María Luisa Judith Rojas Olvera
Expediente 943/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/08/2022
Partes del expediente
- Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco
- María Luisa Judith Rojas Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe el apoderado especial de la parte quejosa; agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y en relación a requerir a la autoridad vinculada Congreso del Estado de Jalisco, dígasele que por oficio registrado con el número el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, dio contestación al mismo. Asimismo, por lo que ve a requerir al Actuario Notificador para que digitalice o informe sobre la constancia de notificación al Ayuntamiento Constitución de Chimaltitán, Jalisco; por tanto, como lo solicita, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este juzgado de Distrito, para que de inmediato, realice la digitalización de la constancia remitida al Ayuntamiento Constitucional de Chimaltitán, Jalisco del auto de doce de julio pasado. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las que se advierta el cumplimiento dado al fallo protector BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY CUMPLA CON LO REQUERIDO
- Principal
Vista la comparecencia de cuenta, de la que se advierte que fue devuelto el billete de depósito con número por la cantidad de , expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, a la parte quejosa; así como del contenido de la certificación que antecede, y que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como esta ordenado en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, QUE EN SINTESIS DICE: Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio proveniente de la Jueza Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, mediante el cual su titular remite copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente 2564/20217, promovido por María Luisa Judith Rojas Olvera, de las que se advierte que en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo en el que se proveyó el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de diciembre de dos mil veintiuno; sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento procesal oportuno. Ahora bien, del contenido de las aludidas constancias, se evidencia una causal indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio. Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2ª./J 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, en atención a lo anterior, este juzgador decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en atención a las consideraciones que a continuación se precisarán. Cabe destacar, que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Jueza y Secretario de Acuerdos ambos del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, en esta vía constitucional, lo siguiente: LA OMISIÓN de la autoridad señalada como responsable de actuar y dictar acuerdo o auto respecto del escrito presentado con fecha 09 de Diciembre del año 2021 ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco dirigidas al Expediente número *, situación que como ya se manifestó viola en perjuicio del suscrito mis derechos humanos y garantías constitucionales." Ahora bien, de las documentales que la responsable adjuntó al oficio de cuenta, en lo que interesa la copia certificada de lo proveído de veintisiete de mayo del año en curso, dictado en el expediente *, del índice de la responsable; en el que se acuerda la promoción presentada por la parte quejosa el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, como se precisó, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de la responsables de acordar el escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, situación que ya aconteció mediante proveído de veintisiete de mayo del año en curso, dictado en el expediente *, del índice de la responsable, por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que con aquello se constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido, por tanto, no puede continuar surtiendo efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la quejosa; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL1 . La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las condiciones apuntadas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la citada legislación, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de???? orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso. No es obstáculo a la anterior determinación que la autoridad responsable no haya remitido la constancia de notificación a la quejosa respecto del acuerdo; sin embargo, la parte quejosa tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el presente proveído y correrle traslado con el oficio de cuenta y anexo de cuenta Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/99, localizable en la página 469, Tomo IX, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que dice: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." ???????? Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con veinticuatro minutos del siete de julio de dos mil veintidós.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se omitió ordenar notificar a las partes de manera personal; por consiguiente, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrúyase al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, que corresponda, a efecto de que realice la notificación a las partes del auto de diecisiete de mayo pasado, de manera personal. Para dar lugar a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDOS Agréguese a los autos el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada el tres de mayo último, en el toca de queja 124/2022, del que se advierte que la superioridad determinó:"ÚNICO. Es IMPROCEDENTE este recurso de queja."Acúsese recibo, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes.Ahora bien, tomando en consideración que en proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó suspender el procedimiento en los autos del presente juicio de amparo, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja interpuesto por tanto, se reanuda el procedimiento y se señalan nuevamente para la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, del estado de autos de advierte que en proveídos de veintiuno y treinta de septiembre, ambos de dos mil veintiuno y veinticinco de enero de dos mil veintidós, se reservó proveer; por lo que, al efecto se acuerda: Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el Subdirector de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en suplencia por ausencia de la Directora de Estrategias y Procesos Jurídicos, ésta en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y éste último en representación de las autoridades señaladas como responsables. Atento a su contenido, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado; asimismo, haciendo valer una causal de improcedencia, misma que será valorada en el momento procesal oportuno; como sus delegados a las personas que indica y como domicilio el que señala, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional.Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, téngase al promovente, proporcionando correo, para comunicación con este órgano jurisdiccional durante el periodo de contingencia establecido generado por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa mediante el cual, hace suyas las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable; asimismo, realiza manifestaciones a manera de alegatos; por consiguiente, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales a que hace referencia, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional; así como, por hechas las manifestaciones que aduce mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno.Finalmente, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales a que hace referencia la quejosa en su escrito con registro 1747, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional.
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