Maria Lucely Coob Canche
Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Lucely Coob Canche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintidós de junio de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó el juicio, CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de CONSERVACIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 589/2023-I-A, promovido por Alejandra Victoria Coob Canché a favor de MARÍA LUCELY COOB CANCHE; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, ante el secretario de guardia, y turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Alejandra Victoria Coob Canché en favor de MARÍA LUCELY COOB CANCHE, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Primero y Segundo, ambos de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán; Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado; Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; Fiscal General del Estado; Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos sede en esta ciudad, Juez de Control del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, Yucatán. SEGUNDO. Suspensión de plano. Por auto de la misma fecha (diecisiete de abril de dos mil veintitrés), se decretó de oficio la suspensión de plano. Asimismo, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de la notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por constancia actuarial de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones del área de seguridad de la Fiscalía General del Estado con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con la directa quejosa quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable al Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos de Robo; lo anterior, ya que del informe justificado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad, se advirtió su participación. CUARTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente tercero, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto. Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La Incomunicación, malos tratos y detención de la directa quejosa. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jueces Primero y Segundo, de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad (número de promociones 6281 y 6177, respectivamente); Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado (número de promoción 6213); Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán (número de promoción 7462), pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. Tampoco son ciertos los actos reclamados al Fiscal General del Estado de Yucatán (número de promoción 7588), Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (número de promoción 7589), Director de la Policía Estatal de Investigación (número de promoción 7195) y Secretario de Seguridad Pública del Estado (número de promoción 7269), todos con sede en esta ciudad, consistentes en la incomunicación y malos tratos infringidos en contra de la directa quejosa, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. Aunado a que la actuaria de la adscripción, en fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, al momento de comparecer en las instalaciones del área de seguridad de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con el fin de obtener la ratificación de la demanda que inició este juicio de amparo, hizo constar que observó que a la quejosa María Lucely Coob Canché no contaban con lesiones ni golpes. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los citados actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de diverso acto reclamado. Es cierto el diverso acto reclamado a las responsables Fiscal General del Estado de Yucatán; Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, únicamente por cuanto hace a la detención, pues así lo manifestó al rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se corrobora con la copia certificada del oficio sin número de fecha diecinueve de abril de dos mil veintitrés, suscrito por la Fiscal Investigadora del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Especializada en Delitos de Robo en esta ciudad, que anexó a su informe la autoridad responsable Fiscal General del Estado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, respecto a la diversa autoridad responsable Director de la Policía Estatal de Investigación con sede en esta ciudad, negó el acto que se le reclama, consistente en la detención de la quejosa; sin embargo, su negativa se desvirtúa con base a lo expuesto en el informe de referencia, admiculado con las constancias allegadas en el mismo de la carpeta de investigación ********************. En efecto, respecto al diverso acto reclamado consistente en la detención de la directa quejosa, toda vez que fue puesta a disposición del fiscal investigador en turno de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, con motivo de la comisión de hechos posiblemente delictuosos denunciados y/o querellados en su contra; por ello, se considera que es cierto el acto reclamado, toda vez que así se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que adjuntaron al mismo, de las cuales se advierte, que la quejosa fue detenida el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y puesta a disposición de la Fiscal Investigador en turno de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, en la misma fecha (diecisiete de abril de dos mil veintitrés), con motivo de la comisión de hechos posiblemente delictuosos; y posteriormente, fue puesta en libertad a las diez horas con siete minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés, con motivo de que la autoridad investigadora, no pretendió solicitar prisión preventiva como medida cautelar en contra de la aquí quejosa. El anterior criterio encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 91-96 Tercera Parte, visible en la página 7, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Máxime que lo informado por las autoridades responsables en el sentido anotado, se corrobora con las constancias procesales que anexaron a sus respectivos informes justificados. Dichas constancias, tienen la calidad de documentos públicos por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó del Fiscal General del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad: La detención del directo quejoso. Sin embargo, de lo informado por el Fiscal General del Estado de Yucatán, se advierte que por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se ordenó la inmediata libertad de la directa quejosa ********************, por los motivos expuestos en el acuerdo de esa propia fecha, dictado en la carpeta de investigación ********************. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Actos de autoridad que acontecieron durante la sustanciación del presente juicio de amparo, tomando en consideración que la demanda de amparo, como ya se dijo, fue presentada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés; lo que actualiza a plenitud la causal de improcedencia invocada. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y/o ********************contra los actos que atribuyó a los Jueces Primero y Segundo, ambos de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad; Juez Tercero de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán; Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; además por lo que hace al Fiscal General del Estado de Yucatán; Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y malos tratos en contra de la directa quejosa, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y/o ********************contra el acto que atribuyó al Fiscal General del Estado; Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado; Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, respecto del acto reclamado consistente en la detención de la directa quejosa, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la quejosa ********************, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintitrés, para que ampliaran su demanda de amparo. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y se tiene por no ampliada la demanda de amparo; por tanto, al momento de resolver este juicio se hará únicamente por las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término que se concedió a la directa quejosa MARIA LUCELY COOB CANCHE, mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que manifiesten si es su deseo ampliar su demanda de amparo. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional que se señaló para este día y se fijan las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, secretario con quien actúa y da fe.
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