María Loreto Ramírez Cruz

Expediente 1165/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1165/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • María Loreto Ramírez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos. Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. Se ordena archivar. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Destino. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Cambio de Titular. En otro orden de ideas, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Vista al incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se da cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  2. Incidental

    Se ordena archivar. Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Destino. En consecuencia, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo y la fracción III, del diverso vigésimo primero, capitulo quinto, de las disposiciones generales, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se ordena destruir los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión tanto provisional como definitiva de los actos reclamados en el presente asunto. Cambio de Titular. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciséis, mediante el cual remitió copia simple del oficio TSA/CI-AQ/1792/2018, suscrito por el Titular de la Contraloría Interna, así como copia certificada del auto de veinticinco de marzo pasado, relativas al expediente de origen 1157/2012, en la que se advierte que dejó insubsistente el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, y, asimismo dictó uno nuevo, donde proveyó lo respectivo al escrito presentado por la parte quejosa. Con el citado oficio y anexos, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. Por otra parte, del análisis de autos se advierte que el cinco de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional se reservó a acordar lo conducente al escrito signado por María Loreto Ramírez Cruz, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista otorgada en auto de veintisiete de marzo pasado; en esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa desahogó dicha vista, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, negó el amparo y protección a la parte quejosa a María Loreto Ramírez Cruz, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis. Consecuentemente, la parte quejosa manifestó su inconformidad con la referida determinación, interponiendo el recurso de revisión respectivo; por lo que, se remitieron los autos originales del presente juicio de amparo el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, correspondiéndole conocer por razón de turno al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, asignándole el número de revisión principal 50/2019, misma que fue resuelta el veintiocho de febrero del año en curso, de la manera siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo 1165/2018 del entonces Juzgado Primero de Distrito en Materias (sic) Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Loreto Ramírez Cruz, respecto del acto y autoridad señalados en el considerando segundo de la sentencia recurrida para los efectos precisados en el considerando último esta ejecutoria." Ahora bien, del testimonio se desprende que los efectos precisados por el Tribunal Colegiado en mención, son los siguientes: ". al resultar sustancialmente fundados los agravios, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, deje sin efectos el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, y dicte otro en el que atendiendo la manifestación del desconocimiento del número de queja administrativa, presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, provea de manera congruente su petición, en cuanto al estado procesal que guarda la queja administrativa que interpuso ante ese Tribunal Agrario." En ese sentido en proveído de once de marzo de dos mil diecinueve, se recibió el testimonio de la referida ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis remitiendo copia certificada del auto de veinticinco de marzo anterior, por medio del cual dejó sin efectos el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho dictado en el expediente agrario 1157/2012, asimismo, dictó un nuevo auto atendiendo el escrito signado por María Loreto Ramírez Cruz, por medio del cual solicitó se girará oficio recordatorio al Tribunal Superior Agrario, a fin de que informe el seguimiento dado a la queja presentada en el expediente de origen, respondiendo a la solicitud, que mediante oficio TSA/CI-AQ/1792/2018 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Superior Agrario, a través de la entonces Contraloría Interna, informó el trámite que se dio a la queja Q-192/2017. De la copia simple del oficio TSA/CI-AQ/1792/2018, se advierte que la entonces Contraloría Interna, se está a la espera del informe de la Licenciada Ana María Limón Bernal, para proceder al estudio y análisis de los hechos. Además, a la solicitud de la parte actora, la autoridad responsable señaló lo siguiente: ". de conformidad con el artículo 71 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, vigente al día de la presentación de la queja de referencia, este Tribunal Unitario Agrario únicamente está facultado para recibir el escrito de queja y remitirlo a la entonces Contraloría Interna del Tribunal Superior Agrario para el trámite correspondiente. Así mismo, la Contraloría Interna, es la competente para llevar a cabo las notificaciones personales a las partes únicamente los Tribunales Agrarios, practicarán las notificaciones que en su caso encomiende la propia contraloría mediante comunicación por escrito, fuera de ahí no tiene ninguna otra intervención en el recurso de queja interpuesto .". En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, esto es proveyó el escrito presentado por la parte actora; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala:

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. QUE DICE: Zapopan, Jalisco, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciséis, mediante el cual remitió copia simple del oficio TSA/CI-AQ/1792/2018, suscrito por el Titular de la Contraloría Interna, así como copia certificada del auto de veinticinco de marzo pasado, relativas al expediente de origen 1157/2012, en la que se advierte que dejó insubsistente el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, y, asimismo dictó uno nuevo, donde proveyó lo respectivo al escrito presentado por la parte quejosa. Con el citado oficio y anexos, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. Por otra parte, del análisis de autos se advierte que el cinco de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional se reservó a acordar lo conducente al escrito signado por María Loreto Ramírez Cruz, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista otorgada en auto de veintisiete de marzo pasado; en esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa desahogó dicha vista, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, negó el amparo y protección a la parte quejosa a María Loreto Ramírez Cruz, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis. Consecuentemente, la parte quejosa manifestó su inconformidad con la referida determinación, interponiendo el recurso de revisión respectivo; por lo que, se remitieron los autos originales del presente juicio de amparo el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, correspondiéndole conocer por razón de turno al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, asignándole el número de revisión principal 50/2019, misma que fue resuelta el veintiocho de febrero del año en curso, de la manera siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo 1165/2018 del entonces Juzgado Primero de Distrito en Materias (sic) Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Loreto Ramírez Cruz, respecto del acto y autoridad señalados en el considerando segundo de la sentencia recurrida para los efectos precisados en el considerando último esta ejecutoria." Ahora bien, del testimonio se desprende que los efectos precisados por el Tribunal Colegiado en mención, son los siguientes: ". al resultar sustancialmente fundados los agravios, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, deje sin efectos el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, y dicte otro en el que atendiendo la manifestación del desconocimiento del número de queja administrativa, presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, provea de manera congruente su petición, en cuanto al estado procesal que guarda la queja administrativa que interpuso ante ese Tribunal Agrario." En ese sentido en proveído de once de marzo de dos mil diecinueve, se recibió el testimonio de la referida ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis remitiendo copia certificada del auto de veinticinco de marzo anterior, por medio del cual dejó sin efectos el auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho dictado en el expediente agrario 1157/2012, asimismo, dictó un nuevo auto atendiendo el escrito signado por María Loreto Ramírez Cruz, por medio del cual solicitó se girará oficio recordatorio al Tribunal Superior Agrario, a fin de que informe el seguimiento dado a la queja presentada en el expediente de origen, respondiendo a la solicitud, que mediante oficio TSA/CI-AQ/1792/2018 de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal Superior Agrario, a través de la entonces Contraloría Interna, informó el trámite que se dio a la queja Q-192/2017. De la copia simple del oficio TSA/CI-AQ/1792/2018, se advierte que la entonces Contraloría Interna, se está a la espera del informe de la Licenciada Ana María Limón Bernal, para proceder al estudio y análisis de los hechos. Además, a la solicitud de la parte actora, la autoridad responsable señaló lo siguiente: ". de conformidad con el artículo 71 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, vigente al día de la presentación de la queja de referencia, este Tribunal Unitario Agrario únicamente está facultado para recibir el escrito de queja y remitirlo a la entonces Contraloría Interna del Tribunal Superior Agrario para el trámite correspondiente. Así mismo, la Contraloría Interna, es la competente para llevar a cabo las notificaciones personales a las partes únicamente los Tribunales Agrarios, practicarán las notificaciones que en su caso encomiende la propia contraloría mediante comunicación por escrito, fuera de ahí no tiene ninguna otra intervención en el recurso de queja interpuesto .". En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, esto es proveyó el escrito presentado por la parte actora; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala:

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