Maria Lucas Rios Patiño

Expediente 2092/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2092/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Maria Lucas Rios Patiño

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Fiscalía del Estado de Jalisco, atento a su contenido, únicamente agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y téngasele informando lo que del mismo se desprende. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese. Visto el oficio signado por el Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría del Transporte, en representación del Titular de dicha dependencia, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, sin que se pueda tener en vías de cumplimiento al no remitir lo solicitado en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, ni acreditar gestiones encaminadas a ello. Se niega prórroga. Luego, indíquese que no ha lugar a otorgar la prórroga solicitada, ello en virtud de que este Juzgado de Distrito debe velar por que el cumplimiento de las sentencias de amparo, se realice a la brevedad posible, además, de que puede advertirse de las actuaciones, que se les ha otorgado el tiempo suficiente para cumplir a cabalidad el fallo protector. Requiérase plazo prudente. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de cabal cumplimiento al fallo protector, esto es, acredite haber realizado el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el hoy quejoso ****, ordenada con motivo de la protección constitucional, en términos de lo establecido en la planilla de liquidación de treinta de junio de dos mil veintiuno, regulada por este Juzgado Federal. Para lo cual deberá de tomar en cuenta la información que anteriormente le había sido rendida por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en el sentido de que deberá de realizar las adecuaciones y/o modificaciones a su propio presupuesto a efecto de incluir suficiencias financieras para cumplir con la sentencia dictada, ello es así, pues debe desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de la sentencia de amparo concedida, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen que debe ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 162469 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 5/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento.". (Lo subrayado es propio). En el entendido que, el plazo concedido con la finalidad que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es conforme a los lineamientos establecidos en las jurisprudencias 54/2014 y 59/2014, con los rubros: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" y "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO DE LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); por lo que, dicho plazo no constituye una prórroga con relación a los diversos requerimientos formulados en autos. Asimismo, es importante señalar a la autoridad responsable encargada del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que el hecho de que constantemente se encuentre peticionando a la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, un presupuesto extraordinario, en la actualidad no implica que con tales acciones este realizando gestiones para dar cumplimiento a dicha resolución, pues en repetidas ocasiones tal institución le ha hecho de su conocimiento que no está en posibilidad de otorgar tal recurso, además, que cuenta con las atribuciones suficientes para realizar adecuaciones en su propio presupuesto a efecto de incluir suficiencias financieras para cumplir con la resolución pronunciada, aunado a lo anterior, cabe resaltar al Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría del Transporte, quien actúa en representación del Titular de dicha dependencia, que con fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, este juzgado federal emitió resolución interlocutoria del incidente de liquidación promovido, declarándolo procedente y determinando planilla de liquidación de sentencia, por ende, estableció los montos a pagar en favor del quejoso; luego, el catorce de octubre de dos mil veintiuno, causó estado y se requirió cumplimiento, posteriormente, a partir de esa fecha se han realizado múltiples requerimientos a las autoridades responsables a fin de que cumplan con la ejecutoria de amparo y la planilla de liquidación referida, sin que desde entonces den cumplimiento, y efectúen el pago correspondiente, lo cual sin duda alguna NO ES UN GASTO EXTRAORDINARIO, SINO UNO YA EXISTENTE EN RELACIÓN A DIVERSOS PRESUPUESTOS ANUALES. Se precisa que, de continuar retrasando el cumplimiento al fallo protector por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte (como lo ha hecho hasta el momento), se impondrá la multa correspondiente, aun cuando manifieste estar en vías de cumplimiento. Sustentan lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: "Décima Época Registro: 2007914 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 58/2014 (10a.) Página: 11 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso.". Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización (UMA), esto es, $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $ 96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). De igual manera, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad requerida Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentran notificadas la totalidad de las partes respecto de la sentencia dictada el veintitrés de octubre de dos mil veintidós, así como del proveído de once de octubre del mismo año, por el cual se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución. Petición de turno. Por tanto, acátese lo ordenado en el auto por el que se tuvo interpuesto el citado recurso, esto es, mediante oficio que se envíe al correo electrónico occtc3ctoc@correo.cjf.gob.mx, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, petición de turno; a efecto de que en su momento pueda vincularse este expediente para la consulta del órgano que corresponda conocer del medio de impugnación. Los datos para registro son los siguientes: - Juicio de amparo: 455/2022. - Parte quejosa y recurrente: ****. - Autoridades responsables: Juez Décimo Primero Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y Secretario Ejecutor adscrito. - Determinación recurrida: resolución de veintitrés de octubre de dos mil veintidós. - Juicio de origen: ****. En el entendido de que, una vez que exista constancia de lo anterior, se pondrá a disposición el expediente en que se actúa para su consulta por parte del Tribunal Colegiado que resulte competente para conocer del recurso de queja, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de octubre de dos mil veintidós. Colegiado acusa recibo. Visto el comunicado firmado por la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se tiene acusando recibo del oficio mediante el cual se remitieron los autos originales del presente juicio, para la sustanciación del recurso de revisión principal 368/2022-II, del índice de dicho órgano jurisdiccional.

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