MARIA LUISA MORAN LICONA y Otros.

Expediente 1076/2016 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1076/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2017

Partes del expediente

  • MARIA LUISA MORAN LICONA y Otros.
  • Maria Luisa Moran Licona

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, por medio del cual la parte quejosa, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por este juzgado federal; en consecuencia, en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81 fracción I inciso e), 86, 89 y 91 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito; por tanto, distribúyase entre las partes copia del referido escrito y fórmese cuaderno de antecedentes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 y 89 de la ley de la materia, una vez que el presente expediente esté debidamente integrado, es decir, en cuanto obre en autos constancia de notificación a las partes de este proveído, remítase el original del escrito de cuenta, juntamente con los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Primer Circuito, para la substanciación del recurso de mérito. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta; mediante el cual solicita le sea expedida copia certificada de la carpeta de investigación que fue remitida como apoyo a su informe justificado por la autoridad responsable. Ahora bien, dígasele que no ha lugar toda vez que como se advierte de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, los quejosos no acreditaron tener interés legítimo ni jurídico respecto al inmueble que resulto susceptible de aseguramiento, y como preciso la autoridad responsable al negarle copias de la misma carpeta de investigación que pretenden sean expedidas por este juzgado, los mismos nunca fueron parte, por lo que al tratarse la carpeta de investigación de personas diversas de los quejosos, y de información que no se encuentra directamente relacionada con estos, opera la protección de datos prevista en los numerales 113 y 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No pasa desapercibido que el autorizado de la parte quejosa refiere que se vulneran derechos humanos de los quejosos, sin embargo; como se estableció en la sentencia que resolvió el presente juicio, era en los quejosos en quienes recaía la carga de la prueba para acreditar el interés ya fuera jurídico o legítimo, así como la personalidad con la que se ostentaron (arrendatarios y coheredera) y violaciones a sus derechos consagrados por nuestra carta magna, lo que en el caso no aconteció, por lo que al no haber acreditado lo mismo, tampoco pueden alegar que se vulnero derecho humano alguno. Finalmente, se levanta la reserva decretada en proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, donde ser reservo acordar el escrito de la parte tercero interesa, sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el juicio en que se actúa ya fue resuelto. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 1076/2016-III, promovido por Gloria Anaya Ruiz, Julia Espinosa Gutiérrez, José Manuel Hernández Lara, José Luis Ramos Martínez, Marco Antonio Rojas Morales, Maria De Los Ángeles Fuentes Anaya, Marco Antonio Ramos Martinez, Eva Sanchez Salazar y María Luisa Morán Licona, por derecho propio. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. Los quejosos refieren que en septiembre de dos mil dieciséis, autoridades de esta ciudad, posiblemente por el mal funcionamiento de un taller mecánico, clausuraron el inmueble en el que habitan, ubicado en calle Alfajayucan número 208, Colonia San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México; asimismo, precisaron que desde ese día no pudieron ingresar y que por esos actos promovieron diverso juicio de amparo en materia administrativa, en el que advirtieron la existencia de las órdenes de custodia, inspección y aseguramiento del predio dictadas por él agente del Ministerio Público responsable (actos reclamados). SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Admisión, prevención y desechamiento de la demanda, con incidente de suspensión: Siete de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 9 a 13). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito a este juzgado: Ocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 13), quien formuló pedimento (foja 33). Admisión por la quejosa María Luisa Morán Licona: Veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (foja 74 a 76). Ampliación de demanda: Veintisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 160 a 162). Emplazamiento al tercero interesado Instituto de Vivienda del Distrito Federal, ahora Ciudad de México: Tres de febrero de dos mil diecisiete (foja 182). Audiencia constitucional: Veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 222 y 223). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que los actos que se reclaman son de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son los siguientes: a) Aseguramiento del inmueble ubicado en calle Alfajayucan número 208, colonia San Andrés Tetepilco, delegación Iztapalapa, Ciudad de México, dictado en la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-1C/D/00194/09-2016. b) Inspección al inmueble ordenada el siete de septiembre de dos mil dieciséis en la citada carpeta de investigación. c) Custodia del inmueble ordenada en el referida indagatoria. d) Resolución de diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se ordenó la entrega del inmueble al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, emitida en la carpeta de investigación precisada. e) Su ejecución. Cabe destacar que en el capítulo de hechos y conceptos de violación de su demanda de amparo, los quejosos señalan diversos actos que, como un todo, pudieran tenerse como actos reclamados, ya que precisan la clausura del inmueble, demolición de algunas viviendas, desalojo, inicio y omisión de notificar procedimiento administrativo, entre otros; sin embargo, se advierte que esencialmente se duelen de los actos penales toda vez que promovieron diverso juicio amparo por los actos en materia administrativa; por tanto, se tienen como destacados los que se precisaron en los incisos que anteceden. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Fojas I Fiscal Desconcentrado en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana a) Aseguramiento del inmueble ubicado en calle Alfajayucan número 208, Colonia San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. b) Inspección al predio ordenada el siete de septiembre de dos mil dieciséis. c) Custodia del inmueble. Niega 70 111 II Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación titular del Primer Turno adscrito a la Agencia "A" de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana Niega 18 III Titular de la Unidad Uno con Detenido de la Agencia Investigadora del Ministerio Público "A" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana Niega 86 IV Titular de la Unidad Dos con Detenido de la Agencia Investigadora del Ministerio Público "A" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana Acepta a) Omiso respecto de b) y c) 87 V Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Dos sin Detenido de la Coordinación Territorial "B" de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana Niega 100 d) Resolución de diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se ordenó la entrega del inmueble ubicado en calle Alfajayucan número 208, Colonia San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y su ejecución. Acepta 183 VI Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México e) Ejecución Acepta Niega 105 21 VII Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México Niega 72 110 El Titular de la Unidad Dos con Detenido de la Agencia Investigadora del Ministerio Público "A" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (IV), aceptó la existencia del aseguramiento del inmueble; sin embargo, ese acto al momento de la presentación de la demanda ya no existía como más adelante se verá. Por otra parte, dicha autoridad fue omisa respecto al acto consistente en la custodia del citado inmueble, identificado como c); empero, obran pruebas que no permiten presumir su existencia. La inexistencia de los actos reclamados se encuentra corroborada con el contenido de las constancias que remitió la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno por ser documentales públicas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Para mayor claridad conviene precisar los siguientes antecedentes: 1. Los quejosos en el capítulo de hechos y conceptos de violación precisaron que son arrendatarios del inmueble ubicado en calle Alfajayucan número 208, Colonia San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, con excepción de Eva Sánchez Salazar, quien afirma que su posesión deriva de que su esposo es coheredero de la sucesión a bienes de Lucio Camargo Torres. 2. El agente del Ministerio Público, inició la carpeta de investigación por la denuncia de hechos relativa al mal funcionamiento de un taller mecánico en el citado inmueble. 3. El ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el representante social ordenó la inspección y custodia del predio. 4. El nueve de septiembre siguiente, ordenó su aseguramiento. 5. El diez de noviembre de dos mil dieciséis, entregó la posesión del inmueble al Instituto de la Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, porque acreditó la propiedad de éste (los puntos 3, 4 y 5 son actos reclamados). De lo hasta aquí expuesto, se puede advertir que la demanda de amparo fue presentada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis; el aseguramiento del inmueble se ordenó el nueve de septiembre de ese año; sin embargo, el diez noviembre siguiente (antes de la presentación de la demanda), el agente del Ministerio Público entregó la posesión al Instituto de la Vivienda; por tanto, al momento de la presentación ya no existía el aseguramiento, ni la custodia del inmueble, puesto que la autoridad responsable entregó la posesión a la institución que acreditó la propiedad, lo que implicó que dejaran de existir esos actos. Por consecuencia, tampoco puede existir el acto reclamado consistente en la ejecución de la custodia del inmueble que se le atribuye al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México (VI). Es así, pues la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Por otro lado, el Fiscal Desconcentrado (I), los Agentes del Ministerios Público del Primer Turno (II), el de la Unidad Uno con Detenido (III), ambos de la Unidad de Investigación adscritos a la Agencia "A" y el de la Unidad de Investigación Dos sin Detenido de la Coordinación Territorial "B" (V); todos de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana; así como el Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (VII), al rendir su informe justificado, negaron el aseguramiento y la custodia del inmueble, actos reclamados identificados como a) y c), así como su ejecución, respectivamente, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba para desvirtuar su inexistencia. En consecuencia, al no existir esos actos reclamados y los quejosos no demostrar lo contrario, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Titular de la Unidad Dos con Detenido de la Agencia Investigadora del Ministerio Público "A" en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (IV), al rendir su informe justificado fue omiso respecto del acto que se le atribuye, identificado como b), consistente en la orden de inspección del inmueble de mérito; por tanto, de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto, ya que en la carpeta de investigación obra dicho acto. El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Dos sin Detenido de la Coordinación Territorial "B" de la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (V), al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto identificado como d), consistente en la entrega del inmueble al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. QUINTO. IMPROCEDENCIA. El Fiscal Desconcentrado, los Agentes del Ministerios Público del Primer Turno y de la Unidad Uno con Detenido, ambos de la Unidad de Investigación adscritos a la Agencia "A" y el Dos sin Detenido de la Coordinación Territorial "B", todos de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la inspección al inmueble ordenada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en la carpeta de investigación, identificado como b); asimismo, de autos no se advierte que se les pueda atribuir, ya que ese acto fue emitido por diversa autoridad responsable como se vio en el considerando anterior. Por tanto, se sobresee en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5o., fracción II y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que dichas autoridades no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto reclamado que se les atribuye, que sí existe, como se apuntó, pero fue emitido por diversa autoridad. De ahí que no puedan considerarse como responsables respecto de ese acto reclamado. Sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento.". SEXTO. DIVERSA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADA. Respecto de los actos reclamados consistentes en la inspección del inmueble ubicado en calle Alfajayucan número 208, Colonia San Andrés Tetepilco, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México; así como su entrega al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, no obstante su existencia, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley (...).". En ese tenor, debe tenerse presente que el interés legítimo y jurídico como condición para promover el juicio de amparo, está previsto en la fracción I, del artículo 107 constitucional, el cual establece: "Artículo 107. (.) I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.).". A su vez, la fracción I, del normativo 5o. de la Ley de Amparo, en relación con dicho tema, dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.).". De lo anterior se advierte que el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple. A este respecto, el interés adquiere el carácter de jurídico cuando el objeto al cual se inclina el ánimo se encuentra tutelado por alguna disposición normativa. Ahora, los quejosos comparecen al juicio de amparo indirecto manifestando, bajo protesta de decir verdad, que son arrendatarios del inmueble asegurado y Eva Sánchez Salazar, refiere que su posesión derivaba de la circunstancia de coheredero de su esposo a bienes de Lucio Camargo Torres. Sin embargo, no acreditan su interés jurídico, indispensable para la procedencia del juicio, ni exhibieron alguna prueba para acreditarlo. Asimismo, las que obran en autos consistentes en copia certificada de la indagatoria de origen, no revelan ni justifican la causa generadora de la posesión que los quejosos dicen tener respecto del bien inmueble de marras. Por tanto, la manifestación de los quejosos no encuentra sustento para encuadrarse en la posesión originaria o derivada del inmueble, que es la única susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo. Entonces, debe concluirse que no demostraron el interés jurídico necesario para reclamar los actos consistentes en la inspección del inmueble y su entrega al legítimo propietario. Ello es así, porque tratándose de un bien inmueble, el derecho directo para poseerlo sólo corresponde al titular o aquella persona que tenga una causa u origen, que lo faculte a usar, disfrutar y disponer, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pero no a cualquier persona que ocupe tal inmueble con motivo de algún vínculo que guarde con algún acto jurídico. De manera que si el juicio de amparo lo promovieron los quejosos, con motivo de que pretendidamente tienen la posesión del inmueble, sin acreditarlo, deben ser considerados como simples ocupantes, que no constituye ningún derecho propio que forme parte de su esfera jurídica y, en esa medida, carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Cabe destacar, que los quejosos tuvieron la carga de la prueba para demostrar la existencia del contrato de arrendamiento que refirieron en su escrito de demanda, o en su caso, la diversa quejosa Eva Sánchez Salazar, acreditar que su posesión derivaba de la circunstancia de coheredero de su esposo a bienes de Lucio Camargo Torres; empero, no cumplieron, pues no obra alguna constancia que revele la existencia de su posesión del inmueble; inclusive, en la fase de la audiencia constitucional, relativa al periodo probatorio, sólo se tuvo por desahogada la documental, consistente en todo lo actuado en la carpeta de investigación. En tal virtud, al no haber acreditado ni la posesión ni el título jurídico que la justifique, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo. Por otro lado, tampoco se advierte un interés legítimo de los quejosos, que requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Su conformación presupone la existencia de un vínculo entre una persona y una pretensión; de manera que la eventual anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, y un resultado inmediato de la resolución que concediera el amparo, no un beneficio hipotético, pues de lo contrario estaríamos frente a un interés simple. Así, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En la especie, esas condiciones para la configuración del interés legítimo no se satisfacen, por un lado, porque la intromisión en su esfera jurídica de que se duelen los quejosos no es directa, ni el agravio que alegan deriva de una situación particular que tengan en el orden jurídico, esto es, los peticionarios no se encuentran en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aducen. Tampoco existe un vínculo de tal naturaleza entre los accionantes y su pretensión, que una eventual anulación del acto reclamado llegara a producir un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica. Esto es así, ya que la situación que guardan frente al orden jurídico traería consigo el respectivo menoscabo al propietario del bien inmueble que está probado es el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; cuya posesión originaria constituye uno de los bienes que protege el artículo 14 constitucional, no así a los quejosos, quienes únicamente podría estimarse resienten un perjuicio indirecto con motivo de esa circunstancia; además, ese perjuicio no es diferenciado, esto es, no los coloca en una situación cualificada personal o sectorial, diversa a la del resto de la población. En suma, más que estar en presencia de un interés legítimo, nos encontramos en un interés simple, que se caracteriza, precisamente, por concernir a todos los integrantes de la sociedad, en el que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Sustenta lo anterior las jurisprudencias siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, se sobresee en el juicio y, por ende, resulta innecesario pronunciarse respecto a las diversas causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, dado que no cambiaría el sentido de la decisión. Merece invocarse la siguiente jurisprudencia sobre el tema: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". SÉPTIMO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1076/2016-III, promovido por Gloria Anaya Ruiz, Julia Espinosa Gutiérrez, José Manuel Hernández Lara, José Luis Ramos Martínez, Marco Antonio Rojas Morales, Maria De Los Ángeles Fuentes Anaya, Marco Antonio Ramos Martinez, Eva Sanchez Salazar y María Luisa Morán Licona, contra los actos y autoridades responsables precisados en los considerandos tercero, quinto y sexto, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Ciudad de México, seis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que se encuentra celebrada la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento, el oficio proveniente del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), mediante el cual formula alegatos, atento a ello, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto no se dicte la resolución correspondiente. Notifíquese.

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