Maria Luisa Lopez Calderon

Expediente 266/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
266/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/04/2023

Partes del expediente

  • Maria Luisa Lopez Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Se informa adscripción de titular. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano constitucional ordenó prevenir a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del auto de catorce de marzo del presente año, se presentara en las instalaciones de este Juzgado Federal a ratificar las firmas a que se hace referencia en dicho auto, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no presentado el escrito con número de registro 3706, término fijado que ya feneció. Ahora bien, en relación a lo anterior, y toda vez que por auto de veintiocho de febrero del presente año, se previno a la parte quejosa para que aclarara su escrito inicial de demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Efectivo apercibimiento. Por tanto, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el mencionado término legal de cinco días concedido a la parte promovente, sin que realizara las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma, no obstante estar debidamente notificada; en tal virtud, y con fundamento en el artículo 111, en relación con el diverso 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de documento. Téngase por recibido y glósese a los autos el escrito de cuenta signado a nombre de María Luisa López Calderón, atento a su contenido se acuerda: Con la finalidad de proveer lo que en derecho corresponda, en cuanto al contenido del referido escrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa María Luisa López Calderón, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, debidamente identificada, ratifique ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito de que se trata, en virtud de que la firma que lo calza, difiere de la que obra estampada en el escrito inicial de demanda, como se advierte del cuadro comparativo que enseguida se inserta. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentado el ocurso de mérito. Cabe señalar que la facultad de requerir a la quejosa para que se presente a ratificar la firma del aludido escrito, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue ella; máxime que, como se anotó, dicha firma discrepa con la que obra en el escrito inicial de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la parte promovente haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que, en caso de que no sea así, aquélla podría hacerse acreedora a las sanciones establecidas en la legislación penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a. 24 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385 del tomo III, primera parte, enero-junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    V I S T O, para resolver, el juicio de amparo 447/2022- IV. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, sociedad anónima de capital variable, contra los actos que reclamó del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por los motivos asentados en el último considerando y para los efectos siguientes: Se permita a la parte quejosa, únicamente respecto de la declaración anual de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de los elementos que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta tengan lugar en ejercicios distintos. Debe destacarse que el presente fallo protector deberá ser cumplido por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a través de la unidad administrativa correspondiente, previo el trámite que deberá agotar la peticionaria de amparo, devuelva a la parte quejosa las cantidades que resulten procedentes por concepto del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Notifíquese; hágase personalmente a las partes.

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