María Luisa Cortez Badillo
Expediente 144/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Luisa Cortez Badillo
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Tercera Ponencia de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual acusa recibo del oficio número 6268/2023, por el que le fueron devueltos el original del toca civil de Queja 393/2022, copia certificada del expediente 362/2020 y original del cuaderno de pruebas parte actora deducido del mismo expediente; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Devuélvase a los Magistrados que integran la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, copia certificada del expediente número 362/2020, original del cuaderno de pruebas de la parte actora deducido del mismo expediente y el Toca de Queja número 393/2022, de los cuales se ordenó formar tres cuadernos de pruebas por separado. No se omite señalar que tal como se precisó en certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. SE RECIBEN CONSTANCIAS POR INCOMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al que adjunta los autos del juicio de amparo directo 31/2023 de su índice, cinco copias de la demanda de amparo, copia certificada del expediente 362/2020, original del cuaderno de pruebas parte actora deducido del expediente 362/2020 y original del toca civil de Queja 393/2022; lo anterior, debido a que, por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, declinó la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María Luisa Cortés Badillo, por las razones ahí expuestas. SE ACEPTA EL CONOCIMIENTO DECLINADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal acepta el conocimiento declinado para conocer del asunto de que se trata, por lo que se avoca a proveer lo conducente. Acúsese recibo. 10/08/23 Dado el volumen de los expedientes que anexó la superioridad, fórmese por separado tres tomos de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo y cuidado de los mismos, identificándolos con los números I, II y III. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Luisa Cortés Badillo, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 144/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es notoria e indudablemente improcedente, y, por tanto, debe desecharse con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca civil 393/2022, mediante la cual confirmó el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por el que se determinó que no había lugar acordar el escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por la aquí quejosa ante el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, la suscrita advierte de oficio de manera notoria que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. A efecto de contextualizar sobre la improcedencia de la demanda de amparo, es necesario puntualizar lo siguiente: La Constitución General de la República, en su artículo 107, fracción III, inciso b), dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y...". De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entiende únicamente que son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que establecía anteriormente la jurisprudencia ya mencionada. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia, publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del seis de mayo del año en curso, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013". Así las cosas, este órgano jurisdiccional considera que no se encuentra en ese supuesto el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca civil 393/2022, mediante la cual confirmó el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por el que se determinó que no había lugar acordar el escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por la aquí quejosa ante el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. De lo que se advierte que el acto reclamado no es un acto de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, lo que evidencia que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudieran considerar que afectan sin que llegue a estas condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto, por ello los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclames una vez que hayan trascendido a la resolución final, y sólo cuanto hayan afectado derechos sustantivos puedan impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En ese contexto, el acto reclamado a la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia, no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica de la inconforme, esto es, no afectan directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales, y por ende, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Aunado a lo anterior, al resolverse el expediente de origen, existe la posibilidad de que el hoy quejoso pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses; denotando así la posibilidad jurídica de que desaparezcan los posibles perjuicios que le ocasionara el acto reclamado. En ese orden de ideas es evidente que no se le ocasiona ningún perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, toda vez que no le causa perjuicio de tal índole, en tanto que constituye un acto intraprocesal que no es irreparable y no se infringe algún derecho sustentado de manera directa e inmediata. Lo anterior es así, dado que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo, tal y como lo previene los artículos 170, 171 y 172, todos de la Ley de Amparo. Al respecto es dable citar la siguiente jurisprudencia con número 3a./J. 58 8/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207,226, que establece: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Luisa Cortés Badillo, contra el acto reclamado de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. DOMICILIO. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tienen como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las Licenciadas Arianna Mendieta Moctezuma y Valeria Zambrano Dávila. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA:...Apizaco, Tlaxcala, a nueve de febrero de dos mil veintitrés. SE RECIBEN CONSTANCIAS POR INCOMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al que adjunta los autos del juicio de amparo directo 31/2023 de su índice, cinco copias de la demanda de amparo, copia certificada del expediente 362/2020, original del cuaderno de pruebas parte actora deducido del expediente 362/2020 y original del toca civil de Queja 393/2022; lo anterior, debido a que, por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, declinó la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por María Luisa Cortés Badillo, por las razones ahí expuestas. SE ACEPTA EL CONOCIMIENTO DECLINADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal acepta el conocimiento declinado para conocer del asunto de que se trata, por lo que se avoca a proveer lo conducente. Acúsese recibo. 10/08/23 Dado el volumen de los expedientes que anexó la superioridad, fórmese por separado tres tomos de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo y cuidado de los mismos, identificándolos con los números I, II y III. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Luisa Cortés Badillo, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 144/2023. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. Del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es notoria e indudablemente improcedente, y, por tanto, debe desecharse con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca civil 393/2022, mediante la cual confirmó el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por el que se determinó que no había lugar acordar el escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por la aquí quejosa ante el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, la suscrita advierte de oficio de manera notoria que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. A efecto de contextualizar sobre la improcedencia de la demanda de amparo, es necesario puntualizar lo siguiente: La Constitución General de la República, en su artículo 107, fracción III, inciso b), dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y...". De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entiende únicamente que son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que establecía anteriormente la jurisprudencia ya mencionada. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos en juicio de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia, publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del seis de mayo del año en curso, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013". Así las cosas, este órgano jurisdiccional considera que no se encuentra en ese supuesto el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca civil 393/2022, mediante la cual confirmó el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por el que se determinó que no había lugar acordar el escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por la aquí quejosa ante el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. De lo que se advierte que el acto reclamado no es un acto de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, lo que evidencia que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudieran considerar que afectan sin que llegue a estas condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto, por ello los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclames una vez que hayan trascendido a la resolución final, y sólo cuanto hayan afectado derechos sustantivos puedan impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En ese contexto, el acto reclamado a la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia, no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica de la inconforme, esto es, no afectan directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales, y por ende, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Aunado a lo anterior, al resolverse el expediente de origen, existe la posibilidad de que el hoy quejoso pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses; denotando así la posibilidad jurídica de que desaparezcan los posibles perjuicios que le ocasionara el acto reclamado. En ese orden de ideas es evidente que no se le ocasiona ningún perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, toda vez que no le causa perjuicio de tal índole, en tanto que constituye un acto intraprocesal que no es irreparable y no se infringe algún derecho sustentado de manera directa e inmediata. Lo anterior es así, dado que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, serán analizadas en el amparo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, mediante el amparo directo, tal y como lo previene los artículos 170, 171 y 172, todos de la Ley de Amparo. Al respecto es dable citar la siguiente jurisprudencia con número 3a./J. 58 8/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207,226, que establece: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Luisa Cortés Badillo, contra el acto reclamado de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. DOMICILIO. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tienen como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las Licenciadas Arianna Mendieta Moctezuma y Valeria Zambrano Dávila. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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