Maria Luisa Hernández Charles

Expediente 1125/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1125/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Maria Luisa Hernández Charles

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que obra agregado el informe justificado de la autoridad responsable, al cual se acompañó copia certificada de diversas constancias relativas al acto aquí reclamado. Ahora, en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala lo siguiente: "La dilación abierta del procedimiento por la autoridad responsable al dejar de dictar y cumplir con los plazos que establece la ley al dejar de radicar la demanda de fecha 20 de julio de 2020, presentada el día 4 de agosto de 2020 ante la responsable; así como al dejar de señalar hora y fecha para la Audiencia de Ley y de igual manera, al dejar de ordenar el debido emplazamiento a la demandada.". Así, se tiene que en la especie, de lo que se duele la quejosa María Luisa Hernández Charles, por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, es de la omisión de: Radicar la demanda de veinte de julio de dos mil veinte; Convocar a las partes a la audiencia de ley; Emplazar a la parte demandada. Ahora bien, de las documentales anexadas al informe justificado de la responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de radicar la demanda laboral de veinte de julio de dos mil veinte, y el dejar de convocar a las partes a la audiencia de ley, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la aquí parte quejosa reclama, como ya se dijo, son las omisiones de radicar la demanda de veinte de julio de dos mil veinte, y el dejar de convocar a las partes a la audiencia de ley. Sin embargo, de las documentales anexadas al informe, se advierte, que por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, radicó la demanda laboral de la ahora impetrante María Luisa Hernández Charles, registrándola bajo el número 66/E03/2020, y, en lo que aquí interesa, señaló las nueve horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y comisionó al Actuario adscrito para que por su conducto, se notificara a la parte actora el auto de mérito, y para que emplazara a la parte demandada Patricia Hernández Alvarado, en los domicilios señalados para tal efecto. Girando el oficio de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dirigido al Actuario adscrito, a fin de que llevara a cabo las diligencias encomendadas. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de radicar la demanda de veinte de julio de dos mil veinte, y el dejar de convocar a las partes a la audiencia de ley, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 62. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la porción del precepto transcrito se desprende que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando de las constancias apareciere demostrado claramente que no existe el acto reclamado. Y, de las documentales anexadas al informe justificado, se advierte la inexistencia del referido acto reclamado -a saber, la omisión de emplazar a la parte demandada -; lo anterior, toda vez que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -cinco de octubre de dos mil veinte- no existía la determinación cuya omisión de notificación se reclama, pues no es factible que la autoridad incurra en la omisión de realizar el emplazamiento del demandado, antes de la radicación de la demanda laboral. Es decir, la autoridad no puede llevar a cabo la notificación de un acto que no ha sucedido o acontecido, pues para que la autoridad sea omisa debe existir el acuerdo que ordene llamar a juicio a la parte demandada, lo cual como se ve, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo no existía tal orden, pues apenas en fecha reciente se registró y radicó la demanda laboral, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, por lo cual, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. De ahí que, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía la determinación que radicaba el juicio de origen, mucho menos existía la orden de llamar a juicio al integrante en conflicto. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Aunado a lo anterior, para efecto de estar en condiciones de acudir al Juicio de amparo, el acto debe existir a la presentación de la demanda que da origen al Juicio de garantías. En apoyo a lo narrado se cita el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las diez horas con cincuenta y un minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, y vía correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL Visto el estado de los autos, se advierte que obra agregado el informe justificado de la autoridad responsable, al cual se acompañó copia certificada de diversas constancias relativas al acto aquí reclamado. Ahora, en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala lo siguiente: "La dilación abierta del procedimiento por la autoridad responsable al dejar de dictar y cumplir con los plazos que establece la ley al dejar de radicar la demanda de fecha 20 de julio de 2020, presentada el día 4 de agosto de 2020 ante la responsable; así como al dejar de señalar hora y fecha para la Audiencia de Ley y de igual manera, al dejar de ordenar el debido emplazamiento a la demandada.". Así, se tiene que en la especie, de lo que se duele la quejosa María Luisa Hernández Charles, por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, es de la omisión de: Radicar la demanda de veinte de julio de dos mil veinte; Convocar a las partes a la audiencia de ley; Emplazar a la parte demandada. Ahora bien, de las documentales anexadas al informe justificado de la responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de radicar la demanda laboral de veinte de julio de dos mil veinte, y el dejar de convocar a las partes a la audiencia de ley, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en la especie de un análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la aquí parte quejosa reclama, como ya se dijo, son las omisiones de radicar la demanda de veinte de julio de dos mil veinte, y el dejar de convocar a las partes a la audiencia de ley. Sin embargo, de las documentales anexadas al informe, se advierte, que por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, radicó la demanda laboral de la ahora impetrante María Luisa Hernández Charles, registrándola bajo el número 66/E03/2020, y, en lo que aquí interesa, señaló las nueve horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y comisionó al Actuario adscrito para que por su conducto, se notificara a la parte actora el auto de mérito, y para que emplazara a la parte demandada Patricia Hernández Alvarado, en los domicilios señalados para tal efecto. Girando el oficio de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dirigido al Actuario adscrito, a fin de que llevara a cabo las diligencias encomendadas. Por lo anterior, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de radicar la demanda de veinte de julio de dos mil veinte, y el dejar de convocar a las partes a la audiencia de ley, al haberse restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su garantía violada y no dejar huella alguna en su esfera jurídica que ameritara ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 62. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la porción del precepto transcrito se desprende que procede sobreseer en el juicio de amparo cuando de las constancias apareciere demostrado claramente que no existe el acto reclamado. Y, de las documentales anexadas al informe justificado, se advierte la inexistencia del referido acto reclamado -a saber, la omisión de emplazar a la parte demandada -; lo anterior, toda vez que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -cinco de octubre de dos mil veinte- no existía la determinación cuya omisión de notificación se reclama, pues no es factible que la autoridad incurra en la omisión de realizar el emplazamiento del demandado, antes de la radicación de la demanda laboral. Es decir, la autoridad no puede llevar a cabo la notificación de un acto que no ha sucedido o acontecido, pues para que la autoridad sea omisa debe existir el acuerdo que ordene llamar a juicio a la parte demandada, lo cual como se ve, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo no existía tal orden, pues apenas en fecha reciente se registró y radicó la demanda laboral, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, por lo cual, no puede constituir válidamente un acto contra el que procede el amparo indirecto, en la medida que es presupuesto necesario que el acto exista previo a la promoción de la demanda. De ahí que, tal inexistencia se actualiza desde la óptica de que, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía la determinación que radicaba el juicio de origen, mucho menos existía la orden de llamar a juicio al integrante en conflicto. En el caso, al no ser así, la omisión reclamada conforma un acto futuro, basado sólo en suposiciones y temores. Al respecto cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Pleno del Supremo Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: II, Página: 106, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. No procede contra actos futuros y basado sólo en suposiciones y temores, sin saber qué autoridad verificará esos actos y si por ello se violará o no alguna garantía constitucional." Igualmente deviene aplicable la tesis aislada emitida también por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, durante la misma Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Página: 727, cuya sinopsis se inserta enseguida: "AMPARO. Sólo puede resolver controversias que se suscitan por leyes o actos que violan las garantías individuales, y no procede por simples temores de que lleguen a violarse esas garantías." Aunado a lo anterior, para efecto de estar en condiciones de acudir al Juicio de amparo, el acto debe existir a la presentación de la demanda que da origen al Juicio de garantías. En apoyo a lo narrado se cita el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En consecuencia, al cesar los efectos de la omisión reclamada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las diez horas con cincuenta y un minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, y vía correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado.

  3. Principal

    ...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Finalmente, se le tiene informando la imposibilidad para dar contestación y recibir notificaciones vía electrónica, por las razones que expone y, que estará dando cumplimiento a los requerimientos mediante el sistema de comunicación tradicional, de forma física. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTO el oficio número 4663/2020, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria correspondiente a la sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dentro del amparo en revisión laboral número 240/2019, en la que se resuelve: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a FRANCISCO JAVIER COSME LOZANO, respecto al acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consistente en la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 189/2011." Consecuentemente, acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de cuenta, agréguese el testimonio de referencia al expediente original que se recibe, así como el expedientillo que se formó en ausencia de los presentes autos; debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en la sentencia dictada dentro del presente asunto, el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se determinó que la autoridad responsable, deberá realizar lo siguiente: ". para el efecto de que la autoridad responsable realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio laboral 189/M/2011, respecto a la resolución de liquidación de doce de noviembre de dos mil dieciocho, y se cubra la cantidad determinada en dicho fallo, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores.

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