Maria Lucia Romero Ramírez

Expediente 1132/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1132/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Maria Lucia Romero Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido... Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por su representación, a través del cual rinde su informe justificado y designa delegado. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad oficiante ofreciendo las constancias que acompañan a su informe justificado, a efecto de acreditar su personalidad. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia: la omisión de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla de resolver la queja presentada el quince de junio de dos mil veintidós. Y, de las constancias anexas al informe que se provee -previamente valoradas-, se advierte que el once de julio de dos mil veintitrés, el Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, emitió determinación respecto a la queja planteada por María Lucia Romero Ramírez, aquí quejosa, en la que, el organismo responsable determinó no contar con elementos suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, ordenó la remisión al archivo de dicho asunto como concluido. Asimismo, brindó orientación jurídica a la peticionaria -aquí quejosa-, para que, en caso de persistir en su consideración que el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, presente queja ante el Órgano Interno de Control de dicha Institución. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Ello es así, porque el veintitrés de junio de dos mil veintitrés la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo y posteriormente la autoridad responsable dejó de ser omisa, pues dictó la determinación aludida en líneas que anteceden. Sirve de fundamento, la jurisprudencia de rubro: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA." Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    **AVISO** CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEIDO DE 21 DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES A LA PARTE QUEJOSA. San Andrés Cholula, Puebla, a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por su representación, a través del cual rinde su informe justificado y designa delegado. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad oficiante ofreciendo las constancias que acompañan a su informe justificado, a efecto de acreditar su personalidad. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia: la omisión de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla de resolver la queja presentada el quince de junio de dos mil veintidós. Y, de las constancias anexas al informe que se provee -previamente valoradas-, se advierte que el once de julio de dos mil veintitrés, el Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, emitió determinación respecto a la queja planteada por María Lucia Romero Ramírez, aquí quejosa, en la que, el organismo responsable determinó no contar con elementos suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, ordenó la remisión al archivo de dicho asunto como concluido. Asimismo, brindó orientación jurídica a la peticionaria -aquí quejosa-, para que, en caso de persistir en su consideración que el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, presente queja ante el Órgano Interno de Control de dicha Institución. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Ello es así, porque el veintitrés de junio de dos mil veintitrés la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo y posteriormente la autoridad responsable dejó de ser omisa, pues dictó la determinación aludida en líneas que anteceden. Sirve de fundamento, la jurisprudencia de rubro: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA." Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a veintiséis de junio de dos mil veintitrés.********************Agréguense a los presentes autos el sobre cerrado que contiene el oficio 15666/2023, dirigidos a la autoridad responsable Director General del Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, devueltos por la oficina de correos con la leyenda "REHUSADO X O. PARTES".********************En tales condiciones, se acuerda: ********************A fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, reexpídase el citado oficio en la inteligencia que deberá de ir dirigido al domicilio que la referida autoridad responsable señaló al rendir su informe justificado:****************************************.********************Lo anterior para los efectos legales conducentes.********************CÚMPLASE.

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