María Luisa Chairez Montelongo
Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- María Luisa Chairez Montelongo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vistos: por cuanto a la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de fecha siete de julio del presente año, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado Ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos se advierte que no se notificó la sentencia dictada en el presente juicio de garantías al tercero interesado ***; en esas condiciones, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, notifíquesele la sentencia dictada para los efectos legales correspondientes, girando el oficio respectivo. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos se advierte que no se ha notificado personalmente a la parte quejosa el acuerdo dictado el siete de julio del año en curso; en esas condiciones, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado para que realice dicha notificación. Notifíquese.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. ACUERDO 21-JULIO-2021 Vistos los presentes autos se advierte que no se ha notificado personalmente a la parte quejosa el acuerdo dictado el siete de julio del año en curso; en esas condiciones, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado para que realice dicha notificación.Notifíquese. ACUERDO 07-JULIO-2021 ...I. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello de restablecer la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de llevar a cabo la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 171/2017 del índice de la Junta Especial número veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que no se ha obligado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dé cumplimiento al mismo. De las constancias que se acompañaron al informe justificado, se advierte que han cesado los efectos de tal acto, ya que la autoridad responsable al rendir informe justificado, adjuntó copia certificada de los acuerdos dictados el pasado catorce de junio, donde por un lado, ordenó al secretario de acuerdos certificar si el instituto demandado había dado cumplimiento al laudo de nueve de febrero de dos mil dieciocho y si éste había quedado firme; en otro, ordenó proveer sobre la ejecución solicitada por la actora. Asimismo, en proveído de la misma fecha ordenó, por conducto del actuario adscrito a dicha junta, requerir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que acreditara haber reconocido y certificado la fecha de ingreso de la aquí quejosa María Luisa Cháirez Montelongo, a partir del veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y seis, así como el reconocimiento y cómputo efectivo de tiempo de servicio, más lo que se siga generando hasta el cumplimiento del laudo; hecho que se acredita con el acta de requerimiento que obra a foja veintidós de autos; tal documental tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, ya que ostenta el sello y la firma de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que, como se estableció, la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado de los citados acuerdos y la referida acta de requerimiento. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. II. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del día de hoy siete de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
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