7, visible a foja 690, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II Segunda Parte-2, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios". En ese tenor, por las razones expuestas, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la quejosa...."
- Principal
MESA "1" "...Por tanto, atendiendo a lo dictado en párrafos precedentes, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, en tanto que el acto reclamado señalado por la quejosa orden de aprehensión, ha dejado de existir con motivo del auto de plazo constitucional decretado. Por lo que conforme a lo dispuesto en la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo en vigor, lo conducente es, conforme a la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el juicio en que se actúa por configurarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a la peticionaria de amparo, en virtud de que la determinación que en este proveído se dicta, se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, que se actualiza cuando se reclama la privación de la libertad deambulatoria, con motivo de una orden de aprehensión y durante la substanciación del juicio se ordena la formal prisión o preventiva de la quejosa, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. De igual forma, cobra aplicación por identidad jurídica al respecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior, sin menester dar vista a la quejosa con la actualización de dicha causa de improcedencia advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.) , que textualmente establece: IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes". El presente fallo comprende los actos de ejecución reclamados al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México y Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, derivados de la orden de aprehensión señalada por la quejosa, pues no se combaten por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto privativo del que derivan. Tiene aplicación al efecto, la jurisprudencia VI2°. J/7, visible a foja 690, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II Segunda Parte-2, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si estos no se combaten por vicios propios". En ese tenor, por las razones expuestas, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, debiéndose hacer del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
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