María Lourdes Salazar Quen

Expediente 2688/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 167 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2688/2014
Año
2014
Actuaciones
167
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • María Lourdes Salazar Quen
  • Juez Penal de Primera Instancia de Tenosique Tabasco
  • Director de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 167.

  1. Incidental

    Mesa II. Veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Se archiva el presente incidente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa II. VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Causa estado, se archiva el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    Mesa II. DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a la Actuaria Judicial de este órgano de control constitucional, informando la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a los terceros interesados (1) ********, (2) ******, (3) *********, (4) **********, (5) *********, (6) **********, (7) ********, (8) *********, (9) ********** (10) ******** de la sentencia de ocho de mayo del presente año, toda vez que son extranjeros y no residen en este país. Por lo anterior, se ordena notificar por lista de acuerdos, la sentencia de ocho de mayo del presente año a los terceros interesados en comento, lo anterior para los efectos legales procedentes Notifíquese y por lista a los terceros interesados la sentencia de ocho de mayo de este año. SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 2688/2014-II, promovido por María Lourdes Salazar Quen, contra actos de la de Juez Penal de Primera Instancia de Tenosique Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil catorce, por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, María Lourdes Salazar Quen, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO la orden de aprehensión dictada en mi contra y de las autoridades ejecutorias, el cumplimiento y ejecución AUTORIDADES RESPONSABLES Informe 1 Juez Penal de Primera Instancia de Tenosique Tabasco. Acepta Foja 24 2 Director de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco. Niega Foja 12 SEGUNDO. TRÁMITE Y SENTENCIA. El cinco de diciembre de dos mil catorce, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 2688/2014-II; se requirió a las autoridades señaladas como responsable para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; así como al Fiscal que intervino el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, celebrada la audiencia constitucional once de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa. TERCERO. RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito interpuso revisión, el cual fue registrado con el expediente 726/2017 del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimo Circuito, quien el nueve de enero de dos mil dieciocho remitió los autos de dicho recurso al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. Órgano auxiliar que, mediante sesión ordinaria virtual de ocho de marzo de dos mil dieciocho, resolvió: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto 2688/2014-II-M, del índice administrativo del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, promovido por María de Lourdes Salazar Quen, por las razones expuestas en el último considerando de la presente ejecutoria, para el efecto de que el titular de dicho órgano jurisdiccional realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el once de julio de dos mil diecisiete y señale nuevo día y hora para su celebración. 2) Conforme a lo expuesto en este ejecutoria, ordene se efectúe el emplazamiento de los terceros interesados, (1) Jenner Otoniel Guzmán Morales, (2) Carolina Guadalupe Rosales Vázquez, (3) Edgardo Alexander Valdez Quintanilla, (4) Selvin Alexander Aparicio Teyes, (5) Ever Arturo Pérez Girón, (6) Oscar Antonio Quintanilla Reyes, (7) José Douglas Argueta Turcios, (8) José Alexander Ramos Romero, (9) Alfonso Marquez Lara (10) Godofredo Alberto Argueta, corriéndoles traslado con la copia de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 26, fracción II, inciso b), y 116, segundo párrafo, de la citada ley de la materia, de lo que debe quedar constancia que lo evidencie fehacientemente. 3) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, en el momento procesal oportuno, resuelva el controvertido constitucional conforme en derecho corresponda. CUARTO. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Mediante proveído de nueve de abril de dos mil dieciocho, en atención a lo resuelto por la superioridad, se dejó insubsistente la audiencia constitucional celebrada del once de julio de dos mil diecisiete, se ordenó la reposición del procedimiento, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Además, se giraron cartas rogatorias, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la República de El Salvador, la República de Guatemala y a los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de localizar y emplazar a juicio a los terceros interesados (1) Jenner Otoniel Guzmán Morales, (2) Carolina Guadalupe Rosales Vázquez, (3) Edgardo Alexander Valdez Quintanilla, (4) Selvin Alexander Aparicio Teyes, (5) Ever Arturo Pérez Girón, (6) Oscar Antonio Quintanilla Reyes, (7) José Douglas Argueta Turcios, (8) José Alexander Ramos Romero, (9) Alfonso Marquez Lara (10) Godofredo Alberto Argueta. Cartas rogatorias que se tuvieron devueltas el treinta de agosto de dos mil diecinueve (Foja 1708), veinticinco de marzo de dos mil veintiuno (Foja 2354), veinte de septiembre de dos mil veintidós (Foja 2534) y veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (Foja 2605). QUINTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La orden de aprehensión emitida en su contra, por el Juez Penal de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, en autos de la causa penal 58/2014, y su ejecución. TERCERO. CERTEZA. La entonces Jueza Penal responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. [Foja 24] Afirmación que guarda sustento con el duplicado de la causa penal 58/2014 de su índice, la cual obra por cuerda separada como Tomo I. Documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; resulta aplicable el siguiente criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" . Por su parte el Director de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado [Foja 12] negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dada su condición de ejecutora, debe estimarse que en cualquier momento procederá a cumplir tal mandamiento, por lo cual debe tenerse por cierto el acto atribuido a dicha autoridad. Se refiere lo anterior, toda vez que de la causa penal 58/2014, se advierte que la Juez Penal de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, libró orden de aprehensión en contra de María de Lourdes Salazar Quen, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación Ilegal de la libertad, en su modalidad de Secuestro. Resulta aplicable en el caso, la tesis sostenida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56 del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que reza: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que la autoridad ejecutora por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Previo abordar el análisis correspondiente, es oportuno destacar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, por cuanto hace al sistema procesal penal previsto en la modificación a tales preceptos, su entrada en vigor se encontraba condicionada a que los Estados, en el ámbito de sus competencias, expidieran y pusieran en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios, de conformidad con el primer párrafo del artículo transitorio segundo establecido para dicha reforma. En esos términos, tenemos que el veinticinco de septiembre de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Estado de Tabasco y como consecuencia la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, lo que se corrobora en la página electrónica oficial https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409484&fecha=25/09/2015#gsc.tab=0 En esas condiciones, es importante precisar que de conformidad con el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: ARTÍCULO TERCERO. Abrogación El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. Así, toda vez que hasta la emisión de la resolución reclamada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, no resulta aplicable, pues los hechos acontecieron en el municipio de Tenosique, Tabasco a partir de agosto de dos mil doce; y en dicha localidad entró en vigor el citado ordenamiento el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, debe atenderse al texto de la legislación procesal penal aplicable a su inicio, en este caso el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. Precisado lo anterior, la quejosa expuso como conceptos de violación: 1. Que la orden de aprehensión reclamada vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, al pretender privársele de la libertad sin brindarle garantía de audiencia, ya que no se tienen reunidos los elementos del tipo penal ni acreditada la probable responsabilidad. 2. Sostiene además que se le ha sujetado a proceso, considerándole total y plenamente responsable, sin que en ningún momento se le haya permitido ofrecer pruebas en la etapa averiguación previa. 3. Indica que el Ministerio Público ejerció acción penal en su contra tomando en consideración declaraciones o comparecencias ministeriales de extranjeros que no son suficientes para acreditar plenamente el cuerpo de delito, pues tales deposados, no cumplen con los requisitos del artículo 109 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco (vigente en el momento de la emisión del acto reclamado) para que puedan ser apreciados por el Juez responsable. Ahora, como cuestión previa, es de acotar que para esta jurisdicción resulta esencial la protección del legítimo derecho de la suplencia de la queja en favor del quejoso , obligación además contenida en el inciso a) la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo . Por lo que, para el análisis de la génesis de la presente controversia, se suplirá en su deficiencia, los razonamientos antes sintetizados, por los cuales se estima que se vulneró el parámetro de regularidad constitucional en contra del quejoso, empero, tal ejercicio no implica transmutar los elementos que conforman la litis, como es el propio acto reclamado y sus elementos constitutivos. Idéntico razonamiento sostiene el criterio de jurisprudencia II.1o.P. J/6, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 1015, materia penal, registro digital 184425, de rubro: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. ALCANCES." Asimismo, también es relevante puntualizar que, si bien el ejercicio de estudio del reclamo debe practicarse desde la óptica de la suplencia, también es verdad que, si tal resultado no reporta beneficio alguno a la parte solicitante, entonces no resulta necesario expresarlo en la ejecutoria. Tal proceder comparte el argumento de la tesis (I Región) 8o.1 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo II, página 1068, materia penal, registro digital 2014738, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO." En mérito de lo anterior, son infundados los argumentos que como conceptos de violación expuso la parte quejosa. A efecto de clarificar tal postura y dado que la fuente de reclamo se cierne en a una orden de aprehensión girada contra la quejosa, en términos del artículo numeral 155 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco (vigente en el momento de la emisión del acto reclamado), en relación con el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto vigente hasta antes de la reforma publicada en el DOF el dieciocho de junio de dos mil ocho), los requisitos que dicha resolución debe contener son los siguientes: a) La existencia de una denuncia o querella; b) Que se refiera a un hecho que la ley señale como delito y que se encuentre sancionado con pena corporal; c) Que estén acreditados los elementos del delito y la probable responsabilidad; y, d) Que sea dictada por autoridad judicial. Lo anterior, en la parte conducente, encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia Penal, página 267, que reza: "ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad." Así, respecto del primer requisito, consistente en la existencia de una denuncia o querella, se encuentra reunido, dado que las constancias que integran el duplicado de la causa penal 58/2014 se desprende que mediante oficio 2313/2012 de nueve de agosto de dos mil doce [Foja 2 a 3 del Tomo I], el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Única Investigadora en Tenosique, Tabasco consignó la averiguación previa PGR/TAB/TEN/748/D/2012, en atención a la denuncia interpuesta por parte de la 3/a Compañía de Ingenieros de Combate, con destacamento en el campo militar número 38-A de Tenosique, Tabasco Foja 51 a 53 del Tomo I. En tanto la segunda exigencia, también se encuentra cumplida, en virtud que la citada indagatoria se sigue por la probable comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso b), en relación con el diverso 10, fracción I, inciso a), b), e) y f) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en contra de la aquí quejosa y otra persona. De igual forma, la cuarta obligación constitucional también se encuentra cumplida dado que, tras la declinatoria de competencia de este Juzgado Tercero de Distrito para conocer de la Causa 105/2012-I de treinta y uno de octubre de dos mil catorce [Foja 1551 a 1572 del Tomo I] , el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, se dictó la orden de aprehensión que motivó la presente controversia constitucional, la cual la dictó la entonces Jueza Penal de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco -autoridad señalada como responsable-. Ahora bien, respecto de la tercera condición de validez de la orden de aprehensión, que hace alusión a que se encuentren acreditados los elementos del delito y la probable responsabilidad, una vez que la Jueza responsable, llevó a cabo la relación de todas y cada una de las constancias que integran la indagatoria, a su consideración, se encontraron reunidos tanto los elementos del cuerpo del delito, como la probable responsabilidad de la indiciada, aquí quejosa María de Lourdes Salazar Quen, por la comisión del ilícito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso b), en relación con el diverso 10, fracción I, inciso a), b), e) y f) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Para verificar que tal afirmación resulta o no correcta, en primer término se analizara si la misma está debidamente fundada. Atento a lo anterior, la Jueza responsable citó los preceptos legales aplicables al caso; asimismo, motivó su resolución, ya que expresó las razones o circunstancias que la llevaron a concluir que el caso encuadraba en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Así, al dictar el mandamiento de captura en primer lugar enlistó los elementos probatorios que integran la causa de origen; luego indicó que existe denuncia de hechos de posible carácter delictuoso, además reconoció el carácter de los elementos de la Secretaría de la Defensa que fueron denunciantes. Luego, la Jueza responsable indicó que los medios de prueba que obran en la causa, adminiculados entre sí, resultan aptos para tener por demostrado el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso b), en relación con el diverso 10, fracción I, inciso a), b), e) y f) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro . Elementos del delito: Primero. El que prive de la libertad a otro. Segundo. Detenga en calidad de rehén y amenazar con privarle de la vida o causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera. La Jueza responsable tuvo por acreditado el primer elemento con el siguiente material probatorio: 1. Parte informativo de ocho de agosto de dos mil doce, signado y ratificado ministerialmente por Martín Pérez Cabrera, Jesús Eduardo Pérez Landero y José David Soto Sarao elementos del Ejército Mexicano, del cual indicó la narración siguiente: que aproximadamente a las once horas con cinco minutos del día ocho de agosto de dos mil doce, se encontraban desempeñando sus servicios en la Base de Operaciones de "Sueños de Oro", municipio de Tenosique, Tabasco, cuando se les acercó una persona a bordo de un vehículo particular de color blanco para informarles que una persona de sexo masculino perseguía de manera sospechosa a una niña, a la altura de la desviación del poblado de Sueños de Oro, por lo que se trasladaron al tramo carretero de ceibo Guatemala a Tenosique, Tabasco, y a la altura del kilómetro 45 aproximadamente sobre la desviación, vieron que un sujeto traía agarrada de la mano a una niña que estaba forcejeando para que la dejara y al verlos el mencionado sujeto la soltó mostrando nerviosismo por lo que la separaron de él y al preguntarle su nombre ella les dijo llamarse OSIRIS IVETH MARTINEZ SOSA, indicándonos que había más niños y adultos contra su voluntad en una casa cercana al lugar, que ubicaron la casa en mención localizándola a la altura de unos 100 m aproximadamente a la orilla de la carretera del Ceibo Guatemala a Tenosique, Tabasco, en domicilio conocido de la colonia agrícola del poblado "Sueños de Oro", presentando las siguientes características: de color verde contestado de material al frente y por parte posterior de repelado de cemento gris, con techo de lámina, al acercarse una persona corrió entre la maleza, dejando la casa sola, por lo que se acercaron a las ventanas, encontrando en el interior a otras a otras personas que dijeron ser de diversas nacionalidades, por lo que solicitaron el apoyo del Instituto Nacional de Migración y a la gente del Ministerio Público de la Federación de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, acordonando la casa y proporcionando seguridad de la misma, que a las trece horas arribaron las autoridades correspondientes y al realizar la revisión del inmueble encontraron en su interior a dos mujeres, siete menores de edad y once hombres de diferentes nacionalidades, al continuar con la revisión se encontró a un niño que dijo llamarse Jesús Guadalupe Salazar Quen de nacionalidad mexicana de aproximadamente nueve años de edad, manifestando ser familiar de los dueños de la casa." Medio de convicción al que se le otorgó valor indiciario conforme a lo previsto en los artículo 107 y 108 de la codificación procesal penal vigente en el momento del dictado de la orden, dado que tales manifestaciones se confirma con las declaraciones ministeriales de los elementos de policía, rendidas ante el órgano ministerial, quienes convalidan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, tanto de la detención de los activos como el rescate de las personas víctimas del injusto. Además, indicó que el citado informe adquiere valor probatorio de conformidad con la fracción IV del artículo 109 de la norma adjetiva, ya que quienes lo emitieron lo hacen de manera clara, precisa, sin falta de probidad y con imparcialidad; además, la Jueza tampoco advirtió dudas ni reticencia de parte de los elementos castrenses, ni mucho menos fueron obligados a declarar en el sentido que lo hicieron. 2. Además, se tomó en consideración la declaración de los propios afectados Jenner Otoniel Guzmán Morales [Fojas 351 a 357 del Tomo I], y Osiris Iveth Espinosa Sosa [Fojas 337 a 343 del Tomo I] así como de Edgardo Alexander Valdez Quintanilla [Fojas 187 a 193 del Tomo I], Selvin Alexander Aparicio Teyes [Fojas 197 a 201 del Tomo I], Ever Arturo Pérez Girón [Fojas 205 a 209 del Tomo I], Oscar Antonio Quintanilla Reyes [Fojas 213 a 217 del Tomo I], José Douglas Argueta Turcios [Fojas 221 a 225 del Tomo I], Godofredo Alberto Argueta [Fojas 229 a 235 del Tomo I], José Alexander Ramos Romero [Fojas 239 a 243 del Tomo I], José Ernan Cabrera Argueta [Fojas 247 a 251 del Tomo I], Alfonso Marquez Lara [Fojas 255 a 259 del Tomo I] y Carolina Guadalupe Rosales Vázquez [Fojas 363 a 367 del Tomo I], la primera de nacionalidad guatemalteca y los once últimos de origen salvadoreño. Deposados a los que se concedió valor probatorio de indicios relevantes, en términos de los numerales 107 y 108 del Código de Procedimientos Penales aplicable, por tratarse de personas idóneas legalmente para tomarse en consideración, dado que narraron la forma en que fueron privados de su libertad por parte de los sujetos activos, por lo que merecen credibilidad en proporción al apoyo que prestan el resto los elementos de prueba que obran en la causa. Además, la Jueza responsable indicó que, en cuanto a las entonces menores víctimas Jenner Otoniel Guzmán Morales y Osiris Iveth Espinosa Sosa, estuvieron en compañía de la licenciada Yari Verónica Gutiérrez García, encargada de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del Municipio de Tenosique, Tabasco. Medios de convicción, a las que otorgó valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 107 y 108 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Tabasco. 3. Enlazó lo anterior con la fe ministerial del lugar de los hechos, practicada el ocho de agosto de dos mil doce [Foja 23 a 29 del Tomo I], en la cual se advierte que el fiscal investigador se trasladó a la colonia Agrícola Ganadera Sueños de Oro, Tenosique, Tabasco ubicado sobre la carretera estatal Tenosique El Ceibo, Guatemala, aproximadamente en el kilómetro 45, con dirección al Ceibo, hasta el domicilio ubicado sobre la calle principal del ejido, a la altura de la casa de salud de una escuela preescolar, la cual describió como casa de material de concreto, repellada con cemento color gris y techo de lámina, de aproximadamente diez metro de ancho por ocho de lago, el cual presenta dos ventanas cuadradas de madera, así como una puerta de herrería de color negro, misma que se encontraba abierta, por lo que al acercarse a la entrada de la casa, sobre la puerta, se percató que en el interior del domicilio se encontraban veinte personas, de las cuales siete de ellos eran menores de dieciocho años, dos personas del sexo femenino, una de ellas embarazada, así como once adultos, por lo que al preguntarles su origen y que se encontraban haciendo en dicho lugar, manifestaron que diecinueve de ellos eran de origen salvadoreño y uno de origen guatemalteco, y los mismos se encontraban privados de su libertad. Prueba que le otorgó pleno valor probatorio por disposición expresa del artículo 108 de la norma procedimental, con lo cual se obtiene la existencia del lugar de los hechos, en conde se hallaban las personas extranjeras privadas de su libertad. Por otra parte, respecto del segundo elemento del delito, la Jueza indicó que los activos lesionaron el bien jurídicamente tutelado en función del nexo de causalidad típico y la conducta exigible, es decir, se privó de la libertad a las víctimas Edgardo Alexander Valdez Quintanilla, Selvin Alexander Aparicio Teyes, Ever Arturo Pérez Girón, Oscar Antonio Quintanilla Reyes, José Douglas Argueta Turcios, Godofredo Alberto Argueta, José Alexander Ramos Romero, José Ernan Cabrera Argueta, Alonso Marquez Lara, Osiris Iveth Espinosa Sosa, Jenner Otoniel Guzmán Morales y Carolina Guadalupe Rosales Vázquez quienes de forma similar refirieron que, al estar privadas de la libertad, sus secuestradores los amenazaron con matarlos sí sus familiares no les pagaban el dinero que les pidieron por su liberación. Deposados a los que se concedió valor probatorio de indicios relevantes, en términos de los numerales 107 y 108 del Código de Procedimientos Penales aplicable, por tratarse de personas idóneas legalmente para tomarse en consideración; dado que de ellos se obtiene aspectos relevantes para justificar el propósito que tuvieron los sujetos activos para la privación de la libertad, en concreto, la búsqueda de un beneficio económico. Con todo lo anterior, la Jueza responsable estimó que existen indicios suficientes para demostrar los elementos del cuerpo del delito. En cuánto los agravantes consistentes en que el delito en estudio se lleva a cabo en un lugar desprotegido y que lo lleven a cabo dos o más personas lo anterior con base en los elementos probatorios que fueron relatados con antelación. Ahora, respecto de la probable responsabilidad de la quejosa, la Jueza responsable la tuvo demostrada con base en el mismo acervo probatorio que se enlistó en líneas precedentes para analizar el cuerpo del delito, de conformidad con los artículos 75 a 110 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Tabasco en el momento de la emisión de la orden reclamada, es decir, con los deposados ministeriales de los aludidos atestes de cargo, la fe ministerial y el parte informativo de los elementos castrenses. Sostuvo que, la probable responsabilidad de los activos, entre ellos la aquí quejosa, se justifica preponderantemente con la imputación firme y directa que realizan las propias víctimas quienes de manera similar refirieron que en el domicilio donde fueron encontrados, además de la persona que fue asegurada con la menor que logró escapar, se encontraba una pareja, que al parecer eran esposos y eran los dueños de la casa, quienes los mantuvieron cautivos en ese lugar, por ende merecen credibilidad en proporción al apoyo, que le prestan las pruebas que obran en la causa y deben concluirse que adquiere valor preponderante para acreditar el extremo en análisis, dado que reúnen los requisitos del artículo 112 de la norma adjetiva. Lo anterior es así, ya que las declaraciones fueron vertidas por personas con criterio sobre el acto que vivieron y, en cuanto a las menores víctimas Jenner Otoniel Guzmán Morales y Osiris Iveth Espinosa Sosa, estuvieron en compañía de la licenciada Yari Verónica Gutiérrez García, encargada de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del Municipio de Tenosique, Tabasco; aunado al hecho que merecen razón a su apreciación, puesto que resintieron directamente los actos delictivos y comunicaron en forma clara, precisa, sin dudas ni reticencias; además, esos testimonios no fueron por alguna fuerza o miedo, por lo que reúnen los extremos del dispositivo citado. Al respecto, cabe apuntar que mediante diligencia de inspección ocular y fe ministerial identificada como A.C. PGR/TAB/TEN/233/2012, de ocho de agosto de dos mil doce, la propia representación social reconoció el carácter de víctimas a las personas extranjeras que se encontraron privadas de la libertad de la siguiente forma: a lo que en ese acto se le pide apoyo a la Ciudadana Licenciada CAROLINA PONCE ARIAS, Delegada Local de Migración en el Ceibo, para efecto que se les brinde la custodia en calidad de víctimas del delito a las personas extranjeras anteriormente mencionadas, procediendo a subirlas en el vehículo oficial, para su traslado a las oficinas de Migración y brindarles la atención debida, y en espera de tomarles su declaración correspondiente [.]" Lo anterior fue adminiculado con el atesto del menor Jesús Guadalupe Salazar Quen, el ocho de agosto de dos mil doce, de quien señaló: se encontraba en la casa donde actualmente vive con MARÍA DE LOURDES SALAZAR QUEN y Carlos García Vázquez, quienes son sus tíos, que ese domicilio que se encuentra ubicado en la Población de Sueños de Ora, que sus tíos se fueron a Tenosique, temprano como a las ocho de la mañana y le dijeron que se quedara en la casa con JOSE DEL CARMEN CRUZ VÁZQUEZ, a quien le dicen "el buche", que en la casa de sus tíos había gente guardada que iba a "pasar", no se sabe para dónde, como veinte gentes, los cuales estaban en la sala y en el cuarto de su prima, que estas personas llegaron el día de ayer aproximadamente como a las siete de la tarde y no sabe quién las llevó porque no estaba cuando las llevaron; que al "buche" lo agarraron porque andaba correteando a una niña que se le había escapado de la casa, que en otras ocasiones "el buche" ha llevado gente a la casa pero más poquitos o ellos llegan solos a la casa, que cree que sus tíos LOURDES y CARLOS, sí están enterados de la gente que estaba en la casa. Foja 163 del Tomo I Medios de prueba que, a juicio de la responsable, resultaron suficientes para tener por acreditada la probable responsabilidad penal, dado que tras su enlace lógico y natural, conforme al estándar de valoración previsto en el artículo 107 de la codificación adjetiva, es posible determinar que María de Lourdes Salazar Quen -aquí quejosa- es la persona que probablemente del lunes seis al ocho de agosto de dos mil doce, tuvo conjuntamente con otra persona, privadas de su libertad a veinte personas extranjeras, en la casa ubicada a cien metros aproximadamente de la orilla de la carreta del Ceibo, Guatemala a Tenosique, Tabasco, en la colonia Agrícola del poblado "Sueños de Oro", donde fueron encontrados las víctimas por parte de los elementos militares, los cuales tenían calidad de rehenes con la finalidad de que los activos obtuvieran un beneficio económico con base en la amenaza de privarlos de la vida para obligar a sus familiares a realizar un pago; con lo que se puso en riesgo el bien jurídico tutelado de la libertad ambulatoria e integridad física. También destacó que no existen medios probatorios que desvirtúen los indicios que fueron analizados, en mérito de lo cual estimó que la conducta desplegada por María de Lourdes Salazar Quen -aquí quejosa- fue dolosa, al querer y aceptar su realización, además de típica, al ajustarse a las hipótesis previstas previstos en el artículo 9, fracción I, inciso b), en relación con el diverso 10, fracción I, inciso a), b), e) y f) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; además, no advirtió excluyente de incriminación penal ni de inimputabilidad. De lo anterior se desprende que el actuar de la Jueza responsable se encuentra apegado a derecho, ya que inverso a lo sostenido en el concepto de violación identificado con el número 1, la resolución combatida se encuentra fundada y motivada, toda vez que una vez reunidos los elementos del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad de la parte indiciada María de Lourdes Salazar Quen aquí quejosa. Aunado al hecho que, tras el análisis de las constancias que integran la causa de origen, no obra medio de convicción que desvirtúe lo resuelto por la Jueza responsable. Consecuentemente, con base en las precedentes consideraciones, se estima que la orden de aprehensión en estudio, satisface la exigencia constitucional de fundamentación y motivación prevista por el cardinal 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Jueza responsable externó las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, citando para ello las disposiciones legales aplicables al caso, según así fue razonado. Además se suma, como se dijo en párrafos que anteceden, que para tener por acreditada la probable intervención de la quejosa en la comisión del delito que se le atribuye, basta la existencia de datos que, de un examen preliminar, lleven a estimar, con un grado aproximado a la certeza, su participación en la ejecución del delito que se le imputa y, que precisamente por ese grado de convicción sea razonable y justo someterla, mediante el dictado de la orden de aprehensión, para que posteriormente se dicte sentencia en la que en definitiva se establezca su plena culpabilidad o, en su defecto, se le absuelva. De ahí que, en los términos expuestos por la Jueza responsable al emitir el acto reclamado, atendiendo al cúmulo de indicios que no se encuentran aislados, si no que se ubican concatenados entre sí, concurren con una pluralidad de hechos demostrados entre sí, con concordancia entre los mismos, que parten de una verdad conocida para llegar a una verdad buscada, atendiendo a los razonamientos lógicos jurídicos al robustecerse entre sí, resulta suficiente, hasta el momento procesal en que se encuentra el sumario de origen, para tener por demostrados los extremos en los que se sustentó la orden de aprehensión. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia II.2o.P.J/14, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a foja 1137, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2005, Novena Época, con número de registro 177944, que a la letra dice: "INDICIOS. CUANDO EXISTEN BASTANTES PARA ARRIBAR A LA CERTEZA LEGAL RESPECTO DE LA CULPABILIDAD DEL ENJUICIADO, NO ES SU VALOR AISLADO EL QUE DEBE ATENDERSE, SINO EL QUE RESULTA DE SU CONCATENAMIENTO. Si cada uno, visto individualmente, no resulta suficiente para fundar un fallo condenatorio, ello no significa que dicha resolución sea violatoria de garantías cuando de su análisis se advierte que no se está basando en uno solo de esos indicios, sino en la totalidad de ellos y cuando el enlace de éstos conduce a la obtención de un superior estado de conocimiento, del que deriva la certeza legal respecto de la culpabilidad del enjuiciado, según el vetusto principio singula quae non prosunt simulunita juvant, o dicho en otro término, las cosas que no sirven separadas, unidas sí aprovechan." Bajo ese contexto, se insiste que la resolución reclamada cumple con el estándar constitucional de fundamentación y motivación, además tomando en consideración los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una resolución se encuentra fundada cuando se expresan con precisión los preceptos legales aplicables al caso y motivada, en tanto, se expongan las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, de conformidad con la jurisprudencia 204, publicada en la página ciento sesenta y seis, emitida por la antes Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, resulta infundado el argumento de la quejosa en el sentido de que se transgredió en su perjuicio la garantía de audiencia, como ha quedado precisado, si bien, todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando se trate de una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ya sea en el texto anterior a la reforma de junio de dos mil ocho o en el vigente), los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado. Sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y -atendiendo al parámetro constitucional aplicable en el momento de los hechos- que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad de la persona indiciada, por ello es que se estima infundado el referido concepto de violación. Sirve de apoyo para justificar lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Página 5, Registro 200080, Novena Época, que a la letra indica: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." En lo relativo al concepto de violación sintetizado con el número 2, en el cual la parte quejosa aduce que se pretende sujetarla a proceso sin se la haya permitido ofrecer pruebas en la etapa de averiguación previa, también resulta infundado. Lo anterior es así, toda vez que no existe precepto constitucional que constriña al fiscal, a notificarle al quejoso la integración de la averiguación previa, o los indicios que se recaban en la etapa de investigación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la actuación del Ministerio Público, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 85/2005, consideró que la citación o comparecencia de una persona dentro de una indagatoria penal en fase ministerial no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma. Razonamiento de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 49, novena época, materia penal, registro 175142, de contenido: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Razones que son aplicables al caso en estudio, dado que justamente el caso se trata de una orden de aprehensión, las cual es una herramienta para hacer comparecer a la investigada al proceso penal. Motivo por el cual, el hecho que no se haya llamado a la quejosa para declarar durante esa etapa no constituye un requisito para su integración, ni una violación a lo previsto por el artículo 14 constitucional, pues el diverso artículo 21 constitucional, no lo contempla, ya que sus primeros dos párrafos, relativos también a las facultades de investigador que se le confiriendo al Ministerio Público, establecen: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Como ya se puntualizó, no existe ningún precepto legal que disponga que necesariamente tiene que citarse a la persona indiciada a la averiguación previa en la que se le imputen hechos, porque en ese momento no existe un derecho subjetivo vulnerado por la omisión o negativa del representante social de llevar a cabo esa citación; máxime que en esa etapa se desconoce si en el trámite de esa indagatoria realmente se afectará algún derecho de la quejosa. Aunado a lo anterior, en los artículos 154 y 155 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco , no se encuentra previsto que en el auto de radicación ni en aquel que se dicte la orden de aprehensión se de intervención a la persona investigada. También es infundado lo que alega la quejosa en el concepto número 3, respecto a el Ministerio Público ejercicio acción penal en su contra tomando en consideración elementos probatorios (en particular las declaraciones ministeriales de las víctimas) sin que tales atestos cumplieran con el estándar previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco (vigente en el momento de la emisión del acto reclamado). Ello es así, ya que, como quedó asentado en el cuerpo de esta ejecutoria, tal ejercicio de valoración primigenia de los indicios de prueba es propio del órgano judicial del conocimiento no así de la representación social, en la especie, de la Jueza responsable, quien tomó en consideración los aspectos previstos en la fracción IV del arábigo 109 citado, puesto que valoró los testimonios conforme a la edad, capacidad e instrucción de quienes los emitieron; además, tomo en consideración las circunstancias particulares, la percepción de los hechos por medio de los sentidos, así como la claridad, precisión y que no hayan sido obligados a prestar sus declaraciones. Condición que, además se corrobora con la revisión que este órgano de amparo efectuó de las declaraciones de Jenner Otoniel Guzmán Morales [Fojas 351 a 357 del Tomo I], y Osiris Iveth Espinosa Sosa [Fojas 337 a 343 del Tomo I] así como de Edgardo Alexander Valdez Quintanilla [Fojas 187 a 193 del Tomo I], Selvin Alexander Aparicio Teyes [Fojas 197 a 201 del Tomo I], Ever Arturo Pérez Girón [Fojas 205 a 209 del Tomo I], Oscar Antonio Quintanilla Reyes [Fojas 213 a 217 del Tomo I], José Douglas Argueta Turcios [Fojas 221 a 225 del Tomo I], Godofredo Alberto Argueta [Fojas 229 a 235 del Tomo I], José Alexander Ramos Romero [Fojas 239 a 243 del Tomo I], José Ernan Cabrera Argueta [Fojas 247 a 251 del Tomo I], Alfonso Marquez Lara [Fojas 255 a 259 del Tomo I] y Carolina Guadalupe Rosales Vázquez [Fojas 363 a 367 del Tomo I], las cuales, para la etapa indiciaria en la que se encuentra el proceso, si cumplen con el estándar legal para la emisión de la orden de aprehensión. No se inadvierte que, respecto de los atestos de los menores víctimas Jenner Otoniel Guzmán Morales y Osiris Iveth Espinosa Sosa, fueron tomados en consideración dada la asistencia que proporcionó la licenciada Yari Verónica Gutiérrez García, encargada de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del Municipio de Tenosique, Tabasco. Lo cual, se estima correcto, puesto que se tomó en consideración el criterio rector de la protección de los derechos de la niñez, puesto que ponderó su protección de manera prioritaria. Resulta orientadora al respecto la tesis (X Región) 1o.4 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1935, décima época, materia penal, registro 2006729, de contenido: "TESTIGOS MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES MINISTERIALES DEBEN ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS PADRES O TUTOR. De acuerdo con los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8, inciso d), 9, inciso a), 16 y 26, incisos a) y b), de las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos, el testimonio de un menor tiene validez si se lleva a cabo observando el protocolo nacional e internacional en la materia; de manera que para su aprobación y eficacia procesal, será indispensable observar una serie de condiciones, a fin de que su información sea recogida de manera óptima, sin producir algún menoscabo en su persona; para lo cual se requiere que estén asistidos por abogado o defensor público, así como por sus padres o tutor; ello, en virtud de que al rendir su declaración sobre hechos que impliquen la comisión de delitos, los menores de edad se encuentran expuestos a un estado de vulnerabilidad tanto física como emocional, que puede poner en tela de juicio su espontaneidad, veracidad e imparcialidad, al estar sujetos a vicios e irregularidades durante la investigación ministerial." Así, el análisis que efectuó la Jueza responsable de los deposados de los menores víctimas, atendió su especial condición, puesto que evaluó las circunstancias en que se llevaron acabo; además, debe tener en consideración el parámetro de protección de los menores víctimas a no ser re victimizados, es decir, analizar las manifestaciones como fueron ya vertidas. Máxime que, la afirmación de la quejosa respecto a que las declaraciones de las víctimas carecen de valor probatorio resulta incorrecto, puesto que son justo quienes, al resentir la afectación por la acción ilegal, están en pleno conocimiento de los hechos dado que los vivieron y por tanto, los percibieron a través de sus sentidos; más aún, si tales declaraciones se concatenaron con diversos medios de prueba (informe, fe ministerial y declaración de testigo) que confirman el contenido de lo declarado. Es aplicable la jurisprudencia II.2o. J/8, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, página 51, octava época, materia penal, registro 214586, de contenido: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima, de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario por si sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante." Además, resulta también aplicable el razonamiento contenido en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LIX, Segunda Parte, página 38, registro 260296, de contenido: "TESTIMONIO DE LOS PARIENTES DE LA VICTIMA, VALOR DEL. El dicho de los parientes de la víctima puede ser tomado en cuenta como dato incriminatorio, porque si bien es cierto puede sospecharse cierta animosidad en contra del autor del delito, también lo es que precisamente por ser familiar de quien resultó directamente afectado tiene interés en que se sancione precisamente al autor o autores del hecho delictuoso y el señalamiento que haga puede ser considerado legalmente como un indicio sólido en contra del señalado." De ahí que no le asista la razón al quejoso y por consiguiente, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Ahora, esta Juzgadora considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se sostiene que la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa no transgredió sus derechos humanos en ningún sentido, ni en particular el principio del debido proceso ni la presunción de inocencia, es que los argumentos que conformaron el apartado de conceptos de violación no resultan procedentes para conceder la protección solicitada. Lo anterior, dado que, como ya se afirmó la Jueza responsable de ninguna forma transgredió su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de la parte impetrante durante el desarrollo de las diligencias de donde derivó el acto que por esta vía se reclama. Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos depuestos y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor del recurrente, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva a la responsable ejecutora Director de la Policía de Investigación del Estado de Tabasco, dado que no existe señalamiento respecto de algún vicio por acto de aplicación por parte del quejoso. Esta misma lógica sustenta el criterio de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, novena época, materia común, registro 204875, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cinco de diciembre de dos mil catorce, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión No ampara ni protege a *******, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mesa II. VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene a la Directora de Cooperación Penal Internacional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, remitiendo constancias relativas a la diligenciación de la carta rogatoria 2/2019 (orden 437/2019). En consecuencia, dese de baja a la carta en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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