María Luisa Moreno León
Expediente 95/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 95/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/10/2021
Partes del expediente
- María Luisa Moreno León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No fue solicitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo. Certificación de la carátula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional. Por lo anterior, se les ordenó a las autoridades responsables procedieran en los términos siguientes: "[.] OCTAVO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1o. constitucional, dispone que: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.". En el caso, es incuestionable que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la quejosa, en cuanto a pagos retrasados, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicios que durante ese lapso sufrieron los agraviados, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas trasgresiones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de pensiones a la agraviada, se realicen en tiempo, en virtud de que de esta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1o. constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Nomina de Pensiones y Jubilaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión del quejoso. Asimismo, ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión del agraviado, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable del Instituto mencionado, realice los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto.Notifíquese y personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitidos por el delegado autorizado de las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por medio de los cuales informa el cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla Notifíquese y personalmente. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Juan José Chávez Montes, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al primer semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesiones de siete y veintiuno de junio del año en curso, asistido de Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio con registro 8709, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de este Circuito, mediante el cual, por los motivos que expone, remite el diverso oficio signado por el Subsecretario Jurídico del Estado en representación del Gobernador del Estado de Baja California. Superior jerárquico atiende requerimiento. En consecuencia, Se tiene al Gobernador del Estado de Baja California, en su carácter de superior jerárquico, informado que giró las instrucciones pertinentes a la autoridad responsable para que proceda sin demora a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. Autoridad responsable informa gestiones. Asimismo, téngase al delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, remitiendo los oficios con registros 8134 y 9678, mediante los cuales informa las gestiones que está realizando encaminadas a dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remite diversas constancias. Efectos del fallo protector. Cabe señalar que los efectos del fallo protector otorgado a María Luisa Moreno León, son los siguientes: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. [.] Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Nomina de Pensiones y Jubilaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión del quejoso. Asimismo, ya que se reclamaron los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión del agraviado, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable del Instituto mencionado, realice los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, y para lo cual, podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis 2a./J. 139/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 941, de encabezado y sinopsis siguientes: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo." Ahora bien, de conformidad con el numeral 192 último párrafo de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a este Juzgado de Distrito para que pueda tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido; por lo que a fin de evitarlo, se estima razonable el plazo de tres meses, para vigilar que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitirse el pronunciamiento respectivo sobre si la sentencia de amparo fue o no cumplida. En la inteligencia de que, de declararse cumplido el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de pensión, la agraviada tendrá expeditos sus derechos para agotar los recursos previstos en la Ley de Amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo juicio de control constitucional, sin necesidad de que instar uno nuevo. [.]" Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, no se desprende el cumplimiento al fallo protector, pues no se advierte que el pago de los meses de abril y mayo que dice la responsable realizaron, se hubieren efectuado de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto, ni se demuestra que dicho pago puntual hubiere sido al menos por tres meses, como se ordenó en la ejecutoria de amparo. Requerimiento. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes contados a partir de que reciban la notificación del presente proveído, cumplan en forma total con la ejecutoria de amparo. Se les harán efectivos los apercibimientos. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 258, 192 y 193 todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la separación de su cargo y su consignación. En efecto, podría ser consignada la autoridad respectiva ante el Agente del Ministerio Público de la Federación por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Juan José Chávez Montes, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al primer semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesiones de siete y veintiuno de junio del año en curso, asistido de Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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