María Luisa Galarza Briones
Expediente 1577/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1577/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Luisa Galarza Briones
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de treinta de noviembre del presente año, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Christhian Federico Robles Almendarez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de la presente resolución, por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a Christhian Federico Robles Almendarez, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando quinto de la presente resolución, por las razones expuestas en el mismo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Con la demanda de amparo promovida por ****, presentada mediante buzón judicial; fórmese el expediente de amparo respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 1577/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cuadro fáctico (antecedente). Del examen del escrito de demanda se advierte que la misma se presentó mediante buzón judicial sin la firma autógrafa correspondiente a María Luisa Galarza Briones, por lo que no obra el documento de identidad que evidencie la voluntad de la promovente para ratificar su contenido y en el cual se exprese su voluntad con lo solicitado. Calificación e hipótesis. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: Marco Normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Interpretación del marco normativo. El artículo 107, fracción I, Constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. Caso concreto. En el presente asunto, tomando en cuenta que la demanda de amparo promovida por María Luisa Galarza Briones, presentada mediante buzón judicial, no contiene la firma autógrafa, siendo lo anterior una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda; de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve o el documento de identidad válido y vigente respectivo. Bajo este contexto, es posible concluir que toda promoción presentada a través del buzón judicial deberá ser firmada de manera autógrafa de la persona que la suscribe. Bajo estas directrices, no es posible proveer respecto al escrito de demanda de amparo que se depositó en el buzón judicial al carecer de una formalidad que afecta su validez, esto es, la firma autógrafa que corresponda a la persona que solicita la protección constitucional. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin firma autógrafa, presentara escritos en forma oportuna para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. No sobra precisar que en el presente caso, no se requiere el requisito a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), cuyo rubro dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA". Lo anterior, es así porque, como se advierte del escrito de cuenta, éste fue presentado mediante buzón judicial, mecanismo de depósito implementado en Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Tal normativa en su artículo 11, establece que los propios usuarios del servicio embalan sus escritos, los registran y posteriormente los colocan en los contenedores que sirven para ese propósito, quedando bajo su responsabilidad verificar que los asuntos estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los órganos jurisdiccionales que correspondan. Al realizar el depósito, la propia persona promovente genera su acuse con el reloj fechador que se encuentra integrado al buzón. Lo que denota que no existe funcionario que pueda hacer las veces del oficial de partes frente al gobernado, que tenga la obligación de asentar razón de que los escritos iniciales se encuentran firmados o no. Decisión En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo de que se trata.
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