María Luisa Acuña Herrera
Expediente 85/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado
- María Luisa Acuña Herrera
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el treinta de enero pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 2.3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 2.4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Luisa Acuña Herrera, contra actos de los integrantes del pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 85/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La dilación procesal en la cual incurre la autoridad, virtud a que no ha realizado las gestiones pertinentes para llevar a cabo la prosecución del juicio ordinario 481/2021 del cual emana el acto reclamado, ya que ha señalado dos fechas para audiencia de conciliación, esto es en 14 de diciembre de dos mil veintidós, la cual no se llevó a cabo en virtud de que no fue notificada la demandada, y señaló de nueva cuenta el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación fuera de los términos y plazos. 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 4. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 y los diversos 112, 115, 117 y 124, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida esta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días." "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración." En ese sentido, de una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el artículo 77 de la ley de la materia, precisa que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Por otra parte de los numerales transcritos, se advierte que una vez presentada la demanda ante el Juez de Distrito, o en su caso, turnada, éste proveerá, dentro del plazo de veinticuatro horas si desecha, previene o admite la misma. Que de no existir prevención, o cumplida ésta, el Juez de Distrito, admitirá la demanda de amparo; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de la ley de la materia; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. Tratándose del informe justificado, la autoridad responsable deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes, mismo que podrá ampliarse por otros diez días, atendiendo a las circunstancias del caso. Cabe destacar, que respecto a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la jurisprudencia 22/2018, publicada el siete de septiembre de este año, que el plazo concedido para que la autoridad responsable rinda su informe justificado no puede reducirse, ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita, puesto que la ampliación de plazos establecidos en la Ley de Amparo permite otorgar el tiempo necesario para que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones. Estimar lo contario, vulneraria el derecho a la tutela judicial efectiva, se atentaría contra la impartición de justicia completa, pronta e imparcial y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo. Así, una vez rendido dicho informe por la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional cuidará que entre la fecha de notificación al quejoso de éste y la celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda. Luego, una vez agotado el juicio por todas sus etapas, se declarará abierta la audiencia constitucional, la cual será pública, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. En el caso, se tiene que la parte quejosa reclama, esencialmente, la dilación procesal en la cual incurre la autoridad, virtud a que no ha realizado las gestiones pertinentes para llevar a cabo la prosecución del juicio ordinario 481/2021 del cual emana el acto reclamado, ya que ha señalado dos fechas para audiencia de conciliación, esto es, en catorce de diciembre de dos mil veintidós, la cual no se llevó a cabo en virtud de que no fue notificada la demandada, y señaló de nueva cuenta el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación fuera de los términos y plazos. Por lo que se estima que el presente juicio promovido en contra de ese acto es improcedente, por las consideraciones siguientes: Es menester establecer que de la interpretación de los artículos 22, 115 y 117 de la ley de la materia, establecen, en la parte que interesa, que recibida la demanda de amparo, de no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la misma; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días hábiles siguientes; pedirá informe con justificación a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; hecho lo anterior, se dará vista a las partes, para que en un lapso de ocho días se impongan del contenido del informe. De lo anterior, se desprende que, de admitirse a trámite la demanda de amparo en esta fecha, deberá fijarse dentro de los treinta días hábiles siguientes, una fecha probable para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, atendiendo a dicho plazo se señalaría el dos de marzo de dos mil veintitrés; tomando en consideración que la autoridad tiene quince días para rendir su informe, el cual, como ya se dijo, no se puede reducir; luego, una vez que lo haya rendido, se notificará a las partes, para lo cual entre la fecha de dicha notificación y la celebración de la audiencia, deberá mediar un plazo de ocho días, de lo contrario, la fecha se diferirá. De ahí que una vez celebrada la audiencia constitucional, se dictará la sentencia definitiva, dentro de los tres meses siguientes, mismo que se notificará a las partes, notificación que deberá surtir sus efectos; posteriormente, tendría que transcurrir el término de diez días hábiles, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia causaría ejecutoria (en caso de no ser recurrida por cualquiera de las partes, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo), notificándose a la responsable, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 24 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, estando obligada dicha autoridad a emitir un acuerdo por el que acata la ejecutoria de amparo, esto es, dentro de los tres días siguientes, con base en lo establecido en el segundo párrafo del numeral 192 de la ley de la materia. Máxime que ante la posibilidad de que la sentencia que decida el fondo del juicio sea impugnada y se emita la ejecutoria correspondiente por lo que se contempla una duración de seis meses la duración del juicio de amparo. En este sentido, si, en el caso, la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, en su lugar, dictara otra, en el que fijará fecha y hora para la celebración de dicha audiencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes, en términos de lo previsto en el referido artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo; ello evidencia que, de concederse el amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que no podría restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, en la medida en que sería física y jurídicamente imposible para la responsable señalar una fecha más próxima para la celebración de la referida audiencia, además de que también sería imposible retrotraer el tiempo transcurrido entre el dictado del acuerdo reclamado y la fecha señalada por la responsable para la celebración de la referida audiencia. Por tanto, debe concluirse que resulta improcedente la demanda de amparo, pues de darse trámite a la misma, y aunque pudieran resultar fundados los conceptos de violación, se estaría en imposibilidad de concretar a favor del peticionario de amparo los efectos de la concesión del amparo; pues no sería factible restituirlo en el goce del derecho fundamental violado, dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo; además, la probable infracción no podrá ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, y ningún fin práctico tendría dar trámite a la demanda y conceder la protección constitucional solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. Además, el señalamiento de la referida fecha fuera del plazo legal, no en todos los casos es violatorio de derechos. Sirve de ilustración, por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, materia Común, página: 519, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la Ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la Ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. 5. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 y los diversos 112, 115, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 6. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María Luisa Acuña Herrera, contra actos de los integrantes del pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 85/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La dilación procesal en la cual incurre la autoridad, virtud a que no ha realizado las gestiones pertinentes para llevar a cabo la prosecución del juicio ordinario 481/2021 del cual emana el acto reclamado, ya que ha señalado dos fechas para audiencia de conciliación, esto es en 14 de diciembre de dos mil veintidós, la cual no se llevó a cabo en virtud de que no fue notificada la demandada, y señaló de nueva cuenta el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación fuera de los términos y plazos. 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 4. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 y los diversos 112, 115, 117 y 124, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida esta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días." "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." "Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración." En ese sentido, de una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el artículo 77 de la ley de la materia, precisa que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Por otra parte de los numerales transcritos, se advierte que una vez presentada la demanda ante el Juez de Distrito, o en su caso, turnada, éste proveerá, dentro del plazo de veinticuatro horas si desecha, previene o admite la misma. Que de no existir prevención, o cumplida ésta, el Juez de Distrito, admitirá la demanda de amparo; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de la ley de la materia; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. Tratándose del informe justificado, la autoridad responsable deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes, mismo que podrá ampliarse por otros diez días, atendiendo a las circunstancias del caso. Cabe destacar, que respecto a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la jurisprudencia 22/2018, publicada el siete de septiembre de este año, que el plazo concedido para que la autoridad responsable rinda su informe justificado no puede reducirse, ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita, puesto que la ampliación de plazos establecidos en la Ley de Amparo permite otorgar el tiempo necesario para que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones. Estimar lo contario, vulneraria el derecho a la tutela judicial efectiva, se atentaría contra la impartición de justicia completa, pronta e imparcial y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo. Así, una vez rendido dicho informe por la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional cuidará que entre la fecha de notificación al quejoso de éste y la celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda. Luego, una vez agotado el juicio por todas sus etapas, se declarará abierta la audiencia constitucional, la cual será pública, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. En el caso, se tiene que la parte quejosa reclama, esencialmente, la dilación procesal en la cual incurre la autoridad, virtud a que no ha realizado las gestiones pertinentes para llevar a cabo la prosecución del juicio ordinario 481/2021 del cual emana el acto reclamado, ya que ha señalado dos fechas para audiencia de conciliación, esto es, en catorce de diciembre de dos mil veintidós, la cual no se llevó a cabo en virtud de que no fue notificada la demandada, y señaló de nueva cuenta el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de conciliación fuera de los términos y plazos. Por lo que se estima que el presente juicio promovido en contra de ese acto es improcedente, por las consideraciones siguientes: Es menester establecer que de la interpretación de los artículos 22, 115 y 117 de la ley de la materia, establecen, en la parte que interesa, que recibida la demanda de amparo, de no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la misma; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días hábiles siguientes; pedirá informe con justificación a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; hecho lo anterior, se dará vista a las partes, para que en un lapso de ocho días se impongan del contenido del informe. De lo anterior, se desprende que, de admitirse a trámite la demanda de amparo en esta fecha, deberá fijarse dentro de los treinta días hábiles siguientes, una fecha probable para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, atendiendo a dicho plazo se señalaría el dos de marzo de dos mil veintitrés; tomando en consideración que la autoridad tiene quince días para rendir su informe, el cual, como ya se dijo, no se puede reducir; luego, una vez que lo haya rendido, se notificará a las partes, para lo cual entre la fecha de dicha notificación y la celebración de la audiencia, deberá mediar un plazo de ocho días, de lo contrario, la fecha se diferirá. De ahí que una vez celebrada la audiencia constitucional, se dictará la sentencia definitiva, dentro de los tres meses siguientes, mismo que se notificará a las partes, notificación que deberá surtir sus efectos; posteriormente, tendría que transcurrir el término de diez días hábiles, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia causaría ejecutoria (en caso de no ser recurrida por cualquiera de las partes, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo), notificándose a la responsable, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 24 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, estando obligada dicha autoridad a emitir un acuerdo por el que acata la ejecutoria de amparo, esto es, dentro de los tres días siguientes, con base en lo establecido en el segundo párrafo del numeral 192 de la ley de la materia. Máxime que ante la posibilidad de que la sentencia que decida el fondo del juicio sea impugnada y se emita la ejecutoria correspondiente por lo que se contempla una duración de seis meses la duración del juicio de amparo. En este sentido, si, en el caso, la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, en su lugar, dictara otra, en el que fijará fecha y hora para la celebración de dicha audiencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes, en términos de lo previsto en el referido artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo; ello evidencia que, de concederse el amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que no podría restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, en la medida en que sería física y jurídicamente imposible para la responsable señalar una fecha más próxima para la celebración de la referida audiencia, además de que también sería imposible retrotraer el tiempo transcurrido entre el dictado del acuerdo reclamado y la fecha señalada por la responsable para la celebración de la referida audiencia. Por tanto, debe concluirse que resulta improcedente la demanda de amparo, pues de darse trámite a la misma, y aunque pudieran resultar fundados los conceptos de violación, se estaría en imposibilidad de concretar a favor del peticionario de amparo los efectos de la concesión del amparo; pues no sería factible restituirlo en el goce del derecho fundamental violado, dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo; además, la probable infracción no podrá ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, y ningún fin práctico tendría dar trámite a la demanda y conceder la protección constitucional solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. Además, el señalamiento de la referida fecha fuera del plazo legal, no en todos los casos es violatorio de derechos. Sirve de ilustración, por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, materia Común, página: 519, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la Ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la Ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. 5. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 y los diversos 112, 115, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 6. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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