María Lucía Castañeda Raygoza

Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • María Lucía Castañeda Raygoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, allegó copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, contenidas en el expediente 869/2016-I de su índice administrativo, las cuales obran en un legajo de pruebas del sumario en que se actúa; en atención a ello y toda vez que el cuatro de mayo de la presente anualidad, se ordenó su archivo por encontrarse el asunto definitivamente concluido, atendiendo a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los Poderes de la Unión y que imperan en este ámbito, se ordena devolver dichos documentos a la autoridad responsable en mención, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte quejosa recurrió el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia, dentro del término previsto por el artículo 202, de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada en la propia data, quedando comprendido dicho plazo del cuatro al veintisiete de abril del año en curso; en consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido el amparo solicitado.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos y de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días, que se dio a la parte quejosa, mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde al suscrito determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo con base en las constancias que obran en el sumario en que se actúa. En veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual concluyó con sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa María Lucía Castañeda Raygoza. En auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días contados legalmente, diera cumplimiento al fallo protector. En proveídos de veintidós de febrero y veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, informó lo atinente al cumplimiento dado al aludido fallo, asimismo allegó constancias para acreditar su dicho. En este último auto de veintitrés de los propios mes y año, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días formulara las manifestaciones pertinentes, sin que hiciera uso de ese derecho. Ahora bien, se aprecia que los efectos del fallo protector y la manera en que la autoridad responsable Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a éste, se realizó de la siguiente manera: Efectos de la concesión del amparo: En consecuencia, con fundamento en los artículos 74, fracciones IV, V y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo solicitado para el efecto de que la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, realice lo siguiente: -Informar el total cumplimiento de la sentencia hasta la restitución de los derechos de la quejosa, para lo cual deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 103 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, esto es, aplicando una multa de diez hasta sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de incumplimiento, además, con independencia de esa sanción deberá comunicar al superior jerárquico de la autoridad, la actitud de desobediencia, a fin de que la conmine al cumplimiento de la resolución. -Si la autoridad no cumple debidamente los requerimientos en más de tres ocasiones, deberá remitir los autos a la Sala Superior quien resolverá sobre la sanción a imponer al servidor público. -Asimismo, en caso de imposición de multa deberá girar oficio al Servicio de Administración Tributaria para que haga efectiva esa sanción, y dar seguimiento hasta que sea impuesta. La autoridad responsable Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de los oficios SS. 3832/23 y SS. 3884/23, recibidos en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, informó que mediante auto de trece de marzo del año en curso, dictado en el expediente 869/2016, de su índice administrativo, dicha Sala Regional recibió escrito presentado por la autoridad demandada (aquí también autoridad responsable) Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el que con motivo del programa de devolución por la vía administrativa del 5% del Fondo de Vivienda a favor de las maestras y maestros jubilados y pensionados del Estado, le fue entregada a la parte actora, aquí quejosa, mediante transferencia electrónica la cantidad de $349,180.94 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional) y que mediante acta de notificación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se notificó dicho proveído a la citada parte. Lo anterior revela que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia amparadora, al haber entregado a la quejosa la cantidad de $349,180.94 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta pesos 94/100 moneda nacional), que se le condenó pagar en el incidente de liquidación de sentencia del expediente 869/2016 de su índice. En ese tenor, la parte quejosa no manifestó inconformidad alguna pese haberse otorgado la vista correspondiente, por consiguiente, se declara cumplida la sentencia acorde a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese a las partes el presente proveído, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Ténganse recibidos los oficios SS. 3832/23 y SS. 3884/23, firmados autógrafamente por la Actuaria de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de los cuales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio en que se actúa y al requerimiento de catorce de marzo del año en curso, informa que mediante auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 869/2016, de su índice administrativo, dicha Sala Regional recibió escrito presentado por la autoridad demandada, en la cual informó que con motivo del programa de devolución por la vía administrativa del 5% del Fondo de Vivienda a favor de las maestras y maestros jubilados y pensionados del Estado, le fue entregada a la parte actora, aquí quejosa, mediante transferencia electrónica la cantidad de $349,180.94 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional), y que mediante acta de notificación de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se notificó dicho proveído a la citada parte, asimismo remite constancias para acreditar su dicho. En atención a lo anterior, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el ocurso de cuenta, para que en el término de tres días, contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si la responsable incurrió en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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