María Loreto Espejel Bastida
Expediente 215/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/01/2019
Partes del expediente
- María Loreto Espejel Bastida
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de catorce de diciembre dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de catorce de diciembre dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original aportado por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero.
- Principal
Informe justificado Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Delegado en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, por medio del cual rinde su informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo el informe indicado. Domicilio y delegados En términos de los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. II. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante la cual se solicitó la devolución de documentos exhibidos dentro del procedimiento administrativo ***, seguido ante la Procuraduría Federal del Consumidor y, como consecuencia, la omisión de devolver tales documentos, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad. Las disposiciones normativas aludidas disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece su procedencia contra leyes o actos de autoridad. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia o no de la acción de amparo, debe considerarse que en el caso concreto la parte quejosa alega transgredido sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 8° y 17 constitucionales, toda vez que el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho presentó un escrito ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla , mediante el cual solicitó la devolución de los documentos originales que presentó en el procedimiento administrativo ***, seguido ante dicha Procuraduría, cuya omisión de acordar reclama en este juicio de amparo. En esos términos podría considerarse que se trata de un acto de autoridad susceptible de ser impugnado en la vía constitucional ; sin embargo, lo cierto es que dicha solicitud tiene como origen la promoción de un juicio ejecutivo mercantil, según se desprende de la solicitud de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, que la quejosa acompaña a su demanda, de la que se advierte que los documentos cuya devolución se solicitó serán exhibidos como prueba en dicho juicio que instó la quejosa contra la parte proveedora -en el procedimiento administrativo-. Es decir, la devolución de los documentos originales solicitada por la quejosa a la Procuraduría Federal del Consumidor obedece a la necesidad de exhibir dichas constancias en el juicio ejecutivo mercantil que refiere; no obstante, en términos de lo dispuesto en el artículo 1061 del Código de Comercio , si bien la parte actora debe acompañar a su escrito de demanda los documentos en que funde su acción, también lo es que la propia norma establece excepción en el caso de que carezca de ellos, por lo que los documentos que no obran en su poder y resulten necesarios para acreditar su pretensión, bastará con deberá probar haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales. Así, cuando las partes no tuvieran a su disposición los documentos en que funden sus acciones, así lo declararán ante el juez del conocimiento, quien estará en aptitud de solicitar a la autoridad ante la que se encuentran los documentos su expedición; facultad de los jueces mercantiles que se reitera en el artículo 1202 del Código de Comercio . Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1ª/J 64/2018 de contenido siguiente. "DOCUMENTOS EN EL JUICIO MERCANTIL. LA CARGA PROCESAL DE EXHIBIR LA COPIA SELLADA DE SU SOLICITUD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1061, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SÓLO SE REFIERE A LOS EXISTENTES EN ARCHIVOS, PROTOCOLOS O DEPENDENCIAS PÚBLICAS. El precepto citado prevé que en los juicios mercantiles, al primer escrito se acompañarán los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones; asimismo, establece cargas en caso de que el actor o el demandado carezca de dichos documentos por no estar en su poder, para lo cual, deben: a) anexar al escrito respectivo copia simple de la solicitud de expedición de copia certificada, sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en el que se encuentren los originales, para que a costa del solicitante se expida su certificación en la forma prevenida por la ley; o, b) manifestar bajo protesta de decir verdad las causas por las cuales no estuvieron en aptitud de anexarlos a los escritos respectivos, a efecto de que el Juez ordene, a costa del interesado, su expedición al responsable de ello. Ahora bien, del análisis sistemático del artículo 1061, fracción III, con el diverso 1062, ambos del Código de Comercio, que establece que en el caso de que se demuestre haber solicitado al protocolo, dependencia o archivo público la expedición del documento y no se expida, el Juez ordenará al jefe o director responsable que lo haga a costa del solicitante dentro del plazo de tres días y le informe al juzgador, con apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se impondrá una sanción pecuniaria hasta por los importes autorizados por la ley, que se aplicará en beneficio de la parte perjudicada, deriva que la carga procesal de exhibir la copia sellada de la solicitud de expedición de un documento del que carezca la parte que debe acompañarlo al escrito respectivo, sólo se refiere a los existentes en archivos, protocolos o dependencias públicas y no a los que estén en poder de particulares, pues el primer párrafo de la fracción III del artículo 1061 citado al prever como elemento sustituto inicial, la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, hace referencia a instituciones ante las cuales pueden solicitarse copias certificadas, lo cual denota que se alude a organismos facultados legalmente para expedir las de los documentos que obren en su poder. Además, de la exposición de motivos del decreto por el que se adicionó dicho precepto, se advierte que los documentos que el legislador tuvo en cuenta son los que estuvieran precisamente en archivos públicos, lo que excluye a los instrumentos en poder de otras personas o instituciones privadas o acervos gubernamentales sin ese carácter. De estimar que el precepto opera indistintamente cuando los documentos se encuentren en poder de organismos públicos y de particulares, podría impedir que el interesado allegue sus pruebas al proceso, pues dependería de la voluntad del particular que tiene en su poder el documento, recibir el escrito por medio del cual se hace la solicitud y bastaría que se negara a recibirlo para que impidiera al oferente de la prueba aportar la copia simple sellada de la solicitud indicada, lo que podría afectar injustificadamente las cargas probatorias en el procedimiento." Consecuentemente, en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, las partes asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones , por lo que el quejoso está en aptitud de acudir ante el Juzgado de lo Mercantil y señalar que solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor los documentos originales que pretende exhibir como medios de prueba, y que no obstante ello, no se ha dado respuesta a dicha solicitud, para que en ejercicio de sus facultades, dicho juzgador requiera a la Procuraduría aludida la devolución de los documentos que previamente le fueron solicitados. Derivado de lo anterior, debe decirse que no es factible que la parte quejosa acuda a la instancia constitucional con la pretensión de que se dé respuesta a su solicitud pues, como se estableció, el Juez de lo Mercantil tiene facultades para allegarse de las constancias que estime pertinentes para resolver el asunto sometido a su potestad, previa manifestación de la parte actora en el sentido de que no obstante de haber solicitado la documentación para fundar su acción, no ha obtenido respuesta favorable. En ese orden de ideas, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". III. Se deja sin efectos audiencia constitucional Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Estudio de la demanda de amparo Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 215/2018-V; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa: ***. Tercera interesada: ... Autoridad responsable: Delegado en Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, Armando Miguel Valerdi. Actos reclamados: La omisión de respuesta a la solicitud de la suscrita de devolución de documentos dentro del procedimiento administrativo marcado con el número PFC.PUE.B.3/001624-2016 de fecha diecisiete de octubre del dos mil dieciocho. La omisión de devolver los documentos solicitados conforme al escrito de solicitud dentro del procedimiento administrativo marcado con el número PFC.PUE.B.3/001624-2016 de fecha diecisiete de octubre del dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, de que se trata. Informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. III. Se solicitan constancias Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberá acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen los actos reclamados, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. IV. Apercibimiento Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse ciertos los actos que de ella se reclamen, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. V. Información sobre causas de improcedencia Se solicita a la autoridad responsable a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. VI. Información sobre otros juicios de amparo Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. VII. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. VIII. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que los actos reclamados no encuadran en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. IX. Intervención del Ministerio Público Adscrito Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. X. Tercera interesada El artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo establecen que tienen el carácter de tercero interesado: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario. En consecuencia, se tiene como tercera interesada a Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, en virtud de que es contraparte de la parte quejosa en el juicio de origen Por tanto, se ordena su emplazamiento, en forma personal, con copia simple de la demanda de amparo y autorizada del presente proveído, haciéndole saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene. De igual modo, requiérase a la parte tercera interesada para que en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, señale domicilio en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada, para recibir notificaciones; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. XI. Prueba. De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por admitida la documental descrita en la certificación de cuenta, así como por ofrecida la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. XII. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. XIII. Autorizados Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas autorizadas y que menciona la quejosa en su escrito de demanda. XIV. Se habilitan días y horas inhábiles Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. XV. Digitalización Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. XVI. Transparencia Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. XVII. Información reservada En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". XVIII. Documentación confidencial Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. XIX. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. XX. Existencia de las autoridades responsables con la denominación indicada En caso de que la autoridad señalada como responsable, con la denominación que se indica en la demanda no exista, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y no se les dirigirá comunicación procesal alguna; y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, lo anterior tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- María Leticia Pérez Torres505/2022
- María Leticia Pérez Torres95/2021
- María Leticia Rivera Fernández121/2018
- María Lishbet Fernández Morales936/2023
- Maria Lizbeth Toriz Cid387/2022
- María Loreto Espejel Bastida324/2019
- María Lourdes Cerda Izaguirre1679/2019
- Maria Lourdes Morales Marin1204/2022
- Maria Lucia Romero Ramirez1862/2022
- María Lucila Martínez Galarza990/2019
- Maria Lucrecia Yañez Olivares1252/2022
- María Luisa Álvarez Pelayo2357/2019