Maria Lucila Fernandez Romero
Expediente 610/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 610/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Maria Lucila Fernandez Romero
- Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a uno de febrero de dos mil veintidós. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Oficio. Se ordena agregar a sus antecedentes el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable informa la imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo derivado del deceso de la quejosa. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad responsable respectiva, para los siguientes efectos: "En el contexto señalado, se encuentra acreditada la transgresión al derecho humano a la salud previsto en los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por ende, es necesario conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, para los siguientes efectos: Proporcionen a la quejosa el servicio de salud que requiera por su padecimiento de cáncer, para lo cual es necesario que agoten todos los mecanismos que se encuentren a su alcance para salvaguardar el derecho humano de salud de la quejosa al nivel más alto posible, de manera oportuna e integral, esto es, deberá dictar los gestiones necesarias para garantizar el abasto de medicamento necesario para el tratamiento de la quejosa respecto al cáncer; lo que incluye que se le proporcione el tratamiento médico que vaya necesitando para esa enfermedad, bajo la experticia y recomendación de los médicos tratantes, incluso a través de las entidades médicas que juzguen necesarias para dar contenido a este derecho protegido por la Constitución General de la República." Una vez que causó ejecutoria dicha sentencia, en ocho de julio de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este órgano jurisdiccional en esta fecha, la autoridad responsable informó el deceso de la quejosa directa. Se declara sin materia el fallo protector. Así pues, de oficio de plano, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que este órgano jurisdiccional determina que debe declararse sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que no puede exigirse a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en sus términos. Sirve en sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, PC.III.P. J/16 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, página 1739, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." Asimismo, apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 2/2008, de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, Página 431 del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el siguiente Tenor: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. Vista con el presente auto. Por todo lo anterior, dése vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Requerimiento. Visto el estado de autos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que reciban la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. En el entendido que los efectos de la sentencia fueron los siguientes: "Proporcionen a la quejosa el servicio de salud que requiera por su padecimiento de cáncer, para lo cual es necesario que agoten todos los mecanismos que se encuentren a su alcance para salvaguardar el derecho humano de salud de la quejosa al nivel más alto posible, de manera oportuna e integral, esto es, deberá dictar los gestiones necesarias para garantizar el abasto de medicamento necesario para el tratamiento de la quejosa respecto al cáncer; lo que incluye que se le proporcione el tratamiento médico que vaya necesitando para esa enfermedad, bajo la experticia y recomendación de los médicos tratantes, incluso a través de las entidades médicas que juzguen necesarias para dar contenido a este derecho protegido por la Constitución General de la República." Lo anterior, bajo el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. En atención al estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que no se ha dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase de nueva cuenta a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que reciban la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo. En el entendido que los efectos de la sentencia fueron los siguientes: "Proporcionen a la quejosa el servicio de salud que requiera por su padecimiento de cáncer, para lo cual es necesario que agoten todos los mecanismos que se encuentren a su alcance para salvaguardar el derecho humano de salud de la quejosa al nivel más alto posible, de manera oportuna e integral, esto es, deberá dictar los gestiones necesarias para garantizar el abasto de medicamento necesario para el tratamiento de la quejosa respecto al cáncer; lo que incluye que se le proporcione el tratamiento médico que vaya necesitando para esa enfermedad, bajo la experticia y recomendación de los médicos tratantes, incluso a través de las entidades médicas que juzguen necesarias para dar contenido a este derecho protegido por la Constitución General de la República." Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Notifíquese.
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