María Luisa Hernández Sánchez
Expediente 545/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Luisa Hernández Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.
- Juicio de Amparo Directo
Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a trece de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, haciendo manifestaciones la primera de las mencionadas, como se hizo constar por este tribunal, en el diverso proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciocho. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado, así como el acuerdo en el que se declaró el cierre de la instrucción, emitido por la auxiliar de la junta; 2. Reponga el procedimiento, a fin de que requiera a la actora, para que dentro del término de tres días, señale con precisión las fechas en que comenzaba y concluía la jornada ordinaria y extraordinaria. 3. También se reponga el procedimiento para que en términos de lo establecido en esta ejecutoria admita la prueba de inspección identificada bajo el número tres del escrito de ofrecimiento de pruebas de la actora. 4. Provea el perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la actora de manera verbal en la audiencia respectiva. Cobra aplicación a lo resuelto, la tesis XVII.1o.P.A.80 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito , que este Tribunal comparte, cuyo contenido es el siguiente: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL ORDENADA EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LA JUNTA SÓLO DEBE SANEAR LOS ASPECTOS QUE FUERON MATERIA DE LA PROTECCIÓN Y MANTENER LAS ACTUACIONES INCONEXAS CON ÉSTOS, EN OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO LEGAL DE ECONOMÍA PROCESAL Y DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE ADQUISICIÓN PROCESAL Y SANEAMIENTO DE LA CAUSA. Cuando en una ejecutoria de amparo se conceda la protección federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo impugnado y reponga el procedimiento, la Junta debe sanear única y exclusivamente los aspectos considerados ilegales y continuar el juicio en la etapa que corresponda, tomando como referencia el entorno en que se cometa la infracción procedimental, pero habrá de mantener las demás actuaciones que estén inconexas con los lineamientos dictados en el amparo, es decir, la responsable debe conservar el proceso sustanciado que sea ajeno a la materia constitucional. El razonamiento anterior se funda en uno de los principios generales de derecho relativos al proceso y que reconoce nuestro sistema normativo, dirigido a regular la actividad de juzgadores y partes en el juicio, como lo es el de economía procesal. En efecto, la vigencia de este principio, que encuentra sustento en el artículo 17 de la Ley Suprema y es recogido expresamente por el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo, se traduce en que la actuación procesal debe desarrollarse con ahorro de trabajo, energía y costo, y atento la obtención del mayor resultado con el mínimo esfuerzo, lo que en la práctica implica evitar a los litigantes trámites superfluos o redundantes y que se aminore el trabajo habitualmente recargado de los resolutores, para así alcanzar una mejor y más rápida administración de justicia con la solución de cuestiones incidentales o accesorias, y del fondo del asunto; también significa que el esfuerzo del decisor es inútil si analiza una y otra vez lo ya actuado, cuando sólo deba repararse una porción del procedimiento, con lo que encontramos otro principio general derivado del que se analiza, conocido como de saneamiento de la causa, en virtud del cual se otorgan al juzgador facultades suficientes para resolver todas aquellas cuestiones que entorpezcan el proceso sobre el mérito de la controversia, o para conseguir, en su caso, la inmediata finalización de la contienda. Pensar lo contrario significaría llegar al absurdo de inobservar otro de los principios procedimentales que es el de adquisición procesal, conforme al cual las pruebas no sólo favorecen a quien las aporta, sino que pueden resultar benéficas al interés de su contraria, por lo que no ha de darse ocasión a las partes para que mejoren sus medios de convicción si ya fueron desahogados, siempre que no fuere alguno de éstos el aspecto estimado ilegal". 5. Dicte el acuerdo correspondiente, ordenando dar vista a las partes con la certificación de inexistencia de pruebas por desahogar, el cual deberá ser notificado a las partes de manera personal, concediéndoles el término de tres días para que manifiesten su conformidad o inconformidad, formulando el apercibimiento correspondiente. 6. En el momento procesal oportuno se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas, que estarán supeditadas al desahogo o no de la vista, siendo hasta ese momento, en el que, de ser el caso, podrá decretarse el cierre de la instrucción, y volver a dictar el laudo que en derecho corresponda. 7. Se observe en el nuevo laudo, el principio de congruencia, a fin de condenar o absolver a cada uno de los demandados en el juicio laboral, en apego a lo señalado en esta ejecutoria." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. Dejó insubsistente el laudo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, así como el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, que declaró el cierre de instrucción. 2. Requirió a la parte actora para que en el término de tres días hábiles, señalara las fechas en que comenzaba y concluía la jornada ordinaria y extraordinaria, cabe mencionar que en auto de dos de abril de la presente anualidad, se dio cumplimiento a dicho requerimiento. 3. Admitió la prueba de inspección ofrecida por la parte actora marcada con el número tres de su escrito de pruebas, misma que se desahogó en diligencia de veinte de marzo de dos mil nueve. No obsta a lo anterior, que si bien respecto a los efectos marcados con los números 2 y 3 se ordenó por este órgano colegiado reponer el procedimiento, y en acuerdo de diecinueve de febrero del presente año, la junta responsable de manera expresa no ordenó dicha reposición, también es cierto que el hecho de que requiriera a la parte actora para que en el término de tres días hábiles, señalara las fechas en que comenzaba y concluía la jornada ordinaria y extraordinaria, así como la admisión de la prueba de inspección, conllevan a concluir que existe implícitamente una reposición del procedimiento, sin que tal circunstancia implique declarar no cumplida la presente ejecutoria. 4. En auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó el desahogo de los medios de perfeccionamiento consistentes en la ratificación de contenido y firma a cargo de MTLTA y MLHS, respecto a las documentales ofrecidas por la parte actora de manera verbal en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas consistentes en: 1) El original de contrato individual de trabajo que abarca el periodo del dos al treinta y uno de julio de dos mil doce, 2) El original del contrato individual de trabajo que abarca el periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil doce, 3) El original del contrato individual de trabajo que abarca el periodo del tres al veintiocho de septiembre de dos mil doce, 4) El original del contrato individual de trabajo que abarca el periodo del uno al treinta y uno de octubre de dos mil doce, 5) El original del contrato individual de trabajo que abarca el periodo del uno al treinta de noviembre de dos mil doce, 6) El original del contrato individual de trabajo que abarca el periodo del tres al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, 7) El original del contrato individual de trabajo que abarca el periodo del dos al treinta y uno de enero de dos mil trece, 8) El original del contrato individual de trabajo que abarca el periodo del uno al veintiocho de febrero de dos mil trece, 9) El original del contrato individual de trabajo que abarca el periodo del uno al veintinueve de marzo de dos mil trece, 10) El original del contrato individual del trabajo que abarca el periodo del uno al treinta de abril de dos mil trece, 11) El original del contrato individual del trabajo que abarca el periodo del dos al treinta y uno de mayo de dos mil trece, 12) El original del contrato individual del trabajo que abarca el periodo del dos al treinta y uno de julio de dos mil trece y 13) El original del contrato individual del trabajo que abarca el periodo del dos al treinta de agosto de dos mil trece; sin embargo la parte actora por conducto de su apoderado legal se desistió de tales medios de perfeccionamiento en audiencia de catorce de marzo de dos mil diecinueve. 5. En acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con la certificación de inexistencia de pruebas por desahogar y se les requirió a las partes para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que quedaran legalmente notificados del acuerdo, expresaran su conformidad o inconformidad con dicha certificación, apercibidas que de no hacerlo y hubiesen pruebas por desahogar se les tendría por desistidos de las mismas. Cabe mencionar que la notificación del citado acuerdo se realizó de manera personal a las partes como consta de fojas 155 a 157 del presente juicio de amparo directo. 6. En proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve, se hizo constar que las partes no dieron cumplimiento al requerimiento formulado el veinticinco de abril del año en curso, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en este último auto, en consecuencia el auxiliar de la Junta procedió a realizar el cierre de instrucción y se dictó un nuevo laudo el quince de mayo de dos mil diecinueve. 7. Atendiendo el principio de congruencia, en el nuevo laudo si bien en su punto resolutivo tercero no se determinó condenar o absolver a los demandados, se dejaron a salvo los derechos de la parte actora respecto al pago de horas extras reclamadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y MTLTA, cuestión que resulta apegada a lo señalado en la ejecutoria. Ahora bien, por escrito presentado el catorce de junio de dos mil diecinueve, en este órgano jurisdiccional, María Luisa Hernández Sánchez, quejosa en el juicio de amparo, desahogó la vista que fue ordenada, manifestando que al emitir el laudo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, resultaba incongruente y falto de exhaustividad, por las siguientes razones: -La Junta no le dio una valoración a la supuesta libreta de control de asistencia que se ofreció en la inspección de veinte de marzo de dos mil diecinueve. -La responsable se contradice y resulta incongruente, pues la misma autoridad expresa que mediante un escrito, se desprenden las horas ordinarias y extraordinarias, y por otro lado dice que en la inspección de veinte de marzo de dos mil diecinueve en la que se exhibió la libreta de asistencia de la cual se desprende: "más no así la hora de salida", dejando entrever que existe duda o no tiene convicción de que se haya trabajado horas extras. -La responsable hace todo lo contrario a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo pues favorece al patrón, mismo que no exhibió completa la libreta de asistencia y que es su obligación conservar, pues en todas las hojas de control de asistencia no se aprecian las firmas de los asistentes. - La autoridad laboral viola flagrantemente la garantía de audiencia consagrada en el numeral 14 de la Carta Magna, en virtud de que no se pronunció respecto a sus argumentos realizados en la inspección de veinte de marzo de dos mil diecinueve. Sin embargo, esas alegaciones no serán materia de estudio en la presente determinación, pues la protección constitucional fue otorgada para subsanar vicios de índole procesal, mientras que la quejosa realiza manifestaciones que no controvierten de manera alguna el cumplimiento a los efectos de la concesión del amparo. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndola la primera de los mencionados; procédase a dictar la resolución correspondiente.
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