María Lourdes Rojas
Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Lourdes Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, cuatro de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. 1 Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 , archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de junio de dos mil veintidós. I. Se agrega informe justificado. Visto el oficio que firma el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. II. Se admiten pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cuales se advierte la actualización de una causal de improcedencia. III. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se desprende la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión por parte de la autoridad de fijar fecha para el desahogo de pruebas en virtud de que no se ha llevado a cabo la admisión de las mismas. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable niega la existencia del reclamo constitucional; sin embargo, debe desvirtuarse dicha negativa y tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, manifestó que desde el seis de mayo del presente año dictó el auto de admisión de pruebas y se señalaron las ocho horas con treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas confesional por posiciones ofrecidas por la parte actora y la parte demandada; asimismo, se señalaron las nueve horas del seis de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección y fe judicial ofrecida por la parte demandada, con lo que subsanó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (doce de abril de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por la quejosa en su demanda. Lo anterior, tambien se dilucida con el contenido de las constancias que remitió anexas a su oficio la autoridad en mención, concretamente con la relativa al auto de seis de mayo del actual y las notificaciones correspondientes a las partes, que integran el expediente de origen 1126/2020JE1, de la que se desprende que en esa actuación señaló como fechas para el desahogo de las pruebas citadas con anterioridad, el cinco y seis de septiembre de este año, respectivamente. En ese orden de ideas, como se evidencia, de las manifestaciones y documentales en trato, se denota que durante el trámite de este sumario, la responsable emitió el referido acuerdo de seis de mayo de dos mil veintidós, en el que subsanó el acto omisivo consistente en no dictar auto de admisión de prueba y fijar fecha para el desahogo de las mismas, señalando para tal efecto las ocho horas con treinta minutos del cinco de septiembre y las nueve horas del seis de septiembre de dos mil veintidós, para las probanzas correspondientes; actuación que remitió en copia certificada, a la cual se le otorgó con antelación plena validez probatoria. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció que no existía acuerdo de admisión de pruebas y el señalamiento de fecha para el desahogo de las mismas; sin embargo, durante el trámite del biinstancial, la responsable dictó el auto del que se dolía la parte quejosa y ordenó la acciones proclives a la diligenciación de las pruebas admitidas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con cincuenta y dos minutos del veinte de junio de dos mil veintidós-. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE SOBRESEEE POR AUTO)
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que se advierte que transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable, rinda su informe justificado. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veinte de junio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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