Maria Luisa Castellanos Contreras

Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
67/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Maria Luisa Castellanos Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 1407/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; asimismo que en auto de quince de enero de esta anualidad, se tuvo por recibido el mencionado juicio de amparo indirecto y se reservó acordar lo procedente hasta en tanto la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, realizara el turno correspondiente y toda vez que dicha circunstancia ya aconteció, se provee: En virtud de que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 1407/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, fue turnada con el registro 022277/2020 a la que correspondió el número de amparo indirecto 134/2021-V del índice de este Juzgado de Distrito, previo desglose de las constancias correspondientes y certificación, entréguense al Secretario que conoce de los expedientes terminación V, para que acuerde lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda de amparo promovida por María Luisa Castellanos Contreras, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Agencia 2/P de la Unidad de Delitos Patrimoniales no Violentos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3, 20, 21 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, 1, 5, 12, 14 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 67/2021-II-B. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, carece de competencia para conocer de la presente demanda de garantías, en atención a las razones que enseguida se exponen. De la lectura de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPOSNABLES.- Señalo como autoridad responsable en su doble acción, tanto ordenadora como ejecutora al C. AGENTE DE MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A LA AGENCIA 2/P DE LA UNIDAD DE DELITOS PATRIMONIALES NO VIOLENTOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO.". Del capítulo de acto reclamado se desprende que la parte promovente reclama lo siguiente: "Se reclama de la autoridad señalada como responsable la violación a mi garantía de derecho de petición consagrada en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir acordar y dar respuesta al escrito, presentado el día 07 de agosto del año 2020 dirigido al C. Agente de Ministerio Publico investigador adscrito a la Agencia 2/p de la unidad de delitos patrimoniales no violentos de la Fiscalía del Estado de Jalisco". Luego, del capítulo denominado "HECHOS" de del escrito demanda de amparo, se desprende, lo siguiente: " (.) el día 07 de agosto del año 2020, presenté escrito al C. Agente de Ministerio Publico investigador adscrito a la Agencia 2/p de la unidad de delitos patrimoniales no violentos, dentro a la Averiguación Previa 27/2018-V, mediante el cual solicito se me tenga ofreciendo como prueba documental publica, un legajo de copias certificadas relativas a la sentencia emitida en el juicio de amparo 3246/2017-IV, con las cuales se demuestra que efectivamente se acredita el delito de fraude cometido en mi agravio, en consecuencia también le solicito se ejerza acción penal en contra de quienes resulten responsables, haciendo la consignación correspondiente con el pedimento de orden de aprehensión al juez de lo penal en turno. (.)". Así las cosas, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 51, determina: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo." Por otra parte, los numerales 37 y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ordenan: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,25 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. ---Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. --- Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. --- Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. --- requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. --- Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. --- Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". Del análisis integral de dichos preceptos legales, se advierte que cuando el acto reclamado, se origina con motivo de la persecución e investigación de un posible delito; por disposición del artículo 21 constitucional, la naturaleza del mismo, resulta intrínsecamente penal; por lo que, del análisis de los narrado en la demanda de amparo, se aprecia que, tal y como lo refiere la parte promovente, ante la Agencia 2/p de la Unidad de Delitos Patrimoniales no violentos, en el Estado de Jalisco, dentro de la carpeta de investigación 27/2018-V, se lleva a cabo la investigación de un posible delito de fraude, por lo que, aun cuando en esta instancia se reclame la falta de contestación al escrito presentado el siete de agosto de dos mil veinte; éste no deja de provenir, según lo manifestado por el impetrante, de la integración de una averiguación previa de la cual el mismo forma parte. En esas condiciones, si como ya se precisó, el acto se hace consistir en la falta de contestación a la petición realizada el siete de agosto de dos mil veinte, por el aquí promovente, es de concluirse que este órgano de control constitucional es legalmente incompetente para conocer de la demanda en cuestión, por ser el quejoso parte denunciante en la carpeta de investigación 27/2018-V del índice de la autoridad responsable; por lo que, con apoyo en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase la misma, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco en turno, para el efecto de que resuelva respecto a la aceptación o no de la competencia declinada a su favor, e informe lo anterior a este juzgado Federal. También, la tesis número I.12o.A.1 K, consultable en la página 1043, Tomo XIII, Novena Época, relativa al mes de abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO LAS RESPONSABLES SEAN AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. El artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que serán de la competencia de los Jueces de Distrito de amparo en materia penal, los juicios de garantías promovidos contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, sin establecer diferencia alguna respecto de la naturaleza de la autoridad emisora del acto, ni en cuanto a que el acto afectatorio que se reclame sea de carácter positivo o negativo; por tanto, y en vista de que donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir, cuando se reclame un acto de carácter omisivo, proveniente de autoridad administrativa, como es el caso de la falta de respuesta a una petición formulada por el quejoso ante autoridades administrativas para que le sea aplicado un sustitutivo penal consistente en el tratamiento en externación o la libertad anticipada, previstos ambos en la ley de la materia, acto que por sí mismo es afectatorio de la libertad personal del amparista, puesto que al no dar respuesta a su petición, la autoridad responsable no se pronuncia sobre la procedencia o improcedencia de la aplicación de la medida solicitada, debe considerarse satisfecha la hipótesis prevista en el dispositivo legal referido y, en consecuencia, la competencia en el caso debe atribuirse a un Juez de Distrito de amparo en materia penal, ya que el elemento determinante en el caso es la afectación a la libertad personal del quejoso, sin que se surta ninguna de las excepciones previstas en el precepto legal antes citado". Así como la tesis I.5o.P.16 P, localizable en la página 1105, Tomo XIII, de la Novena Época, correspondiente al mes de mayo de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "COMPETENCIA PARA CONOCER SOBRE LA NEGATIVA A EXPEDIR COPIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. Cuando un indiciado al promover demanda de amparo señala como acto reclamado la negativa a expedir copias de la averiguación previa, aun cuando se trata de un acto formalmente administrativo, al ser emitido por el Ministerio Público, su naturaleza intrínseca es penal y conforme al artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entraña el análisis de preceptos de esa materia que protegen derechos del quejoso, por lo que la competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia Penal y no Administrativa.". Así también, la Jurisprudencia 2a./J 24/2009, visible en la página cuatrocientos doce, del Tomo XXIX, correspondiente al mes de marzo de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Ahora bien, atento a la circular DGGJ/0012/2020, signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de diez de julio de dos mil veinte, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad del personal evitando el contacto físico entre los servidores públicos; y con fundamento en el artículo 3 del Acuerdo emitido por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal el doce de junio del año en curso que habilita el uso de la FIREL en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que emitan, y el uso del correo institucional como comunicación oficial, remítase vía electrónica el oficio correspondiente con el que contenga los datos necesarios para el registro y turno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en Turno, a través del correo electrónico siguiente: (lic.eduardoramirezruvalcaba@gmail.com), a fin de que lo turne conforme a la normatividad vigente (de manera aleatoria o relacionada) y remita a este órgano jurisdiccional la boleta de turno por correo electrónico a este órgano jurisdiccional, para identificar el Órgano Jurisdiccional al que le fue turnado el asunto. Y, una vez que se cuente con la información respecto del Juzgado de Distrito que le tocará conocer impedimento planteado, sin previo acuerdo se le dará acceso al presente juicio de amparo, a efecto de que se pronuncie respecto de la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. Por otra parte, de acuerdo a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado de la promovente en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rubén Gómez Lozano, por contar con cédula profesional de abogado registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito en la materia penal, civil, mercantil, y administrativa; así como a Abraham Alejandro Rosales Jiménez, por así solicitarlo en el escrito de cuenta. Luego, toda vez que proporciona nombre de usuario y que el mismo se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se ordena practicar las notificaciones personales que deriven del presente asunto, de forma electrónica, por así solicitarlo. No obstante lo anterior, se tiene como domicilio procesal el que indica la parte promovente en su demanda de amparo. Asimismo, respecto a su solicitud de utilizar equipos electrónicos, a fin de obtener reproducciones de los autos; se autoriza la misma, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de ello, autorizado para tales fines a las personas que precisa en su escrito de cuenta. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo preceptuado en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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