María Luisa López Espinoza
Expediente 63/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Luisa López Espinoza
Actuaciones
- Principal
MESA VII-B "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo promovida por ...., como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; ..., se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
MESA VII-B "... Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Director de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 63/2019. Improcedencia. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, de la lectura integral de la demanda de cuenta, así como de sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables: ... En ese sentido, contra dicho acto, de manera notoria, manifiesta e indudable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el acto que se reclama se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal. ... La norma transcrita establece, entre otras cosas, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por el artículo 107, fracción I, constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal en la primera de las hipótesis mencionadas, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho. En otras palabras, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo actos u omisiones resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. ... En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto u omisión que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto u omisión, o, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación al momento de la promoción del amparo. En el caso, como ya se precisó en párrafos anteriores, la parte quejosa reclama la emisión de las cartas CCCCEC0541718 y CCCCEC0599118, que contienen la invitación de corrección de situación fiscal de los créditos fiscales 42230 y 42498, así como su ejecución material, por medio de las cuales la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, invita a la aquí quejosa a regularizar su situación fiscal de forma voluntaria, lo que se corrobora con las copias simples de las respectivas cartas invitación que anexa a su escrito de demanda. Como se ve, la emisión de las aludidas cartas invitación de veintitrés de noviembre y tres de diciembre, ambas de dos mil dieciocho, signadas por la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, no causan en la esfera jurídica de la promovente, un perjuicio inmediato y de manera directa, pues estas solo constituyen un instrumento emitido por la autoridad responsable, en la cual se hace del conocimiento a la quejosa ***, la existencia de un adeudo fiscal que no ha sido pagado; sin que de las mismas se advierta que contengan orden de embargarle bienes de su propiedad, o alguna verificación de su situación fiscal a efecto de determinarle algún crédito fiscal, o siquiera se le haya apercibido de alguna sanción, en caso de incumplimiento. Lo anterior, se advierte de la lectura de los referidos documentos, pues la autoridad responsable, únicamente hace del conocimiento de dicho adeudo a la quejosa, lo cual no constituye una resolución definitiva que pueda ser impugnada a través del juicio de garantías, dado que la responsable al emitir las aludidas cartas de invitación únicamente se limita de hacer del conocimiento o sugerir a la aquí gobernada, la corrección de su situación fiscal como contribuyente, lo cual no se puede traducir en una afectación real, material o menoscabo a su patrimonio jurídico; pues como ya se precisó, la emisión de dichos documentos, es de carácter informativo. ... Por tanto, como ya se indicó, la emisión de las cartas invitación CCCCEC0541718 y CCCCEC0599118 de veintitrés de noviembre y tres de diciembre de dos mil dieciocho, no causan un perjuicio inmediato y de manera directa en la esfera jurídica de la promovente, pues se tratan de instrumentos preventivos mediante el cual se conmina a la contribuyente para que acuda a regularizar su situación fiscal, además de que no se determina algún crédito o se impone alguna sanción, por lo que una invitación de la autoridad fiscal, no trasciende a la esfera jurídica de la quejosa. Máxime, que de las constancias que exhibió la parte quejosa no se aprecia que las cartas invitación emanen de un algún procedimiento administrativo seguido en forma de juicio contra la peticionaria. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113, de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA la demanda de garantías. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel Juárez Hernández, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona restante. Autorización de días y horas inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. CONSTE)
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